ALICANTE. El caso del supuesto fraccionamiento de contratos relacionado con cuatro actuaciones acometidas en la partida de La Alcoraya de Alicante se encarrila hacia previsible juicio. La titular del juzgado de Instrucción Número 9 que instruía las diligencias (la misma que acordó el procesamiento del exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, por el conocido como caso Comercio) ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de la causa en procedimiento abreviado al apreciar indicios de un delito de prevaricación administrativa en las decisiones acordadas por el exedil de Partidas Rurales y Fiestas, Manuel Jiménez, por el exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González, y por los dos técnicos municipales que ejercen la jefatura de servicio de esas dos áreas municipales, Eduardo García y Javier Maestre, respectivamente.
Al tiempo, la jueza acuerda el sobreseimiento para los otros dos investigados: un segundo técnico municipal adscrito a Infraestructuras y el responsable de la empresa Rehabilitaciones Grupo Leuka que ejecutó la construcción de una pérgola en la plaza Manolo Giménez Pastor de La Alcoraya en la que se concentraron las cuatro intervenciones municipales bajo sospecha: la instalación de un circuito de aparatos biosaludables, la reparación del escenario, la redacción del proyecto de una nueva pérgola y la construcción y montaje de dicha estructura. La primera de esas intervenciones salió a concurso, mientras que las tres restantes se concertaron como contratos menores, a través de la fórmula del procedimiento negociado, por la que es la administración la que solicita al menos tres presupuestos a tres empresas distintas y (por lo general) elige a la que ofrece el importe más económico (y por tanto, ventajoso para el interés público). Se da la circunstancia, además, de que la empresa Rehabilitaciones Grupo Leuka había ejecutado trabajos de reforma en el domicilio particular de Jiménez un año y medio antes, según admitió el exedil y como se deja constancia en el auto.
El auto, pendiente de previsibles recursos en el plazo de tres días, en reforma, o de cinco, en apelación ante la Audiencia, aboca a los cuatro investigados a la celebración de juicio después de que la instructora haya apreciado que concurren pruebas indiciarias suficientes del delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos apuntado en la denuncia que presentó el grupo municipal socialista a finales del mes de abril, justo después de que el exedil Jiménez compareciese en el pleno a petición propia para dar explicaciones sobre las contrataciones objeto de la polémica, antes de presentar su dimisión y renuncia al acta de concejal. Para entonces ya había comunicado su decisión de no formar parte de la candidatura del PP para las elecciones del 28 de mayo -en la que se preveía que figurase en puestos de cabeza- con la intención de no perjudicar al partido.
Tras la revisión de los expedientes de contratación y la sucesión de varias rondas de declaraciones de los investigados y testigos, la instructora concluye que al menos tres de esas contrataciones (el auto no llega a contemplar el cuarto contrato relacionado con la adjudicación de la redacción del proyecto de la pérgola) llevadas a cabo en la misma plaza de la partida rural por impulso de las dos concejalías -Partidas Rurales e Infraestructuras- formaban parte de un mismo objeto por lo que debieron ejecutarse de forma conjunta a través de un único contrato, y no mediante adjudicaciones de contratos menores concertados a través de distintos procedimientos negociados (con petición de tres presupuestos de forma directa. La jueza interpreta, así, que todo debió haber obedecido a un único proyecto, a pesar de que todos los trabajos se ejecutaron en fechas distintas en respuesta a distintas peticiones vecinales, como había venido defendiendo Jiménez en todas sus explicaciones sobre el asunto.
Sea como fuere, el auto apunta que "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público en lugar de contrato menor, dándose un fraccionamiento de contratos" y que "se concertaron directamente por el acuerdo de los concejales de Infraestructuras y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante con el acuerdo y firma de sus respectivos jefes de Servicio".
En concreto, la jueza detalla que, en la Junta de Gobierno del 24 de julio de 2021, se aprobó "un contrato de ejecución, desde la Concejalía de infraestructuras, de un circuito biosaludable por importe de 54.000 euros más IVA a través de un procedimiento de contratación abierto y cuyo objeto era la mejora del entorno" de la plaza de la partida de La Alcoraya "con la instalación de mobiliario urbano y la conexión de las tres zonas en que se divide la propiedad municipal mediante un itinerario peatonal accesible". En esas tres zonas, se incluye el escenario y la pérgola para proporcionar sombra que fueron objeto de dos actuaciones posteriores.
En segundo lugar, especifica que, cuando estaban a punto de concluir los trabajos de ese primer contrato, el 14 de diciembre de 2022, "por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana y Fiestas dirigida por el concejal Manuel Jiménez Oartíz y por orden directa de éste y firma y anuencia del Jefe de Servicio" se aprueba un informe de motivación de necesidad para contratar "la ejecución de la rehabilitación de una pérgola en la partida La Alcoraya y en la misma Plaza Manuel Giménez Pastor, a través de un contrato menor que se financia con cargo a una partida de la Concejalía de infraestructuras dirigida por el concejal José Ramón González González y con autorización de éste y del jefe de servicio de dicha concejalía", lo que vendría a contradecir la versión que ha mantenido González en todas sus explicaciones previas hasta ahora, al sostener que no tenía conocimiento directo de la actuación y que no había firmado nada al respecto.
La pérgola instalada en la plaza de La Alcoraya, objeto de la controversia. Foto: RAFA MOLINASobre ese contrato concreto, el auto añade que el decreto de adjudicación se dicta por la Concejalía de Participación ciudadana "y la aplicación presupuestaria que financia el contrato pertenece a la Concejalía de Infraestructuras" con cargo a la partida habilitada en ese área para la reposición y reparación pérgolas en la ciudad, como había indicado Jiménez en sus explicaciones públicas. Con todo, la jueza apunta que "no aparece justificado ni el carácter perentorio ni premura en la ejecución de dicha obra ni que la necesidad o conveniencia no existiera ya en el momento de ejecución del circuito biosaludable, perteneciendo ambas al mismo espacio geográfico y Plaza como lo constata el hecho de parte del circuito biosaludable discurre de manera anexa a la pérgola".
De igual modo, se abunda en que "para la ejecución de la obra de rehabilitación de dicha pérgola se presenta y aprueba un presupuesto por parte de Rehabilitaciones Grupo Leuka SL por importe de 36.677,50 euros más IVA, tasas e impuestos municipales(44.379,77 euros)". Ese contrato se concertó el 14 de diciembre y la obra termina el día 27, destaca el auto. Y, en la misma línea, añade que "en junio de 2021 se habían ejecutado por parte de Grupo Leuka SL obras en la vivienda del Sr. Jiménez por importe de 12.539,23 euros".
Al tiempo, la instructora reseña que "en la memoria del órgano gestor de contratación de las obras contenidas en el proyecto de rehabilitación de la pérgola se hace constar que no se han celebrado ni se prevé la celebración en el transcurso de un año, otros contratos cuyo objeto sea cualitativamente similar y forme parte de una unidad funcional que individualmente o en su conjunto superen la cifra del contrato menor establecida en el art. 118.1 LCSP", con lo que se habría omitido el encargo previo sobre el circuito de aparatos biosaludables.
Por último, el auto apunta que, en octubre de 2022 (por tanto, con carácter previo a la realización de la pérgola), también se tramitó la contratación de las obras de reforma y reparación en el escenario de la misma plaza a instancia de la jefatura de servicio de la Concejalía de Infraestructuras "y a petición de la Concejalía de Participación ciudadana, ante la necesidad de realizar una intervención de reparación y reforma interior y exterior con varias actuaciones con presupuesto de 37.392,23 euros".
De este modo, respecto al tipo delictivo de la prevaricación administrativa, la jueza considera que "no cabe duda de la condición de autoridad de ambos concejales y jefes de servicio; los procedimientos administrativos tramitados en tres actuaciones en el mismo ámbito geográfico y plaza coetáneos en el tiempo y que debieron ser parte de un mismo proyecto de ejecución más amplio pues formaban parte de una unidad funcional debiendo acudir al concurso público para adjudicar contratos como se hizo con el circuito biosaludable".
Por todo ello, considera que "consta indiciariamente que hubo una omisión del procedimiento correspondiente en atención a la cuantía en la suscripción de los contratos, fraccionándose sus importe en varias actuaciones, ajustadas al límite cuantitativo del contrato menor. Todo ello permite calificar indiciariamente y sin perjuicio de lo que resulte tras la práctica de la prueba en el acto del juicio oral, la actuación administrativa como arbitraria con arreglo a los parámetros que se han señalado"
Es más, recalca que "el resultado materialmente injusto se ha producido al margen de que los trabajos encargados se ejecutaran y que el precio fuera ajustado a los de mercado en atención a sus características, simplemente en cuanto que se ha beneficiado a un profesional elegido por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia. Todos los procedimientos de contratación administrativa, tanto el ordinario, como el restringido o el negociado exigen una cierta publicidad para garantizar la libre competencia". Y concluye al incidir en que "además, los motivos de urgencia no acreditados no justifican no acudir a la libre concurrencia pública legalmente exigida, que es precisamente el resultado materialmente injusto producido, en cuanto ha impedido o se ha vetado el acceso de otros profesionales capaces de llevar a cabo las mismas funciones y ejecutar las mismas obras proyectadas por el consistorio".
La noticia sobre el procesamiento de los dos exconcejales del PP no ha tardado en generar reacciones políticas por parte de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en este nuevo mandato. Así, en primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha reclamado transparencia al gobierno del PP y ha exigido al alcalde, Luis Barcala, "que dé explicaciones tras el procesamiento de dos de sus exconcejales por un presunto fraccionamiento de contrato ocurrido durante el pasado mandato". "El alcalde tiene que dar la cara, no puede seguir escondido como ha hecho hasta ahora cuando dos de sus exconcejales están procesados. Y no solo eso, sino que, además, Jiménez ha tenido un protagonismo y una actividad constante durante la campaña de las elecciones municipales gracias a Barcala", ha sostenido, a través de un comunicado.
"El grupo socialista viene denunciando que el Ayuntamiento de Alicante debe ser mucho más transparente. No puede ocultar documentación en los portales de transparencia. Hemos exigido al gobierno del PP que actúe con absoluta transparencia en los procesos de contratación, algo que echamos en falta. Ahora mismo y con este pronunciamiento es todavía más exigible", ha añadido.
Barceló ha destacado que es necesario "desterrar este tipo de prácticas del Ayuntamiento porque desprestigian a la Administración, a la política y no contribuye a que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones", ha incidido.
En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que "el caso complica la vida política del actual gobierno y especialmente del alcalde, Luis Barcala. "Es cierto que encausa a dos exconcejales del anterior gobierno, pero el máximo responsable era Barcala y tiene que dar explicaciones", ha añadido. "Qué casualidad que no los metiese en su lista. ¿Eso que significa, que tenía más información, que tiene más información que el resto?", se ha cuestionado. "Tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades; una vez más, el ayuntamiento gobernado por el PP, enmarronado y empañado por posibles corruptelas", ha concluido.
Por su parte, se da la circunstancia de que el grupo municipal de Esquerra Unida Podem también había solicitado este lunes -a través de un comunicado difundido antes de que trascendiese el auto de procesamiento de los contratos de La Alcoraya- mayor transparencia al equipo de gobierno a la hora de facilitar información y documentación reclamada por los grupos de la oposición, aunque sobre un asunto distinto: el plan director de arbolado.
En concreto, la confluencia apunta que su portavoz, Manolo Copé, solicitó el pasado 27 de julio el Plan director del arbolado al concejal y teniente de alcalde, Manuel Villar, sin que hasta la fecha haya recibido el documento al que recurrentemente aludió el concejal de Medio Ambiente en el pasado pleno de julio.
"Ante la falta de respuesta a ambos requerimientos, el grupo municipal Esquerra Unida-Podem denuncia la falta de transparencia así como el incumplimiento del reglamento del Pleno que establece: 'Cuando se trate de supuestos en que la información solicitada exija por parte de los servicios correspondientes, una labor de búsqueda de antecedentes, datos e informes que, por razones cualitativas o cuantitativas, por su complejidad o número de peticiones acumuladas, requieran un periodo de tiempo más prolongado, el máximo responsable de los mismos advertirá sobre el plazo que se precise para facilitar la información, que en ningún caso podrá superar el de treinta días'
Copé apunta que "es preciso que se atiendan los requerimientos en tiempo y forma para poder realizar la tarea de oposición en plazos razonables". El portavoz de la coalición electoral ha reclamado al ayuntamiento de Alicante, "que se pongan los medios necesarios para poder lograr más celeridad en la obtención de información. No hay democracia sin transparencia, ni transparencia sin democracia".
