Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE/Inmaculada Martínez). El mantra de que la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España se repite desde hace años, pero ¿qué argumentos hay tras esa reivindicación? ¿Qué hace que los valencianos se sientan discriminados y este sábado salgan a la calle en tres manifestaciones simultáneas en Alicante, Castelló y València?
Las respuestas se agolpan, avaladas por cifras y análisis de expertos que demuestran que esa insuficiencia financiera endémica, cuyo fin se pide en la futura reforma del sistema de financiación autonómica, genera en esta región más déficit y un mayor endeudamiento.
A preguntas de la Agencia EFE, Francisco Pérez expone cuál es la situación de la región. Es el director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y coordinador de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación nombrada por Les Corts Valencianes, que elaboró su último informe el 13 de julio de 2021.
Se sitúa en recursos de financiación por debajo de la media y no es la única, también lo están Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha; otras se encuentran cerca de la media; y en otros casos -Cantabria, La Rioja, Extremadura o Aragón- están muy por encima. Pero sí es la peor financiada: está entre 8 y 10 puntos por debajo de la media y hasta 30 puntos porcentuales por debajo de otras como Cantabria en recursos por habitante o por habitante ajustado.
Para el cumplimiento del criterio constitucional de que el lugar de residencia de los ciudadanos no condicione el nivel de acceso a los servicios del estado de bienestar, todas las comunidades deberían disponer de los recursos para prestar esos servicios que son de su competencia, pero con el actual modelo de financiación los recursos son muy desiguales.
Desde hace varios años los presupuestos de la Generalitat (los de 2022 también) incluyen una partida de ingresos "reivindicativa" de algo más de 1.300 millones de euros, que es a lo que alcanza cada año esa infrafinanciación, según los cálculos del Gobierno valenciano.
Este criterio de la población ajustada (expresión que tiene en cuenta la estructura demográfica y variables de coste de servicios como la dispersión) se basa en que los servicios públicos fundamentales son servicios a las personas y por eso considera cuántos mayores, personas en estado de necesidad y niños y jóvenes hay, y pondera cuestiones como las diferencias de coste en la prestación de servicios como la sanidad en territorios con núcleos pequeños.
Las diferencias en los recursos que reciben las comunidades son fundamentales a la hora de financiar sus competencias (sanidad, educación y servicios sociales) y, en su caso, la Comunitat Valenciana tiene que prestar los servicios como las demás pero con menos recursos.
Ante esto, las alternativas son prestar los servicios a un nivel más bajo gastando menos, o bien prestarlos gastando lo mismo y entonces faltan recursos, de lo que se deriva más déficit y más endeudamiento acumulado.
La falta de recursos genera más déficit, no por un mayor gasto sino por menores ingresos, una insuficiencia permanente y que se arrastra desde hace tiempo, con el consiguiente déficit y un mayor endeudamiento de las comunidades (la deuda de la Comunitat Valenciana asciende a 51.747 millones de euros, el 47,8 % del PIB, según el último dato de la Conselleria de Hacienda).
El problema se ha agravado en la última década en la práctica totalidad de las autonomías, que han padecido caídas de ingreso por la anterior crisis y llevan años con déficit, una situación que en una comunidad que parte de un nivel de recursos inferiores, empeora el déficit y acelera la deuda.
Agentes sociales y partidos políticos tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España reconocen que está infrafinanciada, pero mientras no se ejecute la reforma del sistema las desigualdades permanecen; por eso, la Comisión de Expertos ve razonable un fondo transitorio para paliar esas diferencias mientras llega el cambio del modelo.
Pero la propuesta de este fondo, que fue llevada por el responsable de Hacienda de la Generalitat Valenciana al Consejo de Política Fiscal y Financiera, no recibió el apoyo de la mayoría de las comunidades. El experto es claro: "Eso no quiere decir que no tuviera toda la razón. Insisto, las desigualdades siguen existiendo y no están justificadas".
Cuando se descentralizaron las competencias en las comunidades, a cada una se le dieron los recursos que el Estado gastaba en ella, con la idea de que se hacía lo mismo en todas partes, pero cuando se dispuso de los gastos, se comprobó que el Estado no tenía el mismo despliegue de servicios. Esta situación nunca se ha corregido.
¿Y qué pasa en la actualidad? Hay un fondo de garantía que distribuye por habitante ajustado, pero existen otros fondos que deshacen esa igualdad, como es el de suficiencia.
En opinión de Pérez, el sistema de financiación no es la vía para incluir el gasto asociado a la población flotante (los turistas que vienen a la Comunitat Valenciana) porque se puede calcular de forma más precisa, mediante la facturación del servicio por un precio acordado previamente, como se hace en la actualidad.
El presidente del Gobierno aseguró, en la clausura del congreso del PSPV-PSOE del pasado domingo, que la Comunitat Valenciana tendrá "recursos suficientes" hasta el cambio de modelo de financiación, un compromiso que el president de la Generalitat, Ximo Puig, califica como un paso adelante.
A pesar de las palabras de Sánchez, Puig participará en la manifestación de este sábado para pedir una financiación justa convocada en las capitales de las tres provincias de la Comunitat -a la que asistirán todos los partidos menos Vox, así como la patronal y los sindicatos- para "visibilizar el problema valenciano y la necesidad de buscar fórmulas de financiación que garanticen la igualdad entre españoles".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
