Es incuestionable que España será el país, o uno de los países de la Unión Europea que sufrirá con más rigor los devastadores efectos económicos provocados por la crisis del coronavirus. No en vano, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es el Estado de la zona euro donde en el primer trimestre de 2020 más ha caído el PIB, un 18,5%, y en junio de 2020 se alcanzaba una mayor tasa de desempleo, un 15,6%. Estos datos, no por menos esperados, dejan de ser preocupantes. Vaticinan un largo horizonte de una brutal crisis sin precedentes. Afortunadamente, Europa ha entendido que no puede mirar hacia a otro lado, y ha tomado conciencia de que ahora más que nunca es necesario para salir de esta situación la tan demandada solidaridad europea.
A este respecto, tras varios días de tensas negociaciones, que llegaron a hacer pensar en la imposibilidad de llegar a un acuerdo, en la madrugada del martes 21 de julio se alcanzó un pacto histórico que por fin consiguió vencer las reticencias de los países “frugales”. La aprobación del fondo de recuperación europeo, tal y como afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, “será visto como un momento crucial en el viaje de Europa… Esta es la magia del proyecto europeo, que va más allá de las diferencias y sensibilidades, más allá de opiniones”.
El fondo de emergencia movilizará 750.000 millones de euros, 390.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido y 360.000 millones de euros de préstamos a bajo interés. Inicialmente, España recibirá 140.000 millones de euros, más de la mitad en ayudas directas.
Después de este acuerdo, y como buenos españoles, donde lo importante no es hacer las cosas, sino que se sepa que se han hecho a bombo y platillo, fue objeto de refrendo por palmeros y zalameros. Tras su puesta en escena, el siguiente paso fue convocar el 31 de julio la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas para informar del acuerdo conseguido en Bruselas y cuales iban a ser los criterios para repartir estos fondos. Y, para que el pastel tuviera su guinda, además se quiso que participaran todos los presidentes autonómicos. Como era de esperar, los presidentes del País Vasco y Cataluña anunciaron que no asistirían. Decisión que alejaba la fotografía ansiada.
Tras arduos esfuerzos para conseguir la fotografía, únicamente se logró convencer al presidente Urkullu de que asistiera. Presencia que, como viene siendo tradicional y a pesar de la dramática situación que se está viviendo en nuestro país, no fue desinteresada y a coste cero. A cambio, el presidente del Gobierno concedió a Euskadi aumentar la senda de déficit en un 2,6% hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, e incrementar su deuda en 2.000 millones de euros. Ni que decir tiene, este acuerdo contó con la reprobación de la práctica totalidad del resto de presidentes autonómicos. En su comparecencia posterior a la Conferencia, Urkullu, apelando a la singularidad del autogobierno vasco, negó vehementemente que se recibiera un trato de favor y que se tratara de un agravio.
Apelar a la singularidad, es una justificación recurrente, completamente lícita, que ha sido utilizada por algunos partidos políticos para beneficiar de un trato diferencial a los territorios que representan. Recordemos que recientemente, fue también argumentada para confiar al País Vasco y Navarra los trámites del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Hecho que también despertó críticas.
Sin embargo, este proceder contrasta con las declaraciones previas a la Conferencia del presidente del Gobierno, quién defendía "Lo mismo que pedimos a Europa para que el mercado único no implicara una quiebra entre ricos y pobres, tenemos que hacer lo propio en el país, que no haya comunidades de primera y de segunda y nivelar con las mismas oportunidades". Pues mal se ha comenzado.
La singularidad a la que apelan ciertos territorios de España no es un hecho puntual, es el pan nuestro de cada día desde que vivimos en democracia. Pero no nos equivoquemos, el trato diferencial, más que ser consecuencia de su singularidad, es achacable a que sus votos han sido imprescindibles para que los partidos de ámbito nacional hayan podido gobernar. Todos tenemos en nuestra memoria las innumerables concesiones que han obtenido a cambio. Con estos precedentes, qué no se conseguirá a las puertas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, esta singularidad ha supuesto diferencias territoriales, y ha tenido como consecuencia que sí existan comunidades de primera, segunda y tercera categoría. Si atendemos al Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, mientras que las Comunidades Autónomas “singulares” ocupan los primeros puestos, lamentablemente, la Comunidad Valenciana se puede clasificar de tercera categoría.
Según el Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la Comunidad Valenciana lleva soportando un sistema de financiación injusto “cuyo reparto entre comunidades no sigue ni la lógica del peso poblacional ni el de las necesidades de gasto”. El Conseller ha reclamado que "en España no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, todos tenemos los mismos derechos.". "Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana no somos menos que nadie”. La Comunidad sufre un problema endémico de infrafinanciación que hace que sea la peor financiada y que le obliga a recurrir al endeudamiento para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, acumulando déficits de manera continuada. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la Comunidad Valenciana alcanzó en 2019 un déficit del 1,71% del PIB, equivalente a la infrafinanciación que sufre con respecto a la media nacional.
Aprovechando su intervención en la Asamblea General de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, hizo referencia a este sentir, volviendo a reclamar un nuevo modelo de financiación autonómico “sin el cual los residentes en la Comunidad Valenciana nos sentimos ciudadanos de segunda o incluso de tercera".
Nos encontramos ante un escenario muy preocupante. Tal y como advierte el Instituto de Investigaciones Económicas (IVIE), la Comunidad Valenciana dispondrá de “muchos menos recursos” que las comunidades favorecidas por la financiación para hacer frente a las consecuencias futuras de la COVID-19. Y si no tuviéramos suficiente, este problema de infrafinanciación se ha visto agudizado, consecuencia de la dependencia del turismo, por el desplome económico que ha castigado en mayor medida a la Comunidad Valenciana. No en vano, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comunidad experimentó una caída del 25,6% del PIB en el segundo trimestre de 2020, muy superior al 18,5% nacional. Ciertamente, no pinta nada bien.
No es una crítica a los que quieren que sus ciudadanos vivan mejor recurriendo a la singularidad. Reclamar la singularidad y olvidarnos de la pluralidad para obtener un mayor nivel de bienestar es completamente lícito. Quizás para que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana seamos de primera categoría, sea necesario aprender de los singulares, olvidándonos de lo que ocurre en el resto del país. Estamos viendo que quejarse de que somos peor tratados no sirve de nada. Si la Comunidad Valenciana hubiera contado con la suficiente representación a nivel nacional que le hubiera permitido aprovecharse de su singularidad, posiblemente otro gallo nos cantaría. Quizás sea el momento de abandonar el interés plural nacional y centrarnos en el interés singular local. Difícil elección. Como hemos podido ver en las últimas elecciones celebradas, los partidos singulares han experimentado un auge espectacular, llegando a crearse un partido con el objetivo único de defender los intereses provinciales de Teruel. Quizás, de forma similar, deberíamos contar con un partido que nos represente para defender los intereses singulares ante un trato injusto: “Comunidad Valenciana Existe”, “Alicante Existe”, y por qué no, también “Elche Existe”.
