CASTELLÓ (EP). Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición, quiere que la Fiscalía y la Abogacía del Estado exijan responsabilidades por mala praxis en los seísmos causados por el proyecto de almacenamiento de gas Castor en 2013, que desembocaron el fin de su actividad y, posteriormente, una millonaria indemnización a la concesionaria Escal UGS, propiedad de la constructora ACS.
Así lo demandan en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también piden hacer público a la mayor brevedad posible un calendario de desmantelamiento de todas las instalaciones y aprobar las medidas económicas para hacer efectivo este proceso.
En la iniciativa, Unidas Podemos recuerda que el Gobierno acordó en noviembre de 2019, hace ya casi dos años, poner fin a la hibernación de las instalaciones, desmantelarlo y abandonar definitivamente los pozos.
Sin embargo, desde entonces lamenta que no exista un calendario para el desmantelamiento definitivo de las instalaciones, no se hayan atendido las demandas ciudadanas ni revertido los espacios y terrenos ocupados y, sin embargo, todos los actores económicos y empresariales del proyecto sí hayan sido compensados.
Y es que el Gobierno de coalición aprobó el pasado 30 de diciembre de 2020 un decreto ley para abonar 1.454 millones de euros, entre indemnización e intereses, al Banco Santander, Bankia y La Caixa, que anticiparon a la concesionaria Escal UGS (propiedad mayoritariamente de ACS) tras su renuncia a continuar con el proyecto.
En 2008, en el decreto que otorga la concesión de explotación de este almacén de gas natural a Escal UGS, se recoge la compensación a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones en caso de caducidad o extinción de las instalaciones, que pasarían al Estado, con el fin de asegurar la recuperación de la inversión.
Sin embargo, apunta el grupo que forma parte del Gobierno, el propio artículo que fundamentó la mil millonaria indemnización recoge que esto no será de aplicación "en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria".
Unidas Podemos señala que, por este proyecto fallido, hay causas judiciales abiertas contra los directivos de la concesionaria en el juzgado de Vinarós y el del delito medioambiental en la Audiencia Provincial de Castellón, por las cuales diferentes plataformas de afectados esperan su resolución para iniciar demandas civiles por daños materiales y morales.
Pese a que la concesionaria comunicó al Ministerio de Industria la existencia de microseísmos, señala el grupo confederal, siguió inyectando gas colchón de forma acelerada, multiplicándose los seísmos, llegando a alcanzarse uno de 3,6 grados en la escala de Richter.
Por otra parte, el grupo confederal pide contar para el desmantelamiento con organismos científicos y medioambientales con los que asegurar cautelas necesarias en la protección y seguridad de la ciudadanía y del medioambiente, y encargar un estudio para recuperar los espacios marinos y terrestres afectados.
Finalmente, reclama restituir la totalidad de los terrenos agrícolas expropiados para canalizaciones y servidumbre a sus propietarios y aprobar ayudas para la restauración de la actividad agrícola en los terrenos.
El Congreso aprobó en la anterior legislatura efectiva impulsar una Comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas por este proyecto fallido. La disolución anticipada de las Cortes frustró los trabajos, ya que no llegó siquiera a constituirse.
Compromís y ERC retomaron esta propuesta, que fue rechazada por el PSOE y el PP y no llegó a debatirse ante el Pleno. Esta misma semana, ambos grupos han impulsado de nuevo esta investigación, con motivo del inicio del juicio a los directivos de la concesionaria.
