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instan a suspender la actividad y a rescindir la concesión

La Plataforma por un Puerto Sostenible exige medidas frente al retraso de la nave de graneles

10/10/2022 - 

ALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) reacciona a la demora sobre la entrada en funcionamiento efectivo de la terminal para el tratamiento de graneles en nave cerrada del Puerto de Alicante, cuya puesta en marcha a pleno rendimiento continúa supeditada a la ejecución de las últimas pruebas y a la incorporación de equipamiento pendiente de recepción.

En concreto, la plataforma ha expresado este lunes su "indignación" ante esa demora y ha exigido "la intervención inmediata de la Generalitat  Valenciana", además de anunciar "acciones sociales y judiciales". "Se confirma el peor pronóstico para  la ciudadanía de Alicante: los acontecimientos nos hacen dudar de las intenciones reales de la  APA y de Eiffage Infraestructuras de realizar la operativa granelera en nave cerrada como obliga la normativa vigente, y cualquier otro anuncio de nueva fecha carecerá de credibilidad".

Para la plataforma, "es evidente la burda estrategia pactada entre la APA y las empresas graneleras, a las que les resulta más rentable y barato trabajar al aire libre evitando gastos de electricidad, plantilla, etc. Recordamos que en 2018 se licitó la nave cerrada de graneles, adjudicando su construcción a Eiffage Infraestructuras, y no se iniciaron las obras hasta principios del 2020, con el objetivo de que entrara en funcionamiento a finales de 2021 o principios de 2022".

Así, el colectivo señala que "tras varias 'inauguraciones' estos últimos meses ahora se dice a la ciudadanía que se retrasa sin fecha prevista de puesta en marcha. Nadie se puede creer que después de una inversión de 14 millones de euros para su construcción, la nave no pueda ponerse en marcha porque 'no hay piezas', en concreto 'componentes tecnológicos' necesarios para un funcionamiento basado en la inteligencia artificial".

A juicio de la plataforma, "suena a tomadura de pelo, impropia de una ciudad que está promoviendo la instalación en el mismo Puerto de la sede del Distrito Digital y que pretende albergar la Agencia de Inteligencia Artificial. Ante este reconocimiento de la situación sobre la nave cerrada, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica está obligada a suspender la actividad, dado que la nave está construida, y de acuerdo a los términos recogidos en su propia resolución de Autorización: 'Excepcionalmente, y únicamente mientras dure la construcción de  la nave, se permitirá trabajar al aire libre'. Su actitud será a partir de ahora de evidente e injustificable omisión si no procede a sancionar y suspender la actividad al aire libre, forzando  con ello la puesta en marcha de la nave", incide el colectivo.

En esta línea, añade que "queremos saber la posición del Sr. alcalde ante estos hechos, qué va a hacer como miembro del Consejo del Puerto, y por qué no habló con el presidente de la APA sobre un tema tan importante y grave para la ciudadanía alicantina. Acabadas las excusas sobre los retrasos en el inicio de la operativa granelera en la nave cerrada, y reconocida ya por la empresa concesionaria la suspensión indefinida de su puesta en marcha, lo que para esta Plataforma era un hecho evidente desde hace meses, el presidente de la APA debe actuar para cesar la concesión en el muelle 17 por incumplimiento de la autorización  ambiental exigible, puesto que la existente ha quedado sin efecto".

Así, la organización formada por asociaciones vecinales y colectivos ecologistas considera que "está demostrada científicamente la toxicidad de las partículas emitidas por los graneles al aire de nuestra ciudad y que estas suponen un riesgo para la salud de las personas, y que no existen graneles sólidos pulverulentos que no sean contaminantes, todos ellos emiten partículas a la  atmósfera. Insistimos en reivindicar el derecho constitucional a la salud por encima de cualquier  interés empresarial privado por legítimo que sea, tal y como dictaminó el TSJ valenciano en su sentencia firme de enero de 2020". 

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