ALICANTE. El estudio encargado por la Diputación Provincial sobre las posibilidades de desarrollo de la llamada zona franca incluye conclusiones erróneas producto de un posible equívoco por lo que respecta a una de las ubicaciones propuestas como emplazamiento con más puntos a favor: el delimitado en ese estudio como Las Atalayas.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), subrayó este martes ante los componentes de la Junta de Gobierno que la ubicación recogida en el estudio de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) se corresponde en realidad con la zona de la Serreta y no con el polígono de Las Atalayas ni su entorno. Se trataría de la zona en la que la que el Consell llegó a proyectar la construcción de un nodo logístico en la etapa en la que Francisco Camps (PP) ocupaba el Palau de la Generalitat.
Así lo dio a conocer, al menos, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), al dar cuenta sobre las primeras valoraciones del equipo de Gobierno sobre el informe. "El edil del área nos ha transmitido que los planos que se incorporan hacen referencia en realidad a esa zona, y no a Las Atalayas", por lo que, explicó, el posible desarrollo de ese suelo para la implantación de esa hipotética zona franca no quedaría afectado por las previsiones que se manejan actualmente en el catálogo de protecciones para el entorno de Las Atalayas.
En concreto, según fuentes de Urbanismo consultadas por Alicante Plaza, la ubicación señalada en el estudio como Las Atalayas se encuentra en realidad al norte del polígono del Pla de la Vallonga, en el entorno de Fontcalent. Según las mismas fuentes, esa zona no está contemplada en el catálogo de protecciones que ahora mismo sigue en exposición al público (en su segunda fase de alegaciones) por lo que no existiría ningún hipotético conflicto de intereses entre el proyecto de la zona franca y ese documento municipal todavía en trámite.
El informe de la consultora también refleja erróneamente que el Ayuntamiento es el propietario de suelo en el entorno de la antigua fábrica de Coca-Cola
En realidad fue el propio Camps quien presentó en 2006 algunos de los detalles de ese parque logístico de la Serreta y quien concretó que se ubicaría en las proximidades del polígono industrial Pla de la Vallonga y la autovía, en el límite de los términos de Alicante y San Vicente del Raspeig.
Según publicó entonces el diario El País, al reflejar las explicaciones del expresidente, ese parque contaría "con una estación ferroviaria de mercancías dimensionada para ser uno de los eslabones básicos del corredor mediterráneo y de su enlace con Madrid, según el Consell. Para ello, albergará una playa de vías de 1,5 kilómetros de longitud conectada por el norte con la línea Alicante-Madrid y por el sur con la que se dirige a Murcia, así como con el puerto", refleja la publicación. "También dispondrá de una superficie para contenedores y de un centro que albergará las actividades de los transportistas por carretera, además de una zona terciaria", explica el artículo. Y concluye: "La superficie estará prevista en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que dedicará 4,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial para la instalación del parque".
Esa actuación no llegó a ejecutarse nunca. El Tribunal Supremo (TS) tumbó las pretensiones del Consell con una sentencia dictada en 2013, que ratificaba un pronunciamiento previo del TSJ, en la que se anulaba el plan especial de reserva de suelo tramitado por la Conselleria de Infraestructuras en 2009 y se frenaba el proceso de expropiación del suelo.
Sea como fuere, los errores advertidos por Urbanismo en el informe de PwC no quedarían ahí. Las fuentes consultadas por este diario precisaron que, al contrario de lo que refleja el estudio, el Ayuntamiento no es propietario de ninguna parcela en el sector denominado como APD-21, donde se situaban las instalaciones de la planta de Coca-Cola. En el informe se sostiene que ese suelo es de propiedad municipal.