VALÈNCIA. Perseverar en las movilizaciones para exigir la reforma del sistema de financiación autonómica o cambiar de estrategia. Esta es la disyuntiva a la que se enfrentan los impulsores de la manifestación celebrada el pasado 18 de noviembre en València para exigir una "financiación justa" para la Comunitat con la complicidad de todos los partidos de Les Corts a excepción del PP de Isabel Bonig.
Los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV, junto a la patronal autonómica CEV discrepan sobre los pasos a seguir tras esa movilización. Tampoco el PSPV y Compromís, los dos socios del Consell, están de acuerdo sobre cómo encauzar la reivindicación, sobre todo tras el limitado efecto de la protesta del 18N. Desde entonces el panorama apenas ha cambiado para la Comunitat o, en todo caso, lo ha hecho a peor al constatarse que reforma del sistema de financiación ya no llegará en los plazos prometidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), un asunto que el Gobierno central –y también el propio PP de la Comunitat– ha puesto por delante de cualquier otro asunto, tampoco invita a pensar que la reforma pueda acordarse en los próximos meses.
Así las cosas, la primera reunión del nuevo año de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación autonómica, tras la que Ximo Puig exigió a Mariano Rajoy el envío inmediato de los 1.500 millones que la Comunitat tiene que recibir este año por la liquidación definitiva del ejercicio 2016, sirvió también para comprobar que existen fisuras en la unidad de acción.
El líder de UGT-PV en la Comunitat, Ismael Saez, explicó tras la reunión que su formación está por la labor de continuar con las movilizaciones si el Gobierno central no plantea una solución en breve. "Queremos que el Consell, junto a los partidos, diga que hasta aquí hemos llegado, que el 18N sea un punto de partida", manifestó.
La postura contrasta con la que defiende CCOO-PV y, sobre todo, la CEV. Aunque el secretario general del sindicato, Arturo León, sostuvo que no descartan "ninguna posibilidad", se mostró más partidario de continuar con la tarea de "informar y concienciar" sobre el asunto. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, garantizó que la organización continuará trabajando para acabar con la "clara discriminación" que sufren los valencianos, que les hace sentir "ciudadanos de tercera".
En la reunión que mantuvieron este lunes en el seno de la comisión mixta Consell-Corts, en el que también participan todos los grupos parlamentarios de Les Corts, las universidades y la Federación de Municipios (FVMP) se debatió la manera de encauzar la reivindicación, pero sin que se concretasen propuestas. En esta suerte de reflexión colectiva se planteó la posibilidad de llevar la protesta a las calles de Madrid.
Al respecto, el presidente de la CEV sostuvo que, tras la movilización del 18N, lo que corresponde ahora es que cada uno de los colectivos implicados traslade la reivindicación a cada uno de sus respectivos foros. En el caso de la CEV, la patronal nacional CEOE.
La disparidad sobre la dirección a tomar se percibe también en la postura de los dos socios del Consell. Manolo Mata, síndic del PSPV, aseguró justo antes de entrar a la reunión que, más que de manifestarse, es tiempo de priorizar la negociación política. Mientras, su homólogo en Compromís, Fran Ferri, sí abrió la puerta a apoyar "las movilizaciones que se puedan plantear" porque su partido no acepta el "chantaje" del Gobierno central.
Ya en las semanas previas a la manifestación del pasado noviembre surgieron dudas entre los impulsores –y también en el seno del Consell– sobre la idoneidad de la iniciativa, que corría un alto riesgo de verse eclipsada por la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña. Esta circunstancia ya obligó a retrasar la protesta a noviembre para evitar interferencias.
Una vez comprobados los resultados, las dudas sobre una nueva manifestación todavía son mayores. Sobre todo por lo que supondría un eventual pinchazo en el nivel de movilización, un riesgo que sería todavía mayor si se optase por llevar la protesta a la capital.
En lo que sí existió coincidencia general fue en la sensación de que la reforma del actual sistema, caducado desde 2014, aún tendrá que esperar. A partir de las sensaciones transmitidas por los dos expertos de la Comunitat en el comité técnico para el cambio del modelo, Antonio Pérez y Rafael Beneyto, partidos, patronal y sindicatos se convencieron de que el asunto va para largo.
El diputado de Ciudadanos Toni Woodward se atrevió incluso a aventurar que 2018 tampoco será el año del cambio del modelo, habida cuenta de la falta de interés del Gobierno central que les trasladaron los dos expertos.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral