La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: EP/Juanma SerranoMADRID (EFECOM).- El Gobierno aprueba esta semana las cifras fundamentales sobre las que elaborará los presupuestos de 2025, al fijar el límite de gasto para el Estado y la senda de déficit a tres años, cifras calculadas sobre la base de un nuevo cuadro macroeconómico que mejorará la previsión de crecimiento.
Antes de que esas cifras pasen por el Consejo de Ministros del martes, el Ministerio de Hacienda se reunirá el lunes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer el déficit en el que podrán incurrir el próximo ejercicio, base para la elaboración de los presupuestos regionales.
La reunión llega en un clima de tensión después de que el Gobierno se haya abierto a considerar una financiación singular para Cataluña en el marco de la negociación para la investidura del presidente de la Generalitat.
En el orden del día se ha incluido como último punto, antes de los ruegos y preguntas, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrezca "información sobre la postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación autonómica".
Las comunidades gobernadas por el PP habían pedido al Gobierno que se posicione al respecto y que se comprometa a una negociación multilateral en el seno del CPFF.
Hacienda dice que está por la labor de abrir la negociación del sistema de financiación autonómica -pendiente desde hace una década-, pero ve difícil alcanzar acuerdos con un PP al que no ve capaz de aunar la posición de todas las autonomías en las que gobierna.
En el PSOE también hay barones disonantes, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, contrario a dar un tratamiento especial a Cataluña.
La Generalitat de Cataluña ha adelantado que la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, sí acudirá en esta ocasión al Consejo del lunes a defender la propuesta de financiación singular para salir de un régimen común de "hace 40 años" y poder tener "la llave de la caja".
En la última actualización de previsiones macroeconómicas y fiscales que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en abril, España comprometía un déficit público del 3 % del PIB a cierre de 2024 y del 2,5 % del PIB para 2025.
En cuanto al PIB, calculaba un crecimiento económico del 2 % en 2024 y del 1,9 % en 2025. El Gobierno ya ha avanzado que elevará la previsión de este año a una tasa más cercana al 2,5 %, después de que analistas privados y organismos internacionales hayan ido mejorando sus estimaciones en las últimas semanas.
El último techo de gasto aprobado fue en diciembre de 2023, una vez formado Gobierno en noviembre tras las elecciones de julio, por un importe de 199.120 millones, un 0,5 % superior al del año anterior, contando con los fondos europeos.
El Gobierno tenía la intención de contar con presupuestos para primavera de este año, pero su negociación se hizo inviable con el adelanto electoral en Cataluña, por lo que finalmente se mantuvieron prorrogados los de 2023.
El trámite presupuestario ya se había puesto cuesta arriba con el rechazo de la mayoría absoluta del PP en el Senado a la senda de déficit planteada por el Gobierno.
Esto ya no volverá a ocurrir porque el Ejecutivo ha quitado al Senado esa capacidad de veto mediante una enmienda introducida en la ley de paridad, que quedará definitivamente aprobada antes de que acabe el mes de julio, con lo que estará en vigor cuando en septiembre se sometan a la aprobación de las Cortes los nuevos objetivos de déficit público.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
