Gloria Marín, de la PAHELCHE. Esta semana la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se reunía con el Ayuntamiento después de varios meses solicitando una reunión. Tras el casi desahucio de un vecino de Arenales del Sol, paralizado, y la proyección pública del caso, el equipo de gobierno recibía a la plataforma, que transmitía una batería de medidas. Entre ellas, que el Consistorio alquile viviendas a grandes tenedores, como fondos de inversión, para después subrogar esos contratos a vecinos en forma de alquiler social. Según señalan desde la plataforma, hubo receptividad en varias propuestas.
Como apuntaba la portavoz Gloria Marín, se trasladó la solicitud de un incremento de las ayudas de alquiler, "porque el año pasado no se gastó todo". Apuntando a que son insuficientes porque pueden ayudar a pagar atrasos, "pero una vez que tienes un mes sin pagar, te pueden echar". Desde la plataforma consideran que hace falta otro tipo de ayuda, al igual que con las de emergencias y suministros, "tardan mucho y son bajas".
En materia de acceso a la vivienda también pidieron que se declarase la Zona Tensionada, como han pedido desde Compromís, algo que ya se rechazó, y en ello incidió la PAH. "En algunas zonas donde se han aplicado han bajado un poco, pero se niegan".
Sí encontraron más receptividad en ejecutar el derecho de tanteo y retracto que aprobó el Botànic y que sigue instaurado en la Generalitat. El Ayuntamiento tiene consignados 150.000 euros para ello, a juicio de la PAH "muy poco, aunque es un primer paso". Explicaba Marín que el Ayuntamiento no se niega a modificar el presupuesto y poder ampliarlo más adelante. "Además es más barato y son viviendas que ya están en los barrios donde hace falta". Asimismo, a día de hoy la administración local tan solo cuenta con una docena de viviendas públicas de titularidad municipal para situaciones de emergencia. Algunas de ellas vienen de acuerdos con la Sareb.
En otra medida donde la plataforma vio que se dejaba una puerta abierta es en lo que llaman el programa 'LlogAR', que viene de alquiler y de administración. Es una propuesta de las PAH valencianas, a semejanza de una medida similar catalana. Con ella, el Ayuntamiento alquilaría viviendas de los fondos o grandes tenedores para luego subrogarlas a la ciudadanía con alquiler social. "Puede ir aliviando la situación". Aunque apuntaba Marín que ya en su día la conselleria de Vivienda lo rechazó. "Pero el Ayuntamiento lo puede hacer".
Y en general, pidieron al Ejecutivo local que se implique más en la mediación municipal. "Que si llega desahucio no dejen a la gente tirada, primero que se negocie un alquiler social, y si no hay alternativa, que se evite el desahucio o dé una alternativa". Desde la PAH valoran que el caso de Antonio Perea fue de lo más positivo de la reunión. "El Ayuntamiento va a mediar para que logre un alquiler social. Y si no buscarían algún plan B, no le van a dejar tirado".
La plataforma recuerda que el año pasado hubo 150 desahucios en Elche, al menos un centenar de alquiler, más que de hipoteca. "En torno al 60% son alquileres, menos del 40% de hipotecas, y ya un 2% de otros, que pueden ser ocupaciones". Por ahora, la PAH se queda con que hay bastantes puntos de posible acuerdo, en otros no. Y en el compromiso de reuniones periódicas.
Por último, recuerdan que el 31 de diciembre se acaba el escudo social, el último límite para que no se pueda desahuciar a familias vulnerables. Aunque a priori confían en que el próximo lunes se prorrogue. La plataforma pide mejoras, como planes de vivienda y que se desligue el decreto de vulnerabilidad de situaciones como decretos por la covid o la guerra de Ucrania. "A veces permite a los jueces denegar el escudo social por este motivo". Y piden a Servicios Sociales que agilice estas declaraciones para que gente que lo necesita pueda acogerse a esta medida. A día de hoy, hay 270 casos amparados en Elche en el escudo social.
