ALICANTE. La declaración del Estado de Alarma con motivo de la crisis del coronavirus vuelve a generar otro contratiempo sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para este ejercicio que retrasará todavía más su entrada en vigor. La planificación económica aprobada en un pleno telemático este lunes queda afectada por la suspensión de los plazos administrativos que se regula en ese decreto dictado por el Gobierno central, en la medida en que no comenzará a contabilizarse el plazo para presentar alegaciones hasta que se levante la situación de confinamiento general. Así queda recogido de manera expresa en el acuerdo de aprobación publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este miércoles en el trámite de exposición al público.
¿Cuál es la consecuencia concreta? Que el plazo de 15 días que resulta habitual para la presentación de objeciones por parte de cualquier interesado no comenzará a contabilizarse hasta que no se revoque la declaración del Estado de Alarma. En principio, esa situación permanece en vigor hasta después de Semana Santa. Pero podría volver a prorrogarse en el caso de que no remita la proliferación de contagios.
Por lo pronto, con las condiciones actuales, esa suspensión de los plazos para alegar supone ya un primer retraso en la aplicación de las previsiones contempladas en las cuentas. Esa demora podría ampliarse en el supuesto de que, en efecto, lleguen a presentarse alegaciones. Los técnicos municipales de la Concejalía de Hacienda deberán tramitarlas y elevar una propuesta de resolución que tendrá que volver a ser debatida en el pleno.
En consecuencia, el bipartito compuesto por PP y Cs puede quedar expuesto a una espera de cerca de otros mes adicional para comenzar a ejecutar su presupuesto. En ese caso, el plazo para darle cumplimiento a sus previsiones arrancaría como muy pronto en mayo, con solo seis meses efectivos (descontado el periodo vacacional de agosto).
Fuentes municipales han precisado, no obstante, que el objetivo del equipo de Gobierno era tener el presupuesto preparado para poderlo aplicar en el momento en el que se supere la situación de alerta sanitaria. En esta línea, han apuntado que la suspensión del plazo para alegar no afecta a la licitación o posible ejecución de ninguna obra, puesto que la actividad de la construcción también está paralizada.
Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha incidido en el retraso en la entrada en vigor del presupuesto. Su portavoz, Natxo Bellido, ha lamentado que "la incapacidad del bipartito de derechas de haber aprobado en tiempo y forma los presupuestos municipales, como si han hecho la mayoría de Ayuntamientos como València o Elx, va a retrasar ahora la puesta en funcionamiento de los nuevos presupuestos municipales y principalmente de las necesarias modificaciones presupuestarias que necesita para ser útiles ante la nueva situación de crisis sanitaria y socioeconómica en la que estamos inmersos". Así, ha añadido que "la incapacidad de Barcala la vamos a pagar cara en Alicante y nos va a dejar en peores condiciones como ciudad para responder al descomunal reto al que nos enfrentamos desde las administraciones públicas".