Otro frente para el PSOE: las alegaciones y el interventor frenan la lluvia de obras de 22 millones

ALICANTE. No sólo se antoja compleja la negociación del presupuesto de 2018; también lo está siendo ya la puesta en marcha de las llamadas inversiones sostenibles. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, formado ahora por seis concejales del PSOE tras la renuncia de Guanyar y Compromís a sus delegaciones, se ve forzado a solucionar otra dificultad añadida para poder sacar a concurso antes de que finalice este año la batería de proyectos municipales que se acordaron el pasado mes de julio. Se trata de obras por una suma global de 23 millones de euros que se debían costear con el remanente de crédito (dinero no gastado) de los presupuestos de 2016 entre las que se incluía la plaza ajardinada de Benalúa, la peatonalización de la avenida de la Constitución y calle Bailén o la prolongación de la calle Isla Corfú. Si esas obras no se adjudican antes de 2018, su presupuesto deberá destinarse obligatoriamente a amortizar deuda. 

Fuentes municipales confirmaron a Alicante Plaza que la licitación de la mayoría de esos trabajos se encuentra en estos momentos bloqueada por dos circunstancias diferentes. En primer lugar, las alegaciones presentadas por el sindicato CCOO a las modificaciones de crédito en las que se amparaba su desarrollo. En realidad, la mayor parte de esas obras -prácticamente todas- quedaban recogidas en la segunda modificación de crédito del presupuesto de este año, aprobada en julio, contra la que el sindicato presentó un primer paquete de objeciones. PSOE, Guanyar y Compromís desestimaron esas alegaciones en septiembre. Pero, después, se ha promovido una tercera y una cuarta modificación de crédito (esta última, ya con el PSOE como único partido en el poder) en las que también se incluyen movimientos de partidas para ejecutar algunas de esas obras municipales: fundamentalmente, las que tienen que ver con los proyectos solicitados por los ciudadanos a través de las Juntas de Distrito. 

CCOO también ha alegado contra esos dos cambios presupuestarios al no compartir la propuesta de redistribución de fondos por una exclusión que el sindicato considera determinante: la incorporación de crédito necesario para complementar las retribuciones de los 170 jóvenes contratados en el Ayuntamiento a través del programa Avalem, impulsado por el Servef. La desigualdad en esos emolumentos respecto a los que perciben el resto de trabajadores municipales ha llevado a CCOO a presentar, incluso, una denuncia ante la Inspección de Trabajo (de la que el equipo de Gobierno asegura no tener constancia). 

El PSOE desestimó precisamente este lunes, en comisión informativa de Hacienda, las alegaciones de CCOO contra la tercera modificación de crédito, aprobada el 19 de octubre. Con ese acuerdo, se planteaba destinar el ahorro generado en las obras de rehabilitación de la Casa de la Festa (1,2 millones) y los ingresos del fondo complementario de financiación y de la cesión de rendimientos de impuestos estatales por otros 2,1 "a la atención de las necesidades de las áreas más pertinentes como Urbanismo; Tráfico, Transportes y Movilidad; Cultura y Deportes". La propuesta del PSOE de rechazo a las objeciones de CCOO se fundamentó en que la modificación de crédito no afecta al área de Recursos Humanos. La propia edil de Hacienda, Sofía Morales, detalló a través de un comunicado que "ni el segundo expediente ni en el tercero, ni en el cuarto, que se encuentra en exposición a la ciudadanía, se han usado créditos de Recursos Humanos, y por lo tanto seguimos sin comprender por qué se presentan alegaciones a expedientes que lo único que buscan es mejoras para la ciudadanía sin menoscabar el dinero necesario para los salarios del Ayuntamiento".  "No vamos a utilizar de ninguna manera, en ninguna modificación de crédito el dinero ahorrado en Recursos Humanos", insistió.

El dictamen favorable prosperó con el único voto a favor del PSOE. PP, Cs, Compromís y Guanyar se abstuvieron. La plataforma electoral que lidera EU, además, registró un escrito dirigido al alcalde, Gabriel Echávarri, en el que solicita que ordene la emisión de dos informes jurídicos sobre la procedencia de la desestimación de las alegaciones (uno a la Asesoría Jurídica Municipal y otro a la Secretaria de Pleno) para que el jueves se pueda contar con ellos en el pleno ordinario de noviembre. Hasta el momento, no está garantizado que las alegaciones queden desestimadas cuando se sometan a votación en esa sesión: el PSOE necesita reunir más votos a favor que en contra. 

El segundo problema que está retrasando la licitación de las inversiones sostenibles deriva de la supervisión de los técnicos municipales. Fuentes del equipo de Gobierno confirmaron que el interventor municipal está devolviendo gran parte de los expedientes para que se subsanen antes de que salgan a licitación, tras advertir imprecisiones, omisiones o deficiencias en la redacción de sus proyectos. Según las mismas fuentes, se trataría de "algo normal" que se estaría corrigiendo ahora. 

Lo cierto es que, antes de que se aprobase el paquete de esas inversiones sostenibles, el interventor municipal ya había recriminado al tripartito la falta de concreción de algunos de los proyectos en cuestiones como los plazos de ejecución o el objeto de las obras en sí mismas. El PP utilizó esa advertencia del alto funcionario para criticar la labor del equipo de Gobierno y el tripartito defendió que su propuesta incluía los datos que resultaban necesarios. Fuentes municipales precisaron, además, que todos los proyectos están ya redactados y tramitados con el correspondiente informe de sostenibilidad. La cuestión es que, al margen de algunas actuaciones puntuales, el grueso de las obras no se ha sacado a concurso. Por lo pronto, el PSOE sí prevé aprobar este martes en Junta de Gobierno el proyecto de reurbanización del barrio de Divina Pastora -una de las actuaciones previstas en ese paquete de obras municipales- que había retirado del orden del día la semana pasada tras alegar desconocimiento sobre los términos de la propuesta.