Ortiz y Ramírez consideran más interesante invertir en el equipo que acudir a la subasta

ALICANTE. No les sentó nada bien que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) fijara (tasación de experto independiente mediante) un precio de salida de 600.000 euros para la subasta, nada menos que el doble de la suma que aseguraban haber pactado con él y, aunque la han disimulado con mayor o menor fortuna, ante la finalización inminente del plazo de presentación de ofertas su opinión se ha revelado en inocultable.

Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez consideran desproporcionado el precio mínimo exigido por el IVF para hacerse con unas acciones que "no valen nada", el 15,07% de los títulos del Hércules un club en causa legal de disolución, y el derecho de crédito de 15,4 millones de euros que el IVF mantiene contra la Fundación, un ente al borde de la liquidación, sin capacidad de pago.

Lo anterior, unido a que de haber finalmente un adjudicatario, como hemos venido explicando estos días en Alicante Plaza, no se convertiría en propietario del Hércules si no que seguiría siéndolo la Fundación (un ente que controla Ortiz desde 2010 y con el que el ganador de la subasta, de haberlo y no ser la sociedad formada por el constructor y Ramírez, habría de pleitear para lograr la ejecución del embargo que pesa sobre sus acciones, el 72,69% del capital social del club), ambos empresarios apuestan por no acudir a la subasta y reservar su dinero para inyectarlo en en club que, ahora mismo, necesita una aportación extra de un millón de euros para funcionar sin sobresaltos durante el curso 2017/18. 

Así, salvo que a nivel político alguien les convenza de que resulta 'más interesante' mantener otra postura ante la subasta, Ortiz y Ramírez no presentarán oferta alguna este martes, día en el que finaliza (a las 15 horas) el plazo para hacerlo.

Si finalmente la subasta queda desierta (los mencionados condicionantes que hemos venidos desgranando en Alicante Plaza estos días e incluso otras cuestiones como la no inclusión del Rico Pérez en el lote a subastar, han desincentivado la concurrencia de terceros), el banco del Consell estudiaría la convocatoria de una segunda en la que el precio de salida sería inferior en un 15%; el director genera del IVF, Manuel Illueca así lo precisaba a este medio días atrás, al tiempo que calificaba como lógicas las quejas por el elevado precio de salida fijado pero no por las razones que Ortiz y Ramírez esgrimen si no porque estos, como cualquier otro inversor, va a querer siempre desembolsar lo menos posible.

Nuevos interrogantes

El que Ortiz y Ramírez no pujen finalmente, que no vayan a ser los ganadores de la subasta, pondrá de manera automática un gran interrogante junto a la lista de cuestiones pendientes de resolver que afectan a la supervivencia del Hércules; para empezar, qué ocurrirá con la deuda que mantiene el club con una Agencia Tributaria que a cambio de un nuevo aplazamiento exige unas garantías que los empresarios se habían comprometido a aportar pero siempre y cuando fueran dueños de las acciones. También, si los acreedores ordinarios que han de adherirse a la propuesta de modificación del convenio de acreedores presentada en mayo, seguirán esperando que el club cierre un aplazamiento con el fisco o alguno optará por solicitar la liquidación forzosa (no olvidemos que se les debían haber liquidado 1,3 millones el pasado 30 de junio, cosa que no se hizo).