ALICANTE. El controvertido empresario Enrique Ortiz (procesado en los casos Gürtel y Brugal) acomete una reorganización de una de las múltiples divisiones de negocio de sus empresas: la explotación de los aparcamientos. Dos de los estacionamientos públicos que gestiona en régimen de concesión en la ciudad de Alicante, los situados en Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba, están en pleno trámite de cambio de gestor desde finales del pasado mes de diciembre, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el traspaso de la concesión que mantenía la firma Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA desde 2003 para pasar a manos de Aralcayna SL, otra de las sociedades del Grupo Cívica, también administrada por el conocido promotor. Esta nueva sociedad gestora se constituyó en 2007 para dedicarse a los servicios técnicos de arquitectura.
En función del acuerdo aprobado por el equipo de Gobierno, del PP, el Ayuntamiento debe proceder a la devolución de la fianza depositada por Ortiz en el momento en el que asumió la concesión, por un montante de 850.000 euros. En principio, se trataría de un simple formalismo administrativo, ya que, tras ese acto, el nuevo gestor, Aralcayna, debe volver a ingresar en las arcas municipales esa misma cantidad como aval.
El contrato de esos dos estacionamientos (en realidad, el concurso preveía la construcción de un tercero en la avenida Padre Esplá que no llegó a construirse) fue adjudicado bajo el mandato del popular Luis Díaz Alperi. Dicho acuerdo fue especialmente polémico después de que los grupos políticos que ejercían labores de oposición advirtiesen sobre la existencia de irregularidades en el proceso, después de que se autorizase el pago de sobrecostes en la ejecución de las obras. De hecho, la adjudicación llegó a quedar bajo el escrutinio de los juzgados, a instancias de la propia Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia presentada por un particular (el dirigente vecinal José Luis Valdés) pero las diligencias seguidas en su momento frente al propio Díaz Alperi, acabaron archivándose en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
En cualquier caso, el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha incidido en las dudas que, a su juicio, suscita el acuerdo de traspaso de la concesión. "No terminamos de entender las razones por las que la empresa de Enrique Ortiz, Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA, que en 2003 resultó adjudicataria del polémico contrato para construir y explotar en concesión tres aparcamientos subterráneos en la ciudad, de los que sólo se construyeron dos (López de Osaba y Catedrático Soler), ha solicitado y obtenido del Ayuntamiento una cesión de dicho contrato a otra empresa del entramado societario de Ortiz, Aralcayna SL".
Guanyar se cuestiona por qué en el traspaso de la concesión no se ha eliminado el tercer estacionamiento que no se construyó
Según Pavón, en virtud de lo aprobado por la Junta de Gobierno local el pasado 28 de diciembre "Ortiz va a recuperar casi 850.000 euros de las garantías que ha ido depositando en el Ayuntamiento para a la vez depositar esa misma cantidad en concepto de garantía como supuesto nuevo adjudicatario del contrato. Una extraña cesión detrás de la que no sabemos si se esconde alguna operación contable para sanear balances utilizando al Ayuntamiento y sus contratos o si simplemente se trata de quitar de enmedio la marca "mala" asociada a Ortiz como financiador ilegal confeso del PP en el caso Gürtel o como presunto corruptor urbanístico en el caso Brugal, o ambas cosas a la vez", ha añadido.
En esta línea, ha avanzado que "vamos a pedir el expediente completo de esta cesión para estudiarlo en detalle". Por último, ha recalcado que "no entendemos que del contrato no se haya excluido el aparcamiento de Padre Esplá, en el barrio del Pla, ya que en principio el PP en su momento pareció haber decidido que no se construyera ante la enorme presión de los vecinos del Pla para que ese aparcamiento no se hiciera. Pero la cesión habla de los tres aparcamientos, incluido el de Padre Esplá. Ahora era la ocasión de quitar de una vez ese aparcamiento del contrato, pero el minigobierno de Barcala no ha movido ni un dedo en ese sentido", ha concluido.