La Estación de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA.El empresario Miguel Carratalá defenderá los derechos de la mercantil del alicantino para legalizar la situación de las instalaciones frente al Ayuntamiento
BENIDORM. El pleno de Benidorm celebrado este lunes aprobó una propuesta de Alcaldía por la cual se aceptaba la designación de Miguel Carratalá Fernández como la figura de representación de la mercantil Estación de Autobuses de Benidorm SL en la Comisión Paritaria. Es decir, la empresa del alicantino Enrique Ortiz defenderá sus intereses a través de su mano derecha y a la vez cuñado, con la "curiosidad" de que se trata de un empresario que también está imputado en el caso Brugal acusado de fraude.
La propuesta, a petición de la propia empresa, salió adelante con los votos del PP y C's, mientras que el resto de grupos se abstuvieron. Si bien es cierto que esta comisión no se reúne desde hace algo más de un año, -se creó en 2014- tiene relevancia puesto que se trata de un órgano para negociar el desbloqueo de la legalización de las instalaciones. Con esta designación, se da por constituida de nuevo la comisión.
Además, la situación en la que se encuentra en la actualidad la estación de autobuses también fue centro del debate. Así, recordaron al PP que aún no se ha resuelto ningún tipo de sanción al empresario, entre ellos, la portavoz de los Liberales, Gema Amor. Aunque la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, indicó que ya está abierto el expediente y que está en fase de que lo reciba y pueda recurrirlo, si se diera el caso.
Por su parte, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, resaltó la premura con la que se está resolviendo una de las peticiones del empresario mientras que para sancionarle o tasar La Estación, los tiempos se alargan a ojos del edil.
El pleno de Benidorm además sirvió para un acto reivindicativo por parte de Ciudadanos. Los concejales manifestaron su disconformidad con el decreto de plurilingüismo promovido por el conseller de Educación, Vicent Marzà. Y como forma de protesta votaron en contra de las mociones de Compromís, la intención era hacerlo también con las de PSOE, pero no pudieron porque la única que llevaron a pleno la retiraron.
Así, aunque no tuviera nada que ver con el decreto que querían denunciar, votaron en contra de las mociones para crear un catálogo de árboles monumentales y medidas en favor de las personas celíacas. Este peculiar gesto hizo que a pesar de votar en contra de las propuestas, dieran su apoyo a las enmiendas del PP que presentaron a ambas mociones. Un voto a favor que hizo que se incluyeran, ya que de lo contrario, no habrían salido adelante.
Por lo tanto, Ciudadanos consiguió que las enmiendas del PP se incluyeran en las mociones que minutos después sabía que iban a votar en contra. Un desaguisado que después sus concejales trataron de explicar, diciendo que ellos estaban a favor de las mociones, de ahí que quisieran que salieran adelante.
En cuanto al resto de puntos, y siguiendo con Educación, aprobaron que el Ayuntamiento de Benidorm solicite a la Conselleria de Educación la creación de nuevas unidades de párvulos de dos años en los colegios del barrio Foietes de cara al curso escolar 2017/2018. La moción elevada al pleno por el alcalde, Toni Pérez, que también tiene asumidas las competencias de Educación, recoge lo expresado por el Consejo Escolar Municipal el pasado mes de diciembre.
La mayoría de concejales aprobó iniciar los trámites para liquidar el actual contrato de explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para proceder después a su licitación mediante concurso abierto, haciendo coincidir la duración del nuevo contrato con la creación de una empresa mixta. Contó con los votos a favor de toda la corporación salvo Compromís-Los Verdes y Ciudadanos.
El concejal de Aguas, José Ramón González de Zárate, indicó que la liquidación practicada por los técnicos municipales da un saldo favorable al Ayuntamiento de 6.164,24 euros, y ha añadido que para licitar el nuevo contrato de gestión habrá que contar con el compromiso previo de financiación de la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR). Así, cumplen con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) de 2014 que anulaba la prórroga aprobada por el entonces gobierno socialista de 2010 y que obligaba a sacar a concurso este contrato, una vez amortizadas las inversiones hechas por la empresa concesionaria.
De otro lado, y por la vía de urgencia, aprobaron por unanimidad una propuesta de Ciudadanos por Benidorm (CBM) para que el yacimiento arqueológico del Tossal de La Cala sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Peor suerte corrió la moción de Liberales que no prosperó la urgencia para que, en el plazo de un mes, se resolviera la adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento de parques y jardines, cuyo contrato lleva caducado desde septiembre de 2015.
