ALICANTE. "Si muevo el estadio, me matan", declaraba Enrique Ortiz este miércoles en el trascurso del juicio sobre el presunto amaño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) que se celebra en la Audiencia Provincial.
Durante el interrogatorio por parte del Fiscal, el constructor no solo negó la existencia de cualquier tipo de componenda en relación con el ya tristemente famoso Plan de Reforma Interior (PRI) del estadio José Rico Pérez (uno sobre los que gira esta pieza separada del caso Brugal), sino especialmente también que se pudiese hablar del mismo en términos de "operación especulativa". Es decir, que escondiera una operación urbanística consistente en la recalificación del suelo que ocupa la instalación desde hace 45 años para poder construir viviendas y zonas comerciales en su lugar, al tiempo que erigir un nuevo estadio en las afueras de la ciudad (en el polígono de Rabasa).
Ortiz recordaba que a través de Aligestión Integral (una mercantil hoy en liquidación) concurrió a la subasta convocada por el Ayuntamiento de Alicante, aunque lo hacía de una manera muy particular. "Solo nos presentamos nosotros, el Hércules, a través de Aligestión", decía el que es desde hace 20 años uno de los accionistas de referencia del club y que en 2007 y a cambio de 7,8 millones de euros se hizo con la propiedad del estadio utilizando la citada mercantil como vehículo: el Rico Pérez, escenario entre otros del primer gol de Diego Armando Maradona en un Campeonato del Mundo (el de España 82), había sido vendido por el Hércules al consistorio alicantino en 1994, por 5,4 millones de euros; una compraventa que permitió al club blanquiazul poner a cero su deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social (se había quedado fuera de los sucesivos planes de saneamiento con los que el fútbol español trataba de reducir su deuda con la Administración). Por aquel entonces el Hércules todavía no era una Sociedad Anónima Deportiva y tampoco mantenía vinculación alguna con Enrique Ortiz al que, como él mismo declaraba este miércoles, nunca le ha gustado el fútbol: "Para mí el Hércules es un tema social; lo compré y lo sigo manteniendo después de que me he gastado más de 60 millones... y no me gusta el fútbol, me gusta el Hércules", decía el empresario.
El consistorio enajenó el estadio a Aligestión Integral a cambio de 7,8 millones de euros y la obligación de invertir en el mismo otros 4,2 "porque estaba que se caía", decía este miércoles el constructor. El problema es que, según recordaba también Ortiz, "vimos que esa cantidad era insuficiente". Es en ese momento en el que nace el conocido como PRI del Rico Pérez: varios arquitectos de prestigio internacional fueron invitados por Aligestión (aunque las facturas emitidas por esos gabinetes de arquitectura se le giraron al club, tal y como quedó constatado en el concurso de acreedores iniciado en 2011) a presentar proyectos para la reforma del estadio. "Entonces se nos dijo que era un plan muy importante que tenía que meterse en el Plan General (...) después llegaron informes técnicos y se lo cargaron; sacaron el proyecto del PGOU y el PRI se quedó muerto", declaraba el empresario este miércoles.
A preguntas del Fiscal, Ortiz reconocía que había llamado a la exalcaldesa Sonia Castedo en alguna ocasión para tratar de que se atendiesen las peticiones que formulaban los arquitectos redactores de ese PRI, pero "cuando el proyecto ya era público": "No ha habido proyecto más público en la historia de esta ciudad que el del Rico Pérez", señalaba el empresario que insistía en que nunca hubo una operación especulativa como tal (de trasladarlo a otro emplazamiento: "Si muevo el estadio me matan", exclamaba) y sí la voluntad de aprovechar las plusvalías que generase (se contemplaba una nueva zona comercial aneja a la instalación) para contar con "un estadio de cinco estrellas" como en otras grandes ciudades como València o Elche. "Se cargaron el PRI con informes en contra" (esa nueva zona comercial generó una fuerte oposición de diferentes sectores como las asociaciones de comerciantes), insistía Ortiz.
Además, el constructor llegaba a manifestar que, si bien la obligación contraída por Aligestión era la de invertir 4,2 millones de euros en la reforma, finalmente los trabajos desarrollados en el verano de 2010 costaron 8.000.0000 euros, una inversión que calificaba como "a fondo perdido". El asunto no deja de tener su miga porque, sin ir más lejos, el anterior gobierno municipal, el tripartito formado por PSOE, Compromís y Esquerra Unida, llegó a poner en seria duda que se invirtieran incluso los 4,2 millones que recogían las bases.
El estadio vuelve a manos públicas pero continúa la polémica
A principios de 2017, en el marco del proceso de liquidación de Aligestión Integral tutelado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), titular del 85% de la deuda de la mercantil, se hizo con la propiedad del Rico Pérez al adjudicarse la subasta de sus bienes y derechos a cambio de 3.750.000 euros. El precio de salida de la misma era de 14.748.871,36 euros, pues se subastaba la instalación y un paquete de acciones del Hércules que entonces representaba el 15% del capital social.
El problema es que, una vez el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante confirmó que el IVF era el nuevo propietario, este y el administrador concursal (y liquidador) de Aligestión, Miguel Hernández, se encontraron con que no anulaba el contrato de arrendamiento suscrito en 2007 por la mercantil con el Hércules (este arrendaba la instalación por 25 años a cambio del pago anual de una suma equivalente al 7% de sus ingresos brutos por ejercicio), pese a que en las bases se contemplaba que era una subasta libre de cargas.
El asunto se encuentra desde entonces 'sub iudice', pendiente de la celebración de un juicio ante la Audiencia Provincial. Mientras, el club hace uso 'en precario' de la instalación.
