ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo han sellado este martes un convenio de colaboración entre las dos administraciones para impulsar proyectos empresariales declarados como prioritarios en el marco de la LEY 19/2018, de 13 de julio, de la Generalitat Valenciana. El objetivo de este convenio es impulsar e incentivar la apuesta de proyectos empresariales catalogados como prioritarios y reducir el tiempo de su tramitación. Para ello, a través de su evaluación deben reunir requisitos indispensables como la sostenibilidad medioambiental, social, la invocación y el desarrollo tecnológico.
El convenio lo ha rubricado el alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana, y el conseller, Rafael Climent. Les acompañaban desde la administración local el edil de Industria, Víctor Bernabéu y la edil de Grandes Proyectos, Sabina-Goretti Galindo, y desde Valencia, la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra.
El concejal de Industria ha destacado que con este acuerdo “damos un paso importante para facilitar la inversión y la creación de empleo en el municipio de Orihuela”, ya que la firma de este convenio supone “reducir a la mitad la tramitación de los proyectos empresariales declarados como prioritarios, según lo previsto en la ley de aceleración de la inversión de la Generalitat Valenciana”.
Bascuñana ha enfatizado que “trabajamos para apoyar la demanda empresarial que se encuentra con muchas dificultades, y este acuerdo supone un importante avance para muchos emprendedores”. En este sentido, el regidor oriolano ha insistido en que “es una iniciativa deseada y esperamos que pronto dé los frutos esperados y las empresas se interesen y decidan ubicar sus empresas en Orihuela”.
La principal ciudad de la comarca y una de las más importantes de la provincia atraviesa un problema de disponibilidad de suelo industrial. En 2019 se le unió otro factor condicionante. Las inundaciones provocadas por la Dana de septiembre de ese año evidenciaron la vulnerabilidad del polígono Puente Alto. Desde el equipo de gobierno se está avanzando en los pasos para la creación de un área para industria no pesada –Zona 12- al otro lado de la vía ferroviaria a la altura de la estación intermodal. También está en marcha la creación de un parque empresarial cuya evaluación ambiental, según Bascuñana, se encuentra tramitando la Conselleria de Agricultura.
El objetivo de la ley sobre la que basa este convenio es acelerar la inversión a través de la colaboración entre administraciones y así ofrecer soluciones para la puesta en marcha de una actividad empresarial o reinversión empresarial. En el marco de esta ley se crea el Punto de Aceleración a la Inversión donde tiene un papel fundamental la figura de una comisión permanente de inversiones. Este Punto de Aceleración tendrá la función de actuar como punto de entrada de las solicitudes y la documentación necesaria para todos aquellos trámites administrativos que la empresa haya de realizar para poner en marcha los proyectos que cumplan con una serie de criterios. También mantendrá un contacto permanente con la persona o entidad impulsora del proyecto.
Se identificará a través de unos criterios basados en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como la innovación, el desarrollo tecnológico, el importe de la inversión y la generación de empleo. Los proyectos considerados como prioritarios tendrán una tramitación preferente y urgente, estipulando una reducción del 50 % de los plazos administrativos para la tramitación de proyectos. De este modo el fin es incentivar y fomentar la inversión y creación de empleo.
Para que un proyecto sea considerado como prioritario, según recoge la legislación que regula esta herramienta, “deberá aportar a la Comunitat Valenciana un valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, desarrollo y vertebración territorial, generación de empleo, recuperación y fomento de sectores tradicionales”. También a aquellos donde claramente haya una protección medioambiental, promocione la inclusión social, la igualdad y la conciliación en el ámbito laboral. Para justificar estos criterios se hará a través de un informe detallado de las medidas que la empresa vaya a instaurar junto a una declaración responsable para implantarlo y a lo largo de un periodo no inferior a tres años.
Además, los proyectos deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos en materia de inversión: que se generen diez o más puestos de trabajo con contrato indefinido a jornada completa o que implique una inversión en activos fijos –excluyendo los inmobiliarios- por un importe igual o superior a 600.000 euros.
Desde el momento en el que se recepcione la solicitud por parte de una empresa en el Punto de Aceletación a la Inversión, el IVACE tendrá un máximo de 10 días para revisar y valorar si el proyecto reúne los requisitos para obtener la calificación de prioritario. Una vez obtenidos, el expediente para su tramitación, siempre siguiendo la legislación, se antepondrá a los otros y de este modo cumplir con ese plazo de reducir a la mitad ese plazo corriente de tramitación.
Una de las figuras fundamentales en todo el procedimiento será la comisión permanente de inversiones como órgano técnico de coordinación y asistencia de los proyectos y la comisión técnica de inversiones, integradas por representantes de los departamentos de la Generalitat que tengan competencias en el proyecto que se evalúa, representantes del IVACE y también de la administración local.
En cuanto al plazo de vigencia del convenio se fija en un año –a partir de su firma- pero se prorrogará de forma automática por periodos anuales hasta un máximo de cuatro. Para mediar denuncia del convenio deberá hacerse con una antelación mínima de dos meses a su fecha de finalización.