Orihuela tendrá que informar al Consell dos veces al mes de sus avances con el centro de emergencias

ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela tiene en su tejado desde el 18 de febrero la tarea y competencia para empezar a dar forma a proyecto para el centro de emergencias. El Consell delegó las competencias en el equipo de gobierno oriolano sentando unas bases para controlar el plan de construcción de la instalación. Hoy solo queda en el litoral oriolano el esqueleto de una obra sin concluir y, si todo va como lo previsto, antes del 15 de diciembre de 2020 se erigirá el nuevo centro. Una de esas condiciones es que el Ayuntamiento de Orihuela tendrá que dar cuenta cada quince días al Consell de los avances en los trámites de la obra, como forma de fiscalizar que el proyecto sigue un buen curso.   

De momento, el Consistorio oriolano tiene que dar luz verde a la aprobación de esta delegación de competencias a través del Pleno. Desde el equipo de gobierno ya han anunciado un primer paso, y es que el 12 de marzo se realizará la comisión informativa para que, previsiblemente, en el próximo Pleno se apruebe este trámite para la ejecución de las obras. 

En el plan caben, de momento, las instalaciones de unos 4.700 metros para Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y serán una base de coordinación de actuaciones de emergencia para el Sur de la provincia. En el sótano habría un aparcamiento, celdas, una zona de control y un gimnasio. La planta baja tendría un área de atención al público, oficinas, vestuarios, dormitorios y comedor. En el exterior se instalará un helipuerto.

El Consell financia la obra por 2.238.000 euros, el importe máximo posible y con la condición de que la obra se acabe antes del 15 diciembre de 2020. Una fecha, que ya adelantó Alicante Plaza en otoño. Las condiciones para ello son varias, tras la aceptación en Pleno. De los más de dos millones se destinará para la obra 2.195.000 euros y unos 42.500 euros para la dirección de obra, seguridad y salud. 

El Ayuntamiento debe licitar, adjudicar y ejecutar las obras aprobando las certificaciones de las labores y los honorarios según la ley de Contratos del Sector Público entre otras normativas. Además, el Ayuntamiento renuncia a reclamar más cantidad económica que supere los más de dos millones previstos por el Consell. 

El gobierno autonómico podrá recabar en cualquier momento información sobre la gestión municipal del proyecto, enviar comisionados y establecer los criterios y peticiones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Dentro de la fiscalización del Consell, dos veces al mes se facilitará por escrito información de los avances del plan cada quince días. Y es que, el incumplimiento llevará consigo la pérdida de los 2.238.000 millones de euros y el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo de las obligaciones económicas y jurídicas.

El gobierno local debe acreditar a lo largo del plan, primero, la aprobación del proyecto y su replanteo. Tras la contratación y adjudicación a la empresa designada, la aprobación de expedientes de contratación de las obras y las resoluciones o acuerdos municipales de adjudicación de los contratos. Para la fase de ejecución el Ayuntamiento tiene que enviar a comprobación del replanteo supeditado a personal técnico del Consell, que será citado para ello, así como la recepción de la obra con las mismas condiciones. 

Reclamaciones

Precisamente, en el pasado Pleno ordinario, vecinos de Orihuela Costa se acercaron a preguntar al alcalde por el estado de los trámites y se le contestó que estaban a la espera de resolver las competencias. No obstante, el documento de delegación de competencias ya estaba escrito, según afirman desde el grupo socialista de Orihuela en un comunicado que llevaron a cabo ayer. 

Desde el Gobierno autonómico son conscientes de la dilación en el proceso del Centro de Emergencias. Así, los motivos por los que apuestan por ampliar el plazo hasta 2020 para las obras incluidas en el plan especial  según explican desde el área de Presidencia, son fruto de la complejidad jurídica inherente a la ejecución de las obras.  

Y es que, la ejecución de las labores, que comenzó en 2009, fue paralizada por la quiebra de la empresa constructora hasta la pasada crisis y son causas no imputables a la administración, según afirman desde el Consell. Esta circunstancia, unida a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos el pasado 9 de marzo, que obligó a redactar nuevos pliegos ajustados a la norma, así como la tramitación de expedientes de modificación presupuestaria para poder incorporar los créditos necesarios para continuar con las obras paralizadas, son los motivos por los que la administración autonómica ha decidido ampliar el plazo de las obras, que deberán ejecutarse, previsiblemente, si no hay modificaciones, antes de diciembre de 2020.