Orihuela, ciudad autónoma

No le ha temblado el pulso a Inés Arrimadas a la hora de expulsar de Cs al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Eduardo de Castro, envuelto en una investigación (imputación) judicial por prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Hacía tiempo que un partido político no ejecutaba de manera tan contundente su código ético, un código que tienen casi todos los partidos: los imputados, fuera de la política. Otra cosa, y otro debate, es el rédito político que va a sacar de todo esto la presidenta de la formación naranja, inmersa en la polarizada campaña madrileña donde se lo juegan todo. Hay que salvar al soldado Edmundo Bal, como pregona El Español, pero si el soldado Bal se queda en el 4,99% de los votos, Cs se quedará fuera del mapa político madrileño y, por extensión, fuera del mapa político nacional.

El gesto de Arrimadas es en cualquier caso muy singular, y plausible. Nada que ver con el gélido mutis del PSOE con la sentencia judicial que restituye al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tras la cacicada de Grande Marlaska, que lo destituyó ilegalmente. No es una comparación odiosa, más bien al contrario: es una comparación necesaria y profiláctica. Por cierto, el nepotismo también es corrupción.

Sigamos con el bingo de las comparaciones. El alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, acaba de ser imputado por haber estado cobrando un sueldo de asesor de la Conselleria de Sanidad, de 2007 a 2013, sin que haya constancia alguna, de momento, de que desempeñara ningún trabajo. 200.000 euros por no hacer nada, salvo que se demuestre lo contrario. Presunta malversación de fondos públicos. El PP ha ventilado el asunto con la apertura de un expediente informativo firmado por el coordinador provincial Juan Francisco Pérez Llorca, es decir, firmado por el presidente provincial, Carlos Mazón.

 Objetivamente: ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el presidente de Ceuta y el alcalde de Orihuela? Ninguna, salvo que alguien quiera jugar a la cuadratura del círculo. Ceuta es una ciudad autónoma y Orihuela no, aunque, quién sabe, tal vez lleve camino de ello: Luis Fernando Cartagena es quien puso la primera piedra, allá por el año de la picor. La tibieza del PP chirría. Del mismo modo que chirría la actitud de Cs en Orihuela (socio necesario del grupo de Gobierno) donde de momento han reaccionado poniéndose de perfil: José Aix es capaz de tumbarle unos presupuestos al PP, de pedir la dimisión del concejal de Sanidad, José Galiano (PP), por saltarse la fila de la vacunación-Covid, pero dice que hay que esperar al juicio y ser prudentes en la imputación del alcalde. ¿Y la doctrina Arrimadas? Bien, gracias.

Comparaciones no odiosas. Tras semanas de intenso forcejeo, Ximo Puig forzó en abril de 2018 la dimisión del entonces alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por dos pecados judiciales donde figuraba como imputado: por fraccionar contratos en una campaña navideña en promoción del comercio, y por echar a la calle a una funcionaria interina del área de Cultura cuñada de Luis Barcala. La tiró como venganza personal como él mismo explicó con todo lujo de detalles en su cuenta de facebook: “Pueden más los motivos del corazón que los de la razón”. Resultaría odioso comparar la gravedad el pecado de Bascuñana con la de Echávarri (léase con ironía), aunque la sustancia jurídica es similar. Puig fue contundente. Mazón, no. Digo Mazón, digo Teodoro García Egea.

Pueden consolarse los populares con los trapicheos del hermanísimo del presidente de la Generalitat, Francis Puig, y su cártel audiovisual para hacerse con los contratos de la televisión autonómica, asunto que se ha resuelto por la vía administrativa con una sanción de casi 17.000 euros por parte de la Comisión de la Defensa de la Competencia. O con un asesor de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, concejal de Calpe, por no pedir la compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía y fijar su sede laboral ante el Colegio de Abogados en la mismísima Diputación. Pueden consolarse con muchas cosas. Pero lo de Bascuñana tiene muy escaso consuelo.

Resumen de la semana. Los alcaldes son jefes de personal y tienen competencia exclusiva para destituir al personal de confianza (más allá de un pacto caballeroso de que no se suelen meter con asesores de otros grupos). Y eso es lo que ejecutó hace un mes el regidor de San Vicente, el socialista Jesús Villar, con la jefa de Prensa, Ana Belén López, que es además secretaria general de Juventudes Socialistas de dicho municipio. La afectada acaba de recurrir su despido y ha equiparado lo suyo con el caso Pérez Cobos, disparando por elevación estratosférica; aunque esto es lo de menos. Ana Belén, jaleada por los concejales socialistas críticos, y apadrinada por el ya ex portavoz José Luis Lorenzo, viene a admitir que Grande Marlaska, su camarada ministro, ha incurrido en una cacicada de tomo y lomo con el coronel. Falta que la legión crítica a Villar envíe una carta a Pedro Sánchez, bien a Moncloa, bien a Ferraz, explicando la comparación. Digo Sánchez, digo José Luis Ábalos, que es el que se ocupa de estas cosas. Dicho de otro modo: si Lorenzo fuera diputado en el Congreso, votaría junto al PP, Vox y Cs en la iniciativa que han presentado los naranjas para reprobar al ministro de Interior y pedir su destitución. Qué locura: lo de San Vicente.