Oposiciones bajo sospecha

ALICANTE. Las oposiciones a policía local del ayuntamiento de Alicante, recientemente celebradas, están levantando una polvareda de padre y muy señor mío. La cosa empezó siendo una serie de dimes y diretes en mentideros y tertulias, pues parecía el típico cotilleo que no iba a pasar de ahí. Las malas lenguas acusaban de nepotismo a la cúpula del cuerpo de policía local, del que dependía el proceso selectivo. No se entendía que, si había motivos para sospechar de la falta de limpieza de la oposición, no acudieran a denunciarlo a los juzgados los interesados, pero por fin ya ha ocurrido. Veremos ahora lo que opinan los tribunales, pues no es posible cargarse por meras sospechas una oposición, en la que el proceso ha concluido y en la que han aprobado unos determinados individuos, mientras no se acuerde por vía judicial declarar nulo el proceso, en su caso, por aplicación del más elemental principio de seguridad jurídica.

Hay quien comentaba la desazón e impotencia de los opositores que no habían conseguido plaza ante lo que creían una injusticia, decían, causada por no tener ellos padrino. Hace unos días me preguntaron en una tertulia mi opinión y dije que, si había motivo para ello, las denuncias se tendrían que interponer ante el juzgado de guardia, no ante los medios de comunicación, aunque fuera esta una forma útil de sacar el problema a la luz. Alguien comentó que los opositores temían cerrarse puertas a futuro si denunciaban lo ocurrido, aunque todavía no sabemos bien lo que, en su caso, haya pasado.

 Sin negarles a los medios de comunicación su papel fundamental en la democracia, la investigación de determinadas irregularidades y su encuadre en algún tipo delictivo, si es procedente, ha de recaer en la autoridad judicial. Los investigados en el ámbito penal tienen derecho a la defensa y a poder aportar pruebas para ello, en un proceso con las debidas garantías. Capítulo aparte lo constituye la infracción que haya podido cometer el que ha revelado la lista de los posibles infractores, relacionados con su correspondiente padrino, lo que con toda seguridad puede haber vulnerado las disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal, sin hablar de que además podría ser constitutiva de otros delitos. Todo este embrollo es lo que se podría llamar una patata caliente en toda regla. No querría estar en la piel del concejal de seguridad ciudadana en estos momentos ni, si me apuran, en la del alcalde, Luis Barcala. Justo ahora que aparecía como uno de los integrantes de la guardia de corps del flamante nuevo presidente del Partido Popular, este lío mayúsculo, que no creo que la comisión de investigación sea capaz de aclarar, puede ser un tropiezo inesperado en su camino hacia otros posibles destinos allende nuestra ciudad. Esperemos poder aclarar pronto si hay motivo para tanto revuelo, pero ya sabemos que por lo general las cosas de palacio van despacio.

Insisto en no negar a los medios de comunicación su papel fundamental como garantes de la libertad de expresión y la investigación independiente, en cualquier asunto con trascendencia para el conjunto de la ciudadanía -investigación todo lo independiente que puede ser la que realizan los medios, cuyo funcionamiento depende de la publicidad privada e institucional. Pese a ello, son imprescindibles para garantizar una mínima transparencia informativa, que es principio básico de la democracia.

En todo caso vivimos tiempos convulsos también en este aspecto, y la sospecha de corrupción y el nepotismo que ensombrece nuestras instituciones es de una enorme gravedad. En estos mismos días, el alcalde de Madrid anda que no le llega la camisa al cuello con las bárbaras comisiones que el amigo de su primo y el guaperas del Medina se llevaron en momentos convulsos gracias a unas mascarillas carísimas, a la par que, según parece, inservibles, en plena pandemia. Ya saben que hay gente para todo, y que hasta de las desgracias ajenas siempre hay quien hace negocio y se aprovecha. Esperamos que se depuren responsabilidades.