Las naves que albergaron la planta de producción de Altadis en Alicante hasta 2010. Foto: RAFA MOLINAEl Grupo Baraka, fundado por el controvertido empresario oriolano, compró a la tabacalera las naves de su antigua planta en Alicante a finales de 2016. Ya ha cerrado un preacuerdo de alquiler por 20 años con la cadena de ropa deportiva
ALICANTE. La operación que, salvo imprevistos, permitirá volver a dar uso a la antigua planta de producción de Altadis en Alicante suma un nuevo protagonista: el controvertido empresario de Orihuela, Trinitario Casanova. El Grupo Baraka, fundado y liderado por Casanova, es el actual propietario de las naves que la tabacalera dio por desmanteladas en 2010, dos años después de anunciar el cierre y traslado de su centro de producción, tras alegar la necesidad de acometer una reestructuración organizativa. Y es ese holding empresarial (Baraka) el que tiene cerrado ahora un preacuerdo con la cadena especializada en la distribución de ropa deportiva, Sprinter, para alquilar por un plazo de 20 años esas instalaciones prácticamente recién adquiridas.
Los términos económicos del acuerdo de compra entre Baraka y Altadis no han trascendido. Como indicio, sólo existe constancia del desembolso que Altadis llegó a realizar en la construcción de esas naves, en el año 2002, y que, en buena lógica, habría podido tratar de recuperar al menos parcialmente para acabar de completar una operación especialmente ventajosa. En aquel momento, esas instalaciones se presentaron como las más modernas del grupo Altadis, con una inversión de 40 millones de euros para la fabricación anual de 15.000 millones de cigarrillos Ducados, Gauloises, Habanos, Sombra, Boncalo, Partagás y Davidoff.
Se da la circunstancia de que para acometer la construcción de esa planta, Altadis había cerrado dos años antes una operación de permuta con el Ayuntamiento de Alicante que garantizaba la continuidad de su fábrica en la ciudad. En virtud de esa operación, el Ayuntamiento asumía la titularidad de las antiguas instalaciones de Altadis de la calle Sevilla (hoy reconvertidas en el Centro Cultural Las Cigarreras) a cambio de la entrega a la tabacalera de cinco parcelas de suelo edificable tasadas en más de 18 millones de euros, una suma que ya se consideró entonces por encima del valor de la antigua fábrica.
Sea como fuere, al margen del precio, Alicante Plaza sí pudo precisar que la transacción entre Altadis y Baraka se cerró (y se trasladó a escritura pública) a finales de 2016, después de varios meses de negociación que arrancaron en primavera. Sólo un mes después de la firma de ese contrato, el imperio de Casanova ya había concertado un alquiler con Sprinter. Como publicó este diario, la cadena alicantina ahora asentada en Elche impulsa un macrocentro logístico en el que poder clasificar, organizar y distribuir sus productos hasta sus más de cien puntos de venta, repartidos por toda España.
Sprinter requería unas instalaciones de gran tamaño para poder mover más de 300.000 cajas. Y la antigua planta de Altadis cumple ese requisito: está situada en una parcela de 146.000 metros cuadrados en la que la distribuidora de ropa deportiva planea incluso la construcción de un anexo al edificio actual. Todo, a expensas de que el Ayuntamiento de Alicante certifique que en la regulación urbanística que rige en el polígono no existe ningún tipo de impedimento para llevar a cabo ese proyecto. Al parecer, esa confirmación podría llegar a comunicarse a finales de este mes, siempre que Sprinter resuelva algunas especificaciones técnicas de su propuesta.
El Grupo Baraka está especializado en completar grandes transacciones inmobiliarias y en sacarles rédito a corto plazo. Una de sus últimas operaciones de mayor impacto, el pasado verano, fue la compra del emblemático Edificio España, en el centro de Madrid, al grupo chino Wanda. Baraka pagó por él 272 millones de euros con la aspiración de duplicar su valor después de acometer una reforma integral (exterior e interior) en la que se debe respetar la fisonomía de la fachada.
Hasta el propio grupo Wanda le asignaba ese valor de tasación (unos 532 millones) una vez completada la restauración. En sus declaraciones ante los medios posteriores a la compra, Casanova sostuvo que "el edificio prácticamente se quedará como estaba. Más limpio, más bonito, restaurado, pero estéticamente será igual".
Y como en todo gran grupo empresarial, su líder también es protagonista en primera persona por diversas circunstancias. En el caso de Casanova, por haber sido investigado en relación a un presunto fraude a Hacienda de seis millones de euros y por haber sido condenado a un año de cárcel por alterar el valor de las acciones del Banco Popular, en 2008.
