Mónica Oltra, este viernes en la rueda de prensa tras el pleno del Consell. Foto: EP/JORGE GILVALÈNCIA. Mónica Oltra piensa que la justicia se equivoca. Hasta el momento, han sido cinco los pronunciamientos críticos con la actuación de la Generalitat a la hora de gestionar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Pero la vicepresidenta del Consell piensa que ninguno de ellos está sustentado en la realidad. Y así lo manifestó ella misma este viernes.
La primera en señalar los fallos del Gobierno valenciano fue la Fiscalía, que investigó desde el inicio lo ocurrido. Durante la repetición del juicio a Luis Ramírez en marzo de 2021 ya habló con claridad. "Nadie creyó a la víctima, se dice que es muy mentirosa, se la trata de tal forma que se tiene hasta una actitud hostil hacia ella. Falló quien debía protegerla. La Conselleria tenía la tutela y falló", remarcó la representante del Ministerio Público, quien defendió que la Generalitat tendría que haber sido parte en la causa como responsable civil subsidiaria.
Posteriormente, llegó la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenaba al exmarido de Oltra y que dedicó varios párrafos a una tesis similar a la de la Fiscalía con un tono bastante elevado. Para la Sala, los informes aportados por la Conselleria a la causa demostraban una "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima" pese a estar elaborados "por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla". De hecho, tampoco entendía el porqué de dichos informes "cuando el asunto estaba siendo investigado por un juzgado de Instrucción". Ni tampoco "por qué no se acude a Fiscalía de Menores para impetrar la protección de la menor, practicándose, por contra, una 'instrucción' paralela por personal de la Conselleria con toma de declaraciones a testigos e incluso práctica de una pericial no se sabe con qué objeto ni de forma contradictoria".
Los magistrados reprocharon que "sólo las personas ajenas" al ámbito de Igualdad dotan de credibilidad el relato de la menor, "en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Conselleria que trataron a la joven se la niegan". Algo que, en su opinión, se evidenciaba desde la "inicial percepción (consigna en realidad) de que la menor es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta".
En septiembre de 2021 se conoció el tercer pronunciamiento judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmó la condena y volvió a incidir en la responsabilidad del Ejecutivo autonómico. En la sentencia admitía que no podía eludir la manera en la que en este procedimiento se habían confrontado los informes periciales del Instituto Espill –encargado por la Generalitat– y el del Instituto de Medicina Legal. El primero sostenía que el relato de la menor era "poco creíble" y le podían mover "intereses espurios", mientras que el segundo decía todo lo contrario y le otorgaba total credibilidad. El TSJCV concluyó que ofrecía "mayor garantía de imparcialidad" el del IML por "su adscripción a la clínica médico-forense, sin vinculación por tanto a la Conselleria a la que le incumbía velar por la integridad de la menor".
Así, llegaba a exponer la "reservas" que le suscitaba el informe de Espill por estar realizado "por su propio procedimiento", completamente al margen del judicial, "cuando la Conselleria era plenamente consciente de que la cuestión se había judicializado". El TSJCV tampoco desaprovechaba la oportunidad de hacer constar que coincidía "plenamente" con las conclusiones de la Audiencia en las que expresaba que los informes que encargó Igualdad podrían estar animados por un interés de "exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat".
El cuarto pronunciamiento judicial fue el del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que inició una investigación tras la denuncia de la exdirigente de Vox Cristina Seguí precisamente por todas las conclusiones anteriores. El pasado abril, tras indagar en las responsabilidades de hasta 13 funcionarios de la Conselleria, elevó una exposición razonada al TSJCV para que investigara a Oltra al ser aforada.
En el escrito manifestó que existían "indicios racionales, serios y fundados" de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos. También afirmó que "no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". Algo en lo que "el beneficiario directo" era el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat. Del mismo modo, afeó la carencia de cualquier protocolo para proceder en supuestos tan graves como el abuso sexual continuado de una niña tutelada.
El quinto pronunciamiento completo se conoció este jueves. La Fiscalía de la Comunitat Valenciana, en un escrito especialmente duro dirigido al TSJCV, acusaba a Oltra de un "plan preestablecido" para ocultar los abusos. Los tres posibles delitos que podría haber cometido de acuerdo con el Ministerio Público son prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El motivo es que sostiene que existió, por su parte, "una directriz de ocultar los hechos y, cuando salieron a la luz, una finalidad de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad". Así, habla de una "orden verbal" de la vicepresidenta del Consell, superior jerárquica de todos los funcionarios investigados, y dirigida a ellos para que "actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor".
"Todos los funcionarios investigados participaron. Supieron de los abusos, pero ninguno denunció. Incumplieron su obligación legal de cuidar, proteger y proporcionar asistencia a la menor. Estos incumplimientos fueron dolosos, voluntarios y sin base, justificación, móvil o pretexto. Y el colofón final fue que cuando por fin la Fiscalía denunció los abusos y se inició el correspondiente procedimiento penal, fue entonces cuando se confeccionó el expediente informativo con la finalidad de desvirtuar la versión de la menor", indica el Ministerio Público.
El sexto pronunciamiento tardará probablemente poco en llegar, y es el del TSJCV, que decidirá si es competente para asumir la causa que afecta a Oltra y si la imputa. Los magistrados ya se encuentran en deliberación.
Esta serie de opiniones supone que ya hayan sido varios magistrados y fiscales los que comparten tesis similares. Pero para Oltra todas ellas son equivocadas, según comentó este viernes públicamente: "No me planteo dimitir y menos después de leer el informe de la Fiscalía. No ha cambiado nada".
La también consellera de Igualdad remarcó que las acusaciones se deben sustentar "sobre hechos, evidencias y pruebas, no sobre conjeturas ni elucubraciones". Razón por la que criticó el informe del Ministerio Público al cuestionar la "profesionalidad" de 13 personas y creer que, "cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez" para protegerla a ella.
En este sentido, la vicepresidenta del Consell se refería a un párrafo concreto del escrito de la Fiscalía en el que señala que es "imposible que funcionarios de tan diversa categoría y naturaleza, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales, mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio el sentido de la orden verbal evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en Derecho".
"Vamos a traducirlo", manifestó Oltra tras leerlo en rueda de prensa: "Aquí lo que se está diciendo es que 13 personas han mentido al juez para protegerme a mí. La directora de un centro religioso, una funcionaria psicóloga, una técnico jurídica, la directora de la territorial de Castellón que ni participó en la elaboración del expediente, ni nada de nada. Ni estaba allí. Yo no sé lo que vota esta gente, yo no sé lo que piensa esta gente, si les caigo bien o si les caigo mal, o si comparten el proyecto político del Botànic. No lo sé y además me da igual".
"Lo que sí sé es que algunas llevan 20 años al servicio de la Administración y se está cuestionando su profesionalidad. Si para la Fiscalía la verdad de 13 personas es imposible, este país tiene un problema. Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema. Tiene un problema de defensa democrática", defendió la portavoz del Consell.
Oltra destacó que su línea roja es "la verdad". "Y la verdad es que ninguna de los 13 funcionarios investigados ni yo hemos hecho nada ilícito ni deshonesto. Coincido con la Fiscalía en que es imposible que todos se equivoquen. Pero la conclusión debe ser distinta. En lugar de pensar que hay una gran conspiración qué tal si concluimos lo más sencillo, que es que no se equivocaron", apuntó.
Al margen de lo manifestado a los medios, la situación, profundamente incómoda para el Gobierno autonómico, está constantemente presente. Máxime cuando se ve muy cerca la imputación de la vicepresidenta. Desde Compromís aseguran que no esperan "nada" y que "en este momento" no tiene intención de marcharse. "No queremos que se sienta obligada a irse, pero tampoco a quedarse", comentan. Algunas fuentes admiten que cuentan con 'plan B' –en algunos círculos se menciona al diputado nacional Joan Baldoví–, pero hacen hincapié en que "Mónica no es cualquiera en Compromís". Otros, directamente, descartan el 'plan Baldoví'.
En este sentido, y ante tentaciones –o deseos– del PSPV de que renuncie, fuentes de la coalición avisan de dos factores. Uno, que la situación de fortaleza o debilidad de este partido puede estar marcada por el resultado de las elecciones andaluzas. Y dos, que "Oltra tampoco es cualquiera para los socialistas" porque "sin ella no hay Botànic". Así, aseguran que ni el presidente de la Generalitat ni nadie de su equipo ha trasladado a la consellera de Igualdad que reflexione sobre su permanencia. Es más, hay quien menciona un episodio sucedido en el pleno de este viernes en el que el titular de Hacienda, Arcadi España (PSPV) tuvo un gesto de cariño hacia Oltra.
