La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra y el presidente de la Diputación, en la visita del pasado mes de marzo. Foto EFEALICANTE. Diez meses después, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y la vicepresenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se volverán a ver este martes las caras en el Palacio Provincial con el objetivo de desencallar cuestiones de la Política Social que incumben a ambas instituciones. Fundamentalmente, establecer estrategias comunes, como una política socia coordinada, como la que actualmente ya funciona con las diputaciones de Valencia y Castellón y que pasa por un acuerdo a tres bandas para construir nuevos sociales allí donde hay más necesidad de este tipo de infraestructuras, bien porque no se han construido en los últimos años, bien porque están alejados de los grandes núcleos de población.
Así, el acuerdo establece que los ayuntamientos cedan suelo o una instalación para que se convierta en un centro social; la diputación suma la construcción, en caso de que sea nuevo, y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se encargará de dotar a los espacios de personal, mobiliario y material técnico que necesite. Según destacan desde de la Generalitat, ese acuerdo ya funciona con las diputaciones de Valencia y Castellón, y esperan que la Diputación de Alicante se acabe sumando.
En el último y único encuentro, Sánchez y Oltra coincidieron en mucas cuestiones y dejaron alguna en el aire. La más importante, qué sucede con las competencias impropias que tiene y financia la Diputación, pero que debería asumir la Generalitat íntegramente. Se trata del Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y la teleasistencia, que ahora presta y financia la Diputación de Alicante con 25 millones de euros al año. En su momento, el PP pretendía que fuera el Gobierno valenciano quién lo pague, aunque la gestión se mantuviera en Alicante.
Ese encuentro coincidió en plena tensión entre el Gobierno valenciano y la institución provincial: estaba en vigor el primer decreto de plurilingüismo, que había recurrido ante el TSJ el gabinete de César Sánchez; seguía el debate de la negativa de la Diputación de Alicante a acceder al Fondo de Cooperación de la Generalitat, y persistía la resaca de los decretos de coordinados, anulados por el TSJ. Ahora, el ambiente será otro.
La otra cuestión que deberá despejarse este martes es cómo se aplica la norma de política social de 1997, que fija que los municipios con menos de 10.000 habitantes sea asumidos por la Diputación de Alicante, y los de más, por la Generalitat Valenciana. En su momento, se fijó una mesa técnica de Servicios Sociales, pero desconoce cuáles han sido los avances, si es que los ha habido.
