ALICANTE. Con el objetivo de recuperar la comodidad y la complicidad que exhibieron el pasado 27 de marzo, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha vuelto a solicitar una reunión, a través de una carta, al presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, para trasladarle la creación de un espacio de diálogo y cooperación interinstitucional, con la constitución de una Mesa Técnica de Coordinación y Cooperación Social Generalitat-Diputación de Alicante.
Esa cuestión fue acordada en la última y única reunión que han mantenido ambos dirigentes, el pasado marzo, y los objetivos de esa mesa de coordinación deben ser, a juicio del Consell, tratar sobre la regularización de los servicios y programas que en materia social actualmente desarrollan cada institución de acuerdo con la distribución competencial (de cada una prevista en el ordenamiento jurídico de 2013 y la de 1997, que regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como marcos legales).
Así, lo que pretende el departamento de Oltra es que se consensue la planificación de futuras actuaciones en materia social en colaboración entre una y otra institución. De esta manera, el primer objetivo de esa mesa sería un análisis detallado de las problemáticas administrativas, económicas, técnicas y sociales que afectan la coordinación en el ámbito social entre la Generalitat y las Diputaciones. La ley del 1997 viene a establecer que la política social de los municipios con menos de 10.000 habitantes sea asumidos por la Diputación de Alicante, y los de más, por la Generalitat Valenciana.
La mesa técnica estaría formada los máximos representantes de los servicios sociales de ambas instituciones (secretarios autonómicos y subsecretario por parte de la Conselleria y los diputados competentes en la materia por parte de Diputación), y representantes de los funcionarios de ambas instituciones.
La petición de la reunión se produce después de que la propia Diputación de Alicante y la Agencia Valenciana de Turismo hayan roto el deshielo que existía entre ambas instituciones después de que el TSJ anulara el decreto de coordinación en materia turística. En esa reunión, celebrada el pasado jueves, tanto Sánchez como Francesc Colomer se mostraron dispuestos a establecer vías de colaboración. Y lo que se busca entre la Diputación y la Conselleria de Bienestar Social es el mismo objetivo, como quedó patente en la reunión de marzo. En la palabras de Oltra, el decreto de Servicios Sociales busca que las diputaciones se encuentren cómodas en su relación con la Generalitat y que las políticas se apliquen de manera coordinada.
Sobre la mesa volverán aparecer cuestiones que se arrastran desde el inicio del mandato, como el futuro de las competencias impropias y la gestión de instalaciones como el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y la teleasistencia, que ahora presta y financia la Diputación de Alicante con 25 millones de euros al año. El PP quiere que sea el Gobierno valenciano quién lo pague, pues le corresponderían por cuestión de competencias. Esa mesa bilateral técnica debe resolver esa cuestión.