La vicepresidenta insiste en la vía del diálogo con la Diputación y aprovecha su visita para poner en valor las estrategias de la Generalitat con el fin de coordinar la gestión de las ayudas a municipios, la prestación de servicios sociales o la cooperación entre poblaciones próximas
ALICANTE. No hubo encuentro conciliador entre administraciones, pero sí visita institucional con pretendido efecto amplificador. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, trató de sacar este lunes todo el jugo posible a su presencia en la ciudad de Alicante -comprometida desde el mes de diciembre, tras cuadrar agendas con el presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez- y no dejó pasar la oportunidad para poner en valor gran parte de la agenda política del Govern del Botànic. Sobre todo, por lo que respecta a su vertiente más social, la parcela que queda bajo su competencia como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Tras mantener una reunión informativa con el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), con el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y con el portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), sobre proyectos transversales (según fuentes municipales, la reurbanización de las Cigarreras, el Plan General Estructural o el Plan de Inclusión Social) en fase de elaboración, la líderesa de Compromís protagonizó una larga comparecencia pública en el Ayuntamiento de Alicante en la que citó las principales líneas de trabajo de la Generalitat y las estrategias que se pretenden desarrollar para coordinar la prestación de servicios entre los distintos escalones de la gestión pública. Entre ellas, se refirió al Fondo de Cooperación Municipal, al decreto de coordinación de políticas sociales o a la Ley de Mancomunidades.
En esta línea, sus primeras palabras -y buena parte de su intervención- fueron para el titular de la Diputación, con quien dijo estar dispuesta a encontrarse en cuanto tenga un hueco en su agenda. "Cuando existen opiniones encontradas, lo lógico es sentarse y hablar", señaló, tras mostrar su extrañeza sobre el segundo aplazamiento de su reunión (prevista para este lunes 6 de febrero, pero pospuesta por César Sánchez, tras haber cambiado su agenda para girar una visita con la que poder evaluar los daños generados por el último temporal en poblaciones de la Marina Baixa).
Sobre el primer asunto, el Fondo de Cooperación, no desveló grandes novedades. Volvió a emplazar a Sánchez a sumarse para que los ciudadanos de la provincia de Alicante no tengan menos oportunidades que los de Castellón y Valencia, cuyas diputaciones sí han confirmado su participación. Al respecto, sólo hizo énfasis en dos aspectos. El primero, que se trata de un programa de apoyo a los municipios y esa debe ser la prioridad de las diputaciones. En esta línea, reprochó que la de Alicante sólo destinase el 10% de su presupuesto a ese fin y que el restante se derivase en el mantenimiento de su estructura. "Cabría preguntarse si eso al final tiene sentido", llegó a decir. Y el segundo, que el Consell no parece dispuesto a cubrir la aportación con la que se ha invitado a participar a la Diputación. "El Consell pondrá su parte, pero no podemos castigar a los que sí cumplen, como las diputaciones de Valencia y Castellón, que también se han comprometido a aportar fondos: quien se salga de la foto tendrá que explicar por qué, y los que tendrán que preguntarse por qué se les paga con menos posibilidades son los ciudadanos", recalcó.
Sobre el decreto de coordinación de políticas sociales, señaló que el objetivo del Consell es racionalizar su prestación para evitar duplicidades en la misma línea de lo que pretenden otros decretos similares sobre la turismo y deportes. Confirmó que la idea de partida es regular el reparto de competencias, de modo que la Generalitat asuma la responsabilidad sobre los grandes municipios y las diputaciones se encarguen de prestarlos en las poblaciones de hasta 10.000 habitantes, "con posibilidades de poder alcanzar, en el futuro, a los municipios de hasta 20.000". En ese proceso de regulación quedaría definido el futuro y las funciones de dos centros básicos que ahora siguen dependiendo de la Diputación Provincial: el Hogar Provincial y el centro Doctor Esquerdo. "De eso es de lo que nos gustaría hablar con el señor Sánchez con la pretensión de llegar al máximo consenso", insistió.
En ese apartado social, aunque la vicepresidenta no lo mencionó, figuraría también la regulación de la llamada Ley de Renta Básica de Inclusión, en fase de borrador, en la que la Generalitat también prevé llegar a acuerdos con las diputaciones para pactar una cofinanciación que garantice la creación de unas ayudas de hasta 531 euros a modo de renta complementaria del trabajo o de las prestaciones (incluye las pensiones no contributivas) que sean inferiores al 80% del salario mínimo interprofesional.
En tercer lugar se refirió a la Ley de Mancomunidades, todavía en trámite como anteproyecto, con la que, según Oltra, se pretende fomentar la cooperación entre municipios que comparten un mismo ámbito territorial con el propósito de prestar servicios comunes, para ejecutar obras de interés para ese conjunto de poblaciones o para disfrutar de instalaciones públicas. Entre sus novedades, la vicepresidenta resaltó precisamente la posibilidad de que esas agrupaciones de municipios tengan capacidad para contratar personal con el que, por ejemplo, puedan organizar un servicio municipal de asistencia social común que ahora les resulta imposible poner en marcha de manera individual.
Pero también se refirió a la aplicación de la Ley de Dependencia, de la que, resaltó, el Consell ha conseguido aligerar "el tapón" heredado del anterior mandato; del decreto de plurilingüismo, del que, aseguró, no impone ni prohíbe nada, sino que promueve el aprendizaje y la competencia lingüística en tres lenguas (castellano, valenciano e inglés) "y eso creo que es una oportunidad"; o sobre la regulación de los horarios comerciales, de la que, apuntó, el Consell trata de lograr un equilibrio a una situación generada por una Ley estatal para garantizar la coexistencia de las grandes superficies y el pequeño comercio, con unas "condiciones laborales razonables" que permitan la conciliación de la vida familiar de los empleados del sector.
Por hablar, Oltra habló -a preguntas de los medios de comunicación- incluso sobre el inicio del proceso judicial por desobediencia contra el expresidente catalán, Artur Mas. "Es una prueba más de lo que venimos hablando: de la falta de diálogo entre administraciones. Cuando alguien se empeña en aplazar los problemas y guardarlos en un cajón esperando que se solventen, lo que ocurre es que al final se pudren y huelen mal", explicó. "Las campañas políticas deben durar lo que deben durar, que son 15 días; espero que la pérdida de la mayoría absoluta acaben con esa cajonitis", apostilló.