Por convicción o por competencia, Málaga es el modelo turístico y económico en el que se fija Alicante. Son dos ciudades muy parecidas, con un modelo económico similar, aunque la ciudad de la Costa del Sol siempre haya ido por delante en cuestiones culturales y tecnológicas. Huelga decir que la capital de la Costa Blanca ha mejorado, y mucho, en cuestiones de atracción de talento y, por tanto, de firmas tecnológicas que han visto en la ciudad una oportunidad y unas condiciones de vida para un mercado que es internacional, y que busca oportunidades de competitividad y buenas condiciones de movilidad.
Ya hablé en dos ocasiones sobre las relaciones y las comparaciones entre ambas ciudades. En una, para abordar las similitudes y diferencias entre ambas capitales y en otra, cuando Vodafone adjudicó a Málaga el centro de excelencia de I+D+i, en detrimento, entre otras ciudades, de la Costa Blanca.
Retomo el asunto porque esta semana el Ayuntamiento de Málaga abordó el debate de la tasa turística. Fue a través de una moción presentada en el pleno, en un texto que contenía tres puntos: el cobro de una tasa a los turistas que se alojen a la ciudad; exigir a la Junta que explore un marco normativo que permita a los municipios que así lo decidan la implementación de una tasa turística que grave las pernoctaciones y pedir a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para “evaluar una posible modificación de la Ley de Haciendas Locales que permita incorporar la tasa turística entre los instrumentos fiscales gestionados por las administraciones locales”.
Como era de esperar, PP y Ciudadanos, que forman el equipo de gobierno malagueño, rechazaron el primer punto del texto -cobrar por las pernoctaciones en la ciudad- pero sí que respaldaron los otros dos puntos. En el caso del punto dos, el de exigir a la Junta ese marco normativo, fue remarcado por el grupo popular, según la crónica del Diario Sur, con el acento de que se dejase claro que los ayuntamientos tendrían la potestad de decidir si cobrar o no este impuesto. El tercer punto, el de contemplar la tasa como instrumento fiscal, contó la unanimidad de todos los grupos políticos.
Es posible que los puntos dos y tres del texto no tengan mucho alcance, pero sí destacaban las crónicas el cambio de posición del PP, que hasta ahora había mostrado posición más beligerante con la tasa. Incluso la edil de Ciudadanos, Noelia Losada, responsable de Cultura y Deportes, admitió la posibilidad de que "a los propietarios de pisos turísticos, por ejemplo, se les deba aplicar una tasa por la prestación de servicios como la recogida de basura", según la crónica de El Confidencial.
Sea como fuere, la cuestión es que hubo debate, que se había dado con anterioridad, y ahora con matices importantes. El debate de la tasa turística perdurará mientras el sector tenga esas dimensiones (benditas dimensiones); cree problemas de contaminación, convivencia y medioambientales. Mi opinión ya le dejé escrita en esta misma columna.
La tasa turística debe ser una cuestión de convencimiento, no de necesidad política. Y ese convencimiento debe tener una razón: para hacer frente a gastos extras; disuadir en determinados zonas saturados; para persuadir ante comportamientos incívicos o costear servicios derivados de la actividad turística en épocas (puntuales o no) del año.
Y no todos los destinos son iguales, de ahí que de las pocas virtudes que tiene la propuesta del Botànic es la libertad para que cada ayuntamiento la aplique o no en función de sus necesidades. Pero lo que sí tengo claro es que ese instrumento fiscal debe existir; debe estar al alcance de cualquier administración para que lo aplique cuando lo necesite, y puede, incluso, que no sea ni siquiera una tasa turística. Quizás deba ser una tasa por uso de un espacio que durante algunas épocas del año genera más actividad o tiene más saturación y, por tanto, más costes y no tiene que porqué asumirlo el bolsillo del vecino residente, que ya paga el IBI o las tasas de su ayuntamiento. Esa tasa siempre debe estar justificada.
El debate no debería tener la óptica que tiene en la Comunitat Valenciana, de malos y buenos, como se plantea por estas tierras. Un destino maduro y con servicios de calidad no debe temer nunca un instrumento fiscal de este tipo, aplicable cuando lo necesite. Es más, cuando un destino no tiene servicios, o son malos, lo que hace el turista es no volver o generar opiniones no deseables. Si son buenos, reitero, no temerá ese impuesto simbólico, que no creo que salve a ningún ayuntamiento, pero a lo mejor sí que le ayude a costear esos servicios extra que se generan en determinadas épocas del año. Espero que discrepen. Entiendo a los que no les gusta, pero no a los que privan la opción de implantarlo a aquellos que lo necesitan y lo hacen por convencimiento.
