No me salen las cuentas

Ya ha comenzado la campaña electoral que culminará con un nuevo llamamiento para elegir a nuestros representantes el 10N. Y como es habitual, los partidos políticos que concurren a las elecciones nos presentan sus programas electorales con páginas de promesas para ganarse nuestra confianza y, lo que realmente les importa, nuestro voto. Uno de los puntos estrella de cualquier programa electoral son los impuestos. Es uno de los que más miramos o del que estamos más atentos a la hora de decantar nuestro voto.

Tras leer las medidas de política fiscal vinculada con los impuestos propugnadas por los partidos políticos, llama poderosamente la atención que se vuelva a recurrir, como si fuera una copia de convocatorias electorales pasadas, a una bajada generalizada de impuestos. Reducir impuestos es un reclamo fácil para atraer el voto. Sobre todo, es de destacar la bajada de 16.000 millones de euros que promete el partido que ha gobernado España desde 2011 a 2018.

Ahora bien, da la impresión de que quienes han elaborado este programa fiscal no ha tenido en cuenta la previsible evolución negativa de la economía. Parece ser que han hecho oídos sordos de las advertencias de organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea, así como de organismos nacionales como el Banco de España. Estos organismos no hacen más que alertar de la crisis que se avecina, urgiendo a los países a que tomen medidas para activar la economía y lo hagan ya. Hace unos días, la nueva presidenta del FMI hacía unas previsiones apocalípticas anunciando que en el 90% de los países habrá una desaceleración que lastrará toda una generación. Parece irremediable que se avecina una recesión o, por lo menos, una desaceleración de la economía que va a afectar a todos los países de forma generalizada. Pues si la situación no es suficiente grave por sí sola, en el caso de España se agudiza mucho más.

En primer lugar, porque el “ya” es imposible. Mientras que otros países ya están adoptando medidas fiscales para adelantarse a los efectos adversos de la crisis, en España nuestros partidos políticos se han enrocado en no dialogar y resolver la inestabilidad política con otras nuevas elecciones. No han sido capaces de cumplir el mandato que la ciudadanía les otorgó en las sucesivas citas electorales. Elecciones que podrían haberse evitado si nuestros representantes políticos hubieran tomando conciencia del problema y hubieran dejado de lado sus intereses particulares. Elecciones que, si alguien no lo remedia, arrojarán resultados similares a los que nos llevaron a esta inestabilidad. Volviendo a la casilla de salida. Para acometer medidas con la que contrarrestar la desaceleración económica era preciso haber tenido “ya” con un gobierno estable.

En segundo lugar, por el “cómo”. Tal y como han advertido tanto los organismos nacionales e internacionales, España no reúne las condiciones más adecuadas, para estimular la economía vía reducción de impuestos, todo lo contrario. Una bajada de impuestos tendría como efecto que la ciudadanía disponga de más dinero con el cual incentivar el consumo. Pero tiene como contrapartida una menor recaudación y, por consiguiente, una reducción del gasto público. Con la coyuntura económica que se avecina, es imposible reducir impuestos sin minorar el gasto social, los servicios e inversiones públicas, pensiones, prestaciones por desempleo, etc. En definitiva, el Estado del Bienestar. España tiene poco margen de maniobra, por no decir ninguno. Con un déficit público estructural del 2,7% y una deuda pública cercana al 100% tiene las manos atadas. Se porfía aumentar la recaudación por la creación de 482.000 de empleos. Sin embargo, la previsible desaceleración de la creación de empleo no parece respaldar esta esperanza. Hace unos días la Encuesta de Población Activa constataba este hecho al poner de manifiesto que el ritmo de creación de empleo se ha situado al ritmo de los años más adversos de la crisis. En el segundo trimestre la ocupación ha crecido en términos interanuales en un 1,77%, lejos del 2,51% del trimestre anterior. 

Con este panorama nada halagüeño, la cuestión relevante que debería haberse indicado en el programa electoral es ¿de dónde se va a recortar y a quiénes va a afectar? Lo que sí que queda meridianamente claro es a quienes va a favorecer esta reducción de impuestos. Prometen disminuir lo que pagan a quienes obtienen mayores rentas, rebajar por igual para grandes y pequeñas sociedades lo que pagan por sus beneficios, que no paguen quienes tienen grandes patrimonios, que no paguen quienes transmitan sus bienes a sus familiares, eliminar el impuesto que desde hace poco pagan las entidades financieras cuando se formaliza una hipoteca. Parece que no van a ser las clases más desfavorecidas las más beneficiadas con esta rebaja de impuestos.

De todas formas, si luego no salen las cuentas, como ya ocurrió con similares promesas en campañas electorales anteriores, se hace todo lo contrario de lo que se prometió. Se realiza una subida generalizada de impuestos, y no pasa nada. Y si hay que decidir qué gasto público se recorta para ajustar los déficits ante la ausencia de ingresos ¿quiénes se van a ver más perjudicados? No hay más que fijarse en quienes han sido los más castigados con la crisis de 2008. Detrás de las medidas macroeconómicas siempre están las personas con nombres y apellidos que las disfrutan o soportan.

En el contexto económico actual parece poco creíble que en España se puedan reducir los impuestos sin minorar el gasto público. No me salen las cuentas.