Proyectos urbanísticos en Orihuela Costa. Foto: APALICANTE. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha aprobado los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Ningún municipio de la comarca se ha adherido a este organismo., una herramienta de uso voluntario. De hecho, en toda la Comunidat Valenciana, lo ha hecho siete municipios. En la provincia, Alicante y Facheca, y próximamente, Novelda.
En el caso de los dos máximos exponentes del urbanismo de la comarca, tienen posiciones diferentes. En el caso de Torrevieja, el edil de urbanismo y alcalde, Eduardo Dolón, confirma que no se adherirá. Argumenta que los servicios que va a ofrecer este mecanismo ya se prestan desde el consistorio con el personal propio. En el caso de Orihuela, en un primer momento, preguntado al publicarse la resolución en el DOGV, el edil de Urbanismo, José Aix, señalaba que lo tenían que estudiar primero “porque tiene sus pros y sus contras” y quiere estudiar, junto al director del área, todos los detalles. Hasta el momento no han adoptado ninguna decisión.
Las infracciones urbanísticas, y con consecuencias en el territorio, están bastante presentes en el urbanismo tanto de zonas del litoral como del interior y agrícola. En el caso de Orihuela, cerró 2020 con 238 infracciones urbanísticas. Muchas de ellas relacionadas con el inicio o construcción de una vivienda sin las correspondientes licencias. La creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio tiene como objetivo la supervisión de la legalidad urbanística en aquellos municipios que se adhieran y de esta formar atender la comisión de infracciones graves y muy graves en todo el suelo no urbanizable.
Los municipios que estén interesados deberán aprobar en pleno, por mayoría absoluta, su adhesión. El acuerdo tendrá una vigencia de 15 años con la opción de prórroga máxima de cuatro años. El Consell justifica la creación de esta agencia como mecanismo para “protección del suelo rural, entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable […] con la inspección territorial, lo que evitará la irreversibilidad o consolidación de lo que pueda construir ilegalmente”.
La misma conselleria ha registrado 223 solicitudes de empresas de la Comunitat para regular su actividad al amparo de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). De todas ellas, el 40% se concentran en la Vega Baja. Empresas que construyeron e iniciaron su actividad sin contar con los informes y autorizaciones pertinentes. La conselleria trata de regularizar estas empresas a través de la Declaración de Interés Comunitario (DIC), una herramienta con unos requisitos específicos para construir y establecer una actividad industrial, productiva, terciario y servicios en suelo no urbanizable. De las 90 empresas de toda la comarca que han solicitado su regularización, entre el 3 de julio de 2019 y 7 de abril de 2021, 51 están ubicadas en Orihuela.
En cuanto a las funciones que tendrá la Agencia Valenciana de Protección del Territorio se encuentra la inspección y vigilancia urbanística sobre los actos de edificación y uso en suelo no urbanizable, la adopción de las medidas cautelares previstas en la legislación, como la suspensión de los actos de edificación. También llevará a cabo la recaudación de las sanciones administrativas y las multas coercitivas, y la denuncia ante el Ministerio Fiscal.
Una vez que los municipios se han adherido, tendrán como obligación que deberán abstenerse de incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística respecto a edificaciones que se empiecen a construir después de la adhesión a la agencia. Por otro lado les permitirá participar en la toma de decisiones.
Por parte de la Generalitat, tendrá que asumir “inicialmente” el coste de funcionamiento de la estructura interna de la Agencia y deberá informar a las administraciones locales de la actividad que vaya llevando a cabo a través del Consejo de Dirección. Se reunirá de forma ordinaria al menos dos veces al año, y estará compuesto por la presidencia –secretario autonómico-, vicepresidencia –director general de Urbanismo-, y como vocales cuatro representantes de los ayuntamientos adheridos, cuatro representantes de la Generalitat y un representante por cada diputación.
Su financiamiento vendrá de transferencias consignadas en los presupuestos de la Generalitat, los rendimientos de su patrimonio, las multas que se impongan, las sanciones y “otros ingresos que pueda percibir de acuerdo con la legislación vigente”.
Los municipios que ya se han adherido en el resto de la Comunitat son Canet Lo Roig y Arañuel (Castellón) y Bicorp, Rugat y Aielo de Rugat (Valencia).
