VALÈNCIA (EFE). La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha asegurado que el decreto de viviendas turísticas endurece el registro, control y especificaciones de habitabilidad.
Montes ha calificado de "inaudita" la afirmación del concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Ferran Puchades, que ha advertido de la "proliferación descontrolada" de apartamentos turísticos ilegales, y ha recordado que el decreto se ha aprobado con el consenso de la principal patronal del sector, promotores y hoteles, y tras presentárselo a las asociaciones de consumidores, sindicatos y los 71 municipios turísticos.
No como ocurrió, según Montes, con "la imposición de la tasa turística, una decisión que Compromís y PSPV tomaron de manera unilateral y sin contar con el sector turístico valenciano".
"Sería bueno que, además de aspirar a negociar con los principales afectados por sus medidas, en Compromís se leyesen los decretos ley antes de criticarlos, porque en este caso es obvio que no saben de lo que están hablando", ha indicado.
Las nuevas medidas dan instrumentos a los empresarios para deshacerse de los clientes molestos y más competencias a los ayuntamientos para ejercer su control, según la consellera, que se ha preguntado si Compromís está en contra de que se frene la especulación inmobiliaria con las viviendas turísticas, porque el nuevo decreto "las suprime" en las operaciones de compraventa y establece obligaciones de renovarlos cada cinco años.
También ha manifestado, respecto a las denuncias recogidas por Compromís de posibles apartamentos turísticos ilegales en la ciudad de València, que estas no han sido tramitadas a las autoridades competentes para la depuración de responsabilidades, por lo que ha instado a utilizar los canales oficiales.
"Entendemos que Compromís esté desesperado porque el Gobierno de Carlos Mazón en 12 meses ha puesto en marcha lo que ellos no se atrevieron a hacer en ocho años de gobierno", ha criticado.
Durante los ocho años del Botànic los pisos turísticos crecieron más de un 160 % al pasar de 38.000 en 2015 a unos 100.000 en 2023, según Montes, que ha agregado que cuando se disparaba esta modalidad de alojamiento sin control, se hacían menos inspecciones.
"Parece que el problema solo existe cuando ellos no están en el gobierno", ha concluido.