Paraje de L'Almisserà.LA VILA JOIOSA. La empresa es Los Almendros de Alicante SA y su objetivo siempre ha sido construir un campo de golf, primero con una urbanización de 1.600 casas, y ahora con un hotel y campo de golf. Pero detrás de este proyecto han estado una buena nómina de amigos del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, detenido y en prisión preventiva por orden de una juez que le acusa de hasta diez delitos: blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
Por la sociedad están o han estado, desde su fundación, el 21 de julio de 1999, muchos amigos del ex presidente, como el empresario José Luis Montes Tallón; el presidente de la Federación Valenciana de Golf, Andrés Torrubia Arenas, el hotelero y promotor Roc Fuster, y el empresario Miguel Martorell Llorca, hermano de Dolores Martorell, madre de Rosa Barceló y suegra de Zaplana, entre otros. Con el paso del tiempo y conforme los vaivenes que ha sufrido el proyecto urbanístico, Los Almendros de Alicante ha tenido nuevos socios.
La primera polémica fue la compra de suelo donde iba a fraguarse el único y principal proyecto de la sociedad: unos terrenos rústicos en La Vila Joiosa, en el paraje de L'Almisserà, que en parte eran propiedad de la Fundación Concepción y Pedro Aragonés, dedicada fines benéficos, entre ellos, la gestión de un asilo para ancianos. Una parte de los terrenos (665.958 metros) fueron adquiridos durante esta fase inicial del proyecto por Los Almendros de Alicante. La operación necesitaba del placet del Protectorado de las Fundaciones de la Generalitat. En un principio, los responsables de la fundación y la sociedad llegaron a un precio inicial 4,2 euros el metro cuadrado, pero visto lo irrisorio del precio, la Conselleria de Hacienda fijo un precio de 5,4 euros por metro, un precio todavía muy por debajo de los 120 euros cuando el plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, entonces presidido por el popular José Miguel Llorca Senabre. Además, en esa época se acabada de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, y en él todavía no figuraba L'Almisserà como plan urbanizable, así que se aprobó con posterioridad y a petición de Los Almendros de Alicante.
Paralelamente a esta operación, por esos mismos años, al inicio de la década de los 2000, el Gobierno de Llorca Senabre, con el PGOU recién entrenado, comienza a adjudicar los primeros planes parciales del municipio, entre ellos, el de Les Puntes del Moro, donde el testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló Llorens, hoy en prisión, era propietario en esa zona, ubicada en primera línea del mar. Como ha publicado Alicante Plaza, como propietario de suelo que es, Joaquín Barceló acaba siendo el presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico que es quién urbanizará el plan parcial 15, conocido popularmente como les Puntes del Moros. Como suelo resultante, la empresa de Barceló, Gesdesarrollos Integrales SL es hoy propietario de una parcela residencial-hotelera.
Paraje de L'Almisserà cuando se construyó el campo degolf en Finestrat.El objetivo de Los Almendros es que su proyecto case con la urbanización de L'Alfarella de Finestrat, lindante en esa zona. L'Alfarella ya es urbana y cuenta con un campo de golf de 9 hoyos; el objetivo es completar los otros 9 hoyos en La Vila Joiosa y la urbanización de 1.600 viviendas. Mientras el proyecto comienza su tramitación urbanística en el consistorio vilero, primero, y en la Generalitat, después, el proyecto se topa con las primeras oposiciones: primero, de los grupos de la oposición municipal, y de los ecologistas del Xoriguer. Ambas cuestionan la magnitud de la iniciativa, la recalificación de suelo a la carta y que se construya sobre una zona arqueológica.
El sector urbanístico de L'Almisserà, el 38 del PGOU de La Vila, fue adjudicado a Urbe Construcciones y Obras Públicas, del empresario Antonio Tatay. Pero la cosa no convenció a Los Almendros de Alicante, que acabaría ofreciendo 1,2 millones al ayuntamiento el concepto de plusvalías. De esta manera, el PP de La Vila cambió de urbanizador y devolvió el programa a Los Almendros. Pero los tribunales acabarían deshaciendo ese acuerdo al negarse Urbe a asumir el pago de esos 1,2 millones de euros.
Mientras el plan urbanístico daba tumbos por el ayuntamiento, con idas y venidas con la gestión del agente urbanizador, Los Almendros de Alicante fue incorporando un nuevo inversor: el promotor oriolano y ex banquero Agustín Pérez Espinosa, del Campo de Golf de Campoamor, de Orihuela, que también había tenido trato con la Administración Zaplana, pues una de sus empresas, Perfersán, resultó ser adjudicataria de obras de Ciegsa, en concreto de centros educativos de Alcoy y Elche. Algunas fuentes sostienen que la entrada de Pérez Espinosa supuso la salida de la familia política de Zaplana del proyecto, pero en el Registro Mercantil todavía figura la Inmobiliaria Les Dunes (de los Barceló Martorell) como partícipe del plan.
Sea como fuere, la cuestión es que finalmente, la Conselleria de Territorio -en manos entonces del Gobierno de Camps- emitió informe desfavorable a la urbanización de L'Almisserà y el proyecto saltó por los aires. La Generalitat hacía suyos los argumentos de los ecologistas y desestimaba el proyecto al considera que produciría afección en el medio ambiente y que "se verían afectados cinco yacimientos arqueológicos, entre los que se encuentra una mezquita medieval del siglo IX". El suelo volvió a ser rústico, aunque algunos compraron como urbanizable.
Con el objetivo de salvar el proyecto, Los Almendros de Alicante tramita desde 2015 ante la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, una solicitud para obtener una Declaración de Interés Comunitario. La empresa ha reformulado su plan en l'Almisserà: desaparece la urbanización y al campo de golf se le añadiría un hotel de cuatro estrellas y dos campos de fútbol. Y en estos momentos, ayuntamiento y empresa negocian los términos del convenio con el objetivo de salvar el proyecto, construido en el línde de ambos términos, donde además se libra otra batalla: parcelas de un municipio que pasan a otro con la intención de que se transformen en urbanas y aumenten su valor (y sus posibilidades urbanísticas).
