María Jesús Montero. Foto: GUSTAVO VALIENTE (EP)VALÈNCIA. No son solo los 1.400 millones extra para combatir la crisis de la covid que dejará de ingresar de un año a otro. La Generalitat Valenciana también sufrirá en 2022 un descenso de los recursos ordinarios del sistema de financiación. En concreto serán 478 millones menos que este año porque la suma de las entregas a cuenta y la liquidación prevista –los dos principales componentes de la financiación de las comunidades de régimen común– baja respecto a este año. De esa forma, el próximo año recibirá 10.865 millones frente a los 11.343 millones de 2021.
La reducción de la financiación efectiva mediante los recursos ordinarios del sistema pone de manifiesto una vez más la necesidad de reformar un modelo que caducó en 2014 y que relega a la Comunitat Valenciana a la cola en financiación por habitante para sufragar servicios transferidos como sanidad y educación.
Esos 10.865 millones para 2022 son la suma de los 10.270 en entregas a cuenta y los 595 millones por la liquidación positiva del ejercicio 2020, que se paga con dos años de diferencia. Aunque las entregas a cuenta sí suben respecto a los 9.731 millones de este año, el fuerte descenso en la liquidación, que baja de 1.611 millones a 595, explica que la Generalitat vaya a contar con menos recursos.
A la reducción de la financiación ordinaria y la desaparición de los fondos extra contra la covid se suma, además, la reducción del déficit de referencia autorizado para las Comunidades Autónomas, que el año que viene será del 0,7% frente al 1,1% de este año. La consecuencia es la disminución de la capacidad de endeudamiento de la Generalitat, que baja de los 1.233 millones este año a 734,3 el próximo o, lo que es lo mismo, casi 500 millones de euros menos.
De ese modo, además de contar con casi 1.000 millones menos de financiación ordinaria mientras se eterniza el rediseño de la financiación, la Comunitat Valenciana también sufrirá especialmente el próximo año la desaparición de los fondos extra con la que ha contado en los dos últimos años para combatir la pandemia.
Los criterios aplicados por el Ministerio de Hacienda en el reparto los dos años en los que han operado esos fondos han beneficiado a la Comunitat Valenciana al primar la población en la asignación del dinero. En 2020 y 2021 ha recibido en total 2.863 millones de esos fondos que han servido en parte para paliar el efecto de la infrafinanciación, pero su desaparición a partir de 2022 sin que se haya reformado el sistema de financiación agrava las consecuencias del retraso en esa reforma.
En los últimos meses, el Consell ha venido reclamando al Gobierno la creación de un fondo transitorio para las CCAA peor financiadas a la espera de la reforma del sistema. El objetivo de ese fondo, avalado por organismos como Fedea, sería compensar a las CCAA, especialmente a las más castigadas por el sistema de financiación, por la desaparición de esas transferencias extraordinarias y no reembolsables del Gobierno de Pedro Sánchez para paliar el impacto de la crisis de la covid.
Aunque la Comunitat Valenciana cuenta con aliados como Andalucía o Murcia en esa reivindicación, el Ministerio de Hacienda no ha atendido esa petición por falta de acuerdo entre las autonomías. Comunidades como Madrid han impedido que la posibilidad de crear ese fondo ni siquiera se haya votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representados el Ministerio de Hacienda y las comunidades.
Ante ello, el Consell del Botànic ha optado por incluir en el proyecto de presupuestos de 2022 aprobado la pasada semana 1.000 millones en ingresos procedentes de un Fondo Transitorio hacia la Nueva Normalidad que, en realidad, no existe porque el Gobierno no lo ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido muy crítica con la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de hacer justo lo mismo que el Consell del Botànic para "inflar" sus ingresos con 1.000 millones de un "supuesto fondo Covid" que no existe.
En el caso valenciano, la creación a la fuerza de ese fondo inexistente de 1.000 millones más la inclusión de la partida reivindicativa de 1.336 millones no garantizados por el Estado ha elevado los ingresos ficticios en el presupuesto valenciano por encima de los 2.300 millones, el equivalente al 9% del total.
Solo de ese modo, la comisión política encargada de negociar las cuentas integrada por el PSPV, Compromís y Unides-Podem ha podido cuadrar un presupuesto en el que todas las conselleries cuentan con más recursos en 2022 y en el que el gasto real, excluida la deuda, aumenta un 8,8%.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
