La vicepresidenta María Jesús Montero. Foto: A. MARTÍNEZ VÉLEZ/EPVALÈNCIA. La Generalitat valenciana podrá cobrar, a partir de julio, el aumento de las transferencias del Estado de 2024 que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía retenido al no haber aprobado la actualización de las entregas a cuenta de este año. Un retraso en los ingresos que suponía unos 90 millones de euros menos al mes, lo que significa más de 500 millones de euros acumulados de los que el Consell no ha podido disponer en la primera mitad del año.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de haber aprobado la mayor distribución de fondos para las Comunidades Autónomas de la historia, 154.567 millones de euros, pero lo cierto es que no es una graciosa concesión del Gobierno sino el dinero del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que por ley corresponde a las CCAA. Una cantidad que es la suma de las entregas a cuenta de 134.658 millones, aprobada en diciembre por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de la liquidación del SFA de 2022, que asciende a 19.909 millones.
Lo que sí era una concesión del Gobierno era la actualización de las entregas a cuenta, el dinero que se transfiere a las CCAA mes a mes, ya que al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2024 se estaban transfiriendo las cantidades de 2023, sin actualizar. En el caso valenciano, unos 90 millones de euros menos al mes.
El Ejecutivo de Sánchez anunció el pasado 13 de marzo, tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, que renunciaba a presentar proyecto de Presupuestos para 2024, por lo que la actualización se debía hacer mediante decreto ley. Tres meses y medio ha tardado en aprobarlo, sin ninguna justificación, lo que ha provocado tensiones presupuestarias añadidas a las que siempre sufre la Generalitat debido a la infrafinanciación, al tiempo que el Gobierno ha podido disponer de más de 5.000 millones que tendría que haber repartido entre las quince CCAA de régimen común, Ceuta y Melilla.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, reprochó a Montero que "ahora venga a presumir de que está mejorando la financiación con la actualización de las entregas a cuenta" cuando, subrayó, "llega con seis meses de retraso".
"¿A quién pretende engañar? Porque ese dinero, que son más de 500 millones de euros, es de todos los valencianos", señaló en declaraciones enviadas a los medios de comunicación. La consellera calificó de "insulto a todos los valencianos" que la vicepresidenta primera "se quiera poner la medalla de que está regalando algo" o de que la actualización de las entregas a cuenta supone "una financiación récord".
"Entiendo que pretendan tapar sus negociaciones en el cuarto oscuro con los independentistas con la financiación singular, pero que dejen ya de intentar tomarnos el pelo y que le den a esta comunidad los recursos que les corresponden", concluyó.
Las transferencias del SFA de 154.467 millones de euros dadas a conocer por el Gobierno suponen casi 20.000 millones más que las entregadas en 2023. El pago de las entregas a cuenta se efectúa mensualmente, a través de dos ingresos a las quince comunidades autónomas de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: uno al principio del mes y otro al final.
Y tal y como se acordó en la Comisión de Administración Local (CNAL), entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las entidades locales recibirán un montante de 28.557 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta para este año, 5.620 millones más que en 2023.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
