El pasado 30 de marzo, el presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana remitió una carta a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas denunciando el atropello que sufren estas dos titulaciones por parte de la administración valenciana y recordándole que ella misma se comprometió a incorporarlas en el desarrollo normativo en la reunión que mantuvo con el presidente de los pedagogos y psicopedagogos valencianos una vez ya aprobada la ley, ya que la consellera Oltra no encontró un minuto de su tiempo para atenderles durante el proceso legislativo, pero sí para pedir "paciencia y tranquilidad porque sus titulaciones estarán en el desarrollo normativo".
¿Se imaginan estudiar una carrera universitaria para que un gobierno autonómico les diga que no sirve para nada su esfuerzo? Pues es exactamente lo que el Gobierno valenciano está haciendo. Y lo que es más grave, no tiene competencias para ello. Así, para reforzar la decisión de eliminarles, se inventan la existencia de informes universitarios. El Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España ya ha demostrado que ninguna facultad de Educación ha participado en ningún informe para el Gobierno valenciano al respecto de los servicios sociales. ¿El resultado? El más esperado, silencio administrativo.
Lo más sorprendente de todo es que la conselleria que dirige Mónica Oltra crea un plan de formación para los profesionales de los servicios sociales inclusivos valencianos. ¿Y dónde está la sorpresa? Siéntense y respiren profundamente. A esos pedagogos y psicopedagogos que la consellera Mónica Oltra manda al desempleo por inutilidad manifiesta es el Colegio Oficial el encargado de ofrecerles la formación interdisciplinar. Es decir, un disparate que no se sostiene por ninguna parte. Y nos reiríamos todo si la broma no tuviese como consecuencia vidas profesionales rotas por el capricho de un gobierno que ni escucha ni dice verdad.
Todavía existe mayor gravedad en todo este asunto. Al parecer, los valencianos deben emigrar a Murcia, Cataluña, Castilla y León o Navarra, por citar algunos ejemplos, para poder desarrollar su profesión con normalidad y sin sufrir cacicadas como la que Mónica Oltra protagoniza. Y entonces cualquier votante puede empezar a pensar si la democracia realmente funciona en la Comunidad Valenciana o estamos sometidos al capricho de la administración pública. Los pedagogos y psicopedagogos ven comprometida sus vidas por el capricho y sin razón de la consellera Mónica Oltra. ¿Democracia?
Enrique Castillejo y Gómez es presidente COPYPCV