Foto EFEALICANTE . La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha defendido
-durante la tercera sesión del juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, una de las piezas del llamado caso Brugal- su "nula relevancia" en la investigación de la causa debido a que no se le intervino el teléfono ni ninguna conversación telefónica porque "no existe ninguna".
Así, su letrada María Sansano, ha expuesto en el planteamiento de las cuestiones previas que la imputación de Lorente fue "a las puertas" de cerrar la instrucción, siete años después de abrirse la causa, y que se produjo en base de una escuchas y unas pruebas que habían sido obtenidas de manera "ilícita". Además, ha criticado la ausencia de un "control judicial" para determinar la "veracidad" del contenido de las grabaciones.
Por ello, ha reclamado a la Sala la nulidad de las resoluciones judiciales que se han dado durante la investigación y que han permitido la intervención de las conversaciones telefónicas por una "clara falta de motivación y justificación policial" para justificar la existencia de un posible delito, así como de las propias escuchas y ha apelado a la falta de "igualdad de armas" puesto que Fiscalía sí ha podido acceder a los audios y las defensas no: "Es una indefensión de libro".
De esta manera se ha concluido la primera semana del juicio que se celebra en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja entre los años 2008 y 2009. Así, todas las defensas de los acusados se han adherido a la petición de nulidad de las escuchas, mientras que el presidente del Tribunal ha dispuesto las fechas de 23 y 24 de noviembre para la resolución de las cuestiones previas planteadas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. A Ripoll le pide hasta 16 años de prisión y 41 de inhabilitación; 17 años y 20 de inhabilitación para los empresarios Angel Fenoll y Enrique Ortiz; y cuatro años de prisión y 24 de inhabilitación para Mónica Lorente.
Asimismo, Sansano ha insistido en que la celebración del juicio oral, previsto para el mes de enero, sería una "violación de los derechos fundamentales" de los acusados puesto que no se ha tenido acceso a las escuchas ni a las transcripciones, por lo que "sería lógico" que cuando se produce dicha "indefensión", no se celebre el juicio de una causa "sustentada en unas pruebas obtenidas de manera ilícita".
Igualmente, ha recalcado la "ilegitimidad constitucional" de todos los autos relativos a la prórroga de las escuchas, así como el que da origen a la investigación con las intervenciones al empresario Ángel Fenoll en 2007, por "vulnerar el secreto de las comunicaciones". Por último, ha subrayado que si la Sala declara nulas las escuchas "no sería un fracaso del sistema judicial", sino un reconocimiento a que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.
Durante el resto de la sesión, los letrados se han adherido a la petición de nulidad de las escuchas y de resoluciones judiciales por vulneración del derecho de defensa de los acusados, y además, se ha hecho referencia a la manipulación de las grabaciones que sustentan las acusaciones.
