ALICANTE. En los días posteriores al asesinato de Carmen Martínez en el concesionario Novocar, el 9 de diciembre de 2016, una teoría empezó a circular en los mentideros empresariales y mediáticos de Alicante y del resto de España. Había sido un sicario enviado desde Latinoamérica para vengarse de la familia fundadora de Samar Internacional (que opera en varios países sudamericanos con la marca SM Resinas) por haber 'chafado' algún negocio o entrado sin permiso en un territorio determinado.
Esta teoría, que en realidad nunca barajó la Policía (desde el primer momento los agentes pensaron en alguien del entorno de la víctima, y el cerco se estrechó sobre Miguel López, a quien se está juzgado, en cuestión de días), se reprodujo en los medios de comunicación en esas fechas como una línea de investigación, cuando no lo era. Pero se repetía una y otra vez en los círculos más próximos a la familia: grandes empresarios alicantinos, excompañeros del patriarca, Vicente Sala, en su etapa al frente de la CAM... Paradójicamente, la 'teoría del sicario' la comenzó a difundir a las 24 horas del crimen el hoy acusado.
Así ha quedado de manifiesto este martes en la penúltima sesión del juicio por el crimen de los Sala, en el que Miguel López, yerno de la víctima, se enfrenta a 24 años de cárcel pese a que no hay pruebas físicas contra él, sino una cascada de indicios. Finalizadas las testificales y las periciales, este martes la jornada se ha dedicado a escuchar y ver audios y vídeos de los días posteriores al asesinato. Concretamente, varias llamadas telefónicas de Miguel López, a quien la Policía ya investigaba (toda la familia tenía los teléfonos pinchados), en las que el gerente de Novocar contaba a quien quisiera escucharle cómo había tenido que ser un sicario.
"Eso es que mi cuñado [Vicente Sala Martínez, al frente de Samar Internacional tras hacer uso su madre de la acción de oro para disolver el consejo de administración del que formaban parte sus hermanas] ha jodido a alguien, y se lo han hecho pagar", dice en una conversación del 10 de diciembre. "Mi cuñado ha metido la pata y le han dado un aviso", dice en otra. "Querían hacer daño a la empresa", le cuenta a un tercero. López también muestra, una y otra vez, su preocupación por el hecho de que el crimen se haya cometido en su concesionario. "Pudiendo matarla en el Mercadona o en cualquier sitio", especula con un par de interlocutores. Se queja del tratamiento del crimen en los medios, donde se empieza a apuntar a las malas relaciones familiares.
También se escuchó la llamada de la Comisaría para citar al acusado en Novocar junto con el resto de personas presentes en el momento de los hechos, tanto empleados como clientes. López, muy solícito, tranquiliza al agente que le convoca y le garantiza que todos estarán allí. Más tarde, empieza a llamar a trabajadores y clientes para citarlos, y ya en una de las últimas llamadas se viene abajo al borde de las lágrimas, fruto del nerviosismo por la situación. La defensa pidió que se escuchase otra grabación: la llamada en la que el matrimonio López Sala habla con su hijo mayor (el del supuesto gesto de degüello en la junta, que había colgado un selfie con la leyenda 'jaque mate' tras conocer la muerte de su abuela) para reprenderlo por su comportamiento: "Eres gilipollas Miguel, era mi madre y tu abuela", le dice Fuensanta Sala.
Finalizadas las testificales y periciales que se han llevado a cabo durante las últimas tres semanas, el juicio enfila este miércoles su recta final con la exposición de las conclusiones definitivas de las partes. Es de suponer que la Fiscalía y la acusación particular, que piden 24 años de prisión por asesinato y tenencia ilícita de armas, no se moverán de sus planteamientos iniciales, y que tampoco lo hará la defensa. Las acusaciones están convencidas de haber demostrado la culpabilidad de López al jurado, a pesar de no tener huellas, ADN, restos de pólvora o siquiera el arma del crimen. La defensa, enrocada en que no hay pruebas contra su cliente, ni siquiera ha intentado negar las malas relaciones familiares o la lucha por las empresas que fiscal y acusación esgrimen como móvil. A partir del jueves, el veredicto quedará en manos de los seis hombres y tres mujeres que componen el jurado popular.