ORIHUELA. La ciudad oriolana prepara el terreno para dos nuevos contratos relacionados con la protección de datos y la seguridad. El departamento de Contratación ha aprobado, tras la junta de gobierno local, el expediente para, por procedimiento abierto simplificado, adjudicar los servicios de delegado de protección de datos y de responsable de seguridad del Ayuntamiento de Orihuela. Dos contratos divididos en dos lotes que suman un total de 36.300 euros y que serán para un período de tres años, con la posibilidad de prorrogar un año más. Así, ateniéndose a la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que obliga a garantizar los datos y la seguridad de los mismos, el Consistorio oriolano aplicará esta figura con una nueva contratación.

En concreto, el primer lote, para el servicio de delegado de Protección de Datos tiene como presupuesto de licitación un total de 21.780 euros, con IVA incluido para tres años y el segundo de los lotes se licita por 14.520 euros. El plazo de presentación de proposiciones es de 15 días a partir de la publicación del anuncio en el perfil del contratante, donde aún no aparece. La falta plantilla para estos puestos de trabajo obligan ahora a suplir a través de nuevos contratos estas carencias en el Consistorio.

No es el único expediente para la seguridad en marcha para al Ayuntamiento oriolano. En verano se inició la búsqueda para formalizar un nuevo contrato para la asistencia judicial. La defensa del Ayuntamiento llevará las acciones judiciales y también deberá formular peticiones o reclamaciones administrativas, así como recursos jurisdiccionales. También tendrá que asumir la defensa del Ayuntamiento frente a las reclamaciones y recursos que se interpongan ante tribunales. La propuesta de contrato, emitido por la Secretaría General, ahonda en la necesidad de contratar de nuevo el servicio, que acababa el 31 de octubre de 2019. El Ayuntamiento de Orihuela presenta una gran litigiosidad, especialmente en lo contencioso-administrativo y, de hecho tiene pendientes, desde 2016 hasta el momento, más de 220 procedimientos en contra. Además, en este momento no hay en plantilla puestos de trabajo de letrados municipales, por eso se licita la contratación de los servicios especializados de defensa judicial.