Médicos discriminados

Esta semana se han dictado dos sentencias judiciales de hondo calado contra la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, por discriminación de los médicos de la sanidad privada durante la pandemia. La segunda de estas sentencias, que fue notificada el pasado viernes, había sido dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Alicante, en el procedimiento sobre Derechos Fundamentales 3/2021. Esta sentencia es de una contundencia que su lectura eleva el espíritu y alegra el corazón. Si todavía hay magistrados capaces de sacudir al órgano de gobierno de nuestra administración autonómica de esta manera, por una actuación tan bochornosa, además, eso significa que no está todo perdido.

Es obvio que la pandemia cogió a los diversos gobiernos nacional y autonómicos despistados, mirando al palomo, y sin una mínima previsión para poder paliar los efectos de la primera ola, que fue la que nos pegó más fuerte, también por el desconocimiento total del virus. Ahora hablamos de contagios, pero ni sabemos los que se produjeron entre finales de 2019 y principios de 2020, en aquellos momentos iniciales en que algunas personas se atrevieron a decir que la violencia contra las mujeres mataba más que el virus y a azuzar a las masas para que salieran a la calle a manifestarse y contagiarse. Una grave irresponsabilidad, que fue seguida de otras muchas, y que condujo a un confinamiento nacional que nuestro Alto Tribunal, con posterioridad, calificó de inconstitucional en varias sentencias. Tarde, pero lo hizo. Visto con perspectiva, de aquellos polvos, estos lodos y la manga ancha inicial dio lugar a las salvajes represiones posteriores, con clara vulneración de nuestros derechos fundamentales, amparados por un estado de alarma que en realidad había sido diseñado para otro tipo de situaciones. Un caos.

En este contexto marciano de la pandemia cuando, tras una carrera desenfrenada se consiguió tener vacunas y las primeras no alcanzaban ni mucho menos para toda la población, el Ministerio de Sanidad dispuso que tras los ancianos de las residencias el siguiente grupo en vacunarse fuera el personal sanitario de primera línea. El Colegio de Médicos de Alicante interpuso un recurso contencioso-administrativo, en el que se ha dictado esta relevante sentencia, aunque no es firme. En dicha sentencia se declara la “VULNERACIÓN del Derecho Fundamental a la igualdad y a la salud de los médicos que trabajaban en la sanidad privada en la provincia de Alicante, habiendo sido responsable de esta vulneración la Generalitat Valenciana, con su inactividad, consistente en no vacunarles, en clara discriminación con el personal de la sanidad privada”. Es más, en algún apartado de la sentencia se dice que se podría incluso haber vulnerado el derecho a la vida de los médicos y considera que la vulneración del derecho fundamental a la igualdad se produce desde que se discrimina en función del ámbito laboral del personal.

En la norma aprobada por el Ministerio de Sanidad el 18 de diciembre de 2020 no existía, como no podía ser de otra manera, discriminación alguna por motivo del ámbito laboral de los profesionales sanitarios y es completamente inexplicable que la Generalitat sí tomara esta decisión que, obviamente, porque esto no es Fuenteovejuna, partiría de alguien en concreto, que daría la orden de que la vacunación se administrara de esta manera, dejando aparte a los sanitarios de la sanidad privada. En la propia sentencia se introduce un símil castrense, cuando dice que lo ocurrido con los sanitarios privados “es como si los oficiales abandonasen a los soldados situados en primera línea, sabiendo perfectamente que los mismos podían enfermar y morir”. Duras palabras, que, pese a que la indemnización de 10.000 € para el Colegio de Médicos que se fija en el fallo sea meramente simbólica, como de manera acertada reconoce el propio texto de la decisión judicial, es sin duda un varapalo para una actuación bochornosa que jamás debió producirse, y que debería tener sus consecuencias en el ámbito político, al menos. Espero que se depuren responsabilidades.

En cuanto a los profesionales sanitarios, la sentencia deja la puerta abierta a posibles reclamaciones individuales por parte de estos, a las que deberían poder acceder, en su caso, todos los restantes profesionales sanitarios y no únicamente los médicos. Estoy segura de que más de un letrado, entre los que me incluyo, estará gustoso de estudiar las posibilidades reales de que prosperen estas reclamaciones.

Recuerdo cómo, hace un año, tuve que acudir a urgencias porque había empeorado en la dichosa enfermedad, de la que nos contagiamos toda la familia cuando mi padre ingresó en la funesta Nochevieja del 2019 en el General de Alicante. Fui a un hospital privado, en el que tuve que esperar cinco horas en la sala de espera. El médico que me atendió llevaba poco más que una bolsa de basura encima y su agobio era palpable, sin medios de protección individual, sin estar vacunados, sin medios materiales para poder contener el virus… mandamos a los médicos a la guerra sin fusil. Y, pase lo que pase en el futuro si se recurre esta sentencia, al menos es una importante victoria moral de la profesión médica de Alicante, un reconocimiento de mínimos, porque, insisto, no bastan los aplausos.