Exterior del Hospital General de Alicante, con el hospital de campaña a la derecha. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Hospital General Universitario de Alicante vuelve a estar en el ojo del huracán por las medidas de prevención que se adoptan en el día a día para proteger al personal sanitario en el desempeño de sus funciones. Si en los primeros meses de la pandemia el foco estaba en la falta de EPI, circunstancia que llevó al sindicato médico CESM CV a denunciar al gerente del área de salud, ahora la polémica se refiere al supuesto incumplimiento de los protocolos que establecen la obligatoriedad de realizar PCR a todas las personas que vayan a ser intervenidas.
Según ha podido saber Alicante Plaza, varios médicos del Hospital de Alicante se han quejado de que hay algunos casos en los que no se llega a realizar la citada prueba a los pacientes antes de operarlos, por lo que se están llevando a cabo intervenciones sin una garantía de que la persona intervenida no esté contagiada antes de entrar a quirófano. Una circunstancia que ha motivado una creciente inquietud entre el personal y, esta misma semana, una queja formal del sindicato CESM, la principal organización de representación de los facultativos.
En la carta, remitida por el representante del CESM-CV en el Hospital General, el sindicato traslada al gerente del área de salud la "creciente inquietud que nos transmite el colectivo médico, debido a que en el Departamento de Salud que usted dirige no se realiza de forma sistemática la prueba PCR a todos los pacientes que van a ser sometidos a intervención quirúrgica y exploraciones o procedimientos invasivos como endoscopias o similares". Una forma de proceder que, advierten, "entraña un grave riesgo para su salud e implica de nuevo el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
La realización de la prueba PCR a todos los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas o a procedimientos invasivos se está llevando a cabo en la práctica totalidad de los hospitales de España, y también de la Comunitat Valenciana, como medida preventiva de protección del personal sanitario. De hecho, si el paciente que se va a intervenir da positivo en la prueba, la intervención se aplaza y se vuelve a programar más adelante.
La realización de estas pruebas 72 horas antes de llevar a cabo la intervención programada viene establecida en el documento técnico del Ministerio de Sanidad denominado 'Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante la pandemia covid-19', del 16 de noviembre. La prueba está condicionada por la situación epidemiológica local, definida por la incidencia acumulada de casos en 14 días. En este sentido, se considera favorable cuando hay menos de 25 casos por 100.000 habitantes, y desfavorable a partir de ese umbral, que es el caso de Alicante en estos momentos (631 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas).
Así, el CESM considera que "en este segundo brote de la pandemia, no se pueden cometer los mismos errores que en la primera, debiendo proteger la salud y la integridad física de los facultativos con mayor diligencia". El sindicato tilda de "notorio" que "de nuevo el personal sanitario se está viendo afectado, no solo por el contagio del covid-19, sino también por las secuelas psicológicas que el estrés de trabajar en penosas condiciones y sin garantías de seguridad le ocasiona".
Por todo ello, la carta insta al gerente del área de salud de Alicante-Hospital General a que "de forma urgente e inmediata" ordene la realización de pruebas PCR previas en todo acto quirúrgico o actividad intervencionista. "La adopción de esta medida preventiva, ayudará a garantizar la salud del personal sanitario y de los pacientes que son atendidos y minimizará los riesgos de contagio".
El pasado mes de mayo, el mismo sindicato presentó una querella criminal contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y cinco altos cargos de su departamento (Isaura Navarro, secretaria autonómica, Amparo García, directora general de Asistencia Sanitaria, Ofelia Gimeno, directora general de Salud Pública y Adicciones, David Fernández, subsecretario, y Carmen López, directora general de Recursos Humanos), por haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia provocada por el Covid-19.
La querella se interpuso por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que la admitió a trámite, como ha contado este periódico. La Fiscalía considera que los denunciados no cometieron ningún delito por la falta de material, pero el juez consideró, el pasado 9 de octubre, que era prematuro archivar la investigación, por lo que mantuvo la imputación de Barceló y el resto de altos cargos.
