Imagen de un sanitario de un hospital de Valencia con material de protección. Foto: EDUARDO MANZANA VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia seguirá adelante con la investigación de los altos cargos de la Conselleria de Sanidad por la falta de material frente a la covid. Una decisión que abre definitivamente la vía penal en la Comunidad Valenciana para determinar la responsabilidad política sobre estos hechos.
El juez José Luis Rubido De La Torre, en un auto fechado este jueves, rechaza la petición de sobreseimiento de la Fiscalía de la que informó Valencia Plaza y mantiene la imputación de la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, y del director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, por la carencia de equipos de protección contra el coronavirus y de test para los sanitarios al encontrar indicios de delito.
El magistrado considera que todavía resulta prematuro el archivo -pese a que podría determinarse en un futuro- porque es "obligación del instructor" reunir las diligencias de investigación para ponderar y valorar los hechos ante los "indicios racionales de criminalidad".
El asunto se inició en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, que se inhibió al 1 de Valencia al estar aquí la sede de la Conselleria, a raíz de una denuncia presentada por un grupo de abogados de Valencia, Alicante y Castellón liderados por Juan Carlos Navarro, Eugenio Ponz y Beatriz Larriba. El juez incoó diligencias previas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y citó a declarar a ambos cargos para el próximo diciembre, tratándose de los primeros imputados por este motivo.
En la denuncia relataban cronológicamente las exigencias del colectivo de sanitarios y de varios sindicatos como CSIF o CESM desde el pasado 31 de enero, cuando ya pidieron formación en equipos de protección frente a la covid-19, y todas las protestas de los meses posteriores ante la falta de medios.
La Fiscalía, sin embargo, sostenía que existían dos aspectos que no se habían tenido en cuenta por parte del juzgado: la legitimidad de los denunciantes y si procedía o no admitir a trámite la denuncia formulada.
De un lado, entendía que el grupo de abogados no era perjudicado. De otro, defendía que era "sobradamente conocida" la escasez de equipos de protección en el mercado nacional e internacional y, por tanto, la dificultad -cuando no imposibilidad- de entregar los mismos a los trabajadores". En su opinión, los altos cargos de la Conselleria de Sanidad no pudieron cometer estos delitos porque se les estaría exigiendo una conducta imposible de realizar debido a que la falta de medios "era un hecho notorio".
Con todos estos argumentos, pedía el sobreseimiento de la causa y manifestaba que el grupo de abogados requería de querella -en la que habían de constar los hechos concretos y los incumplimientos de los responsables políticos- para actuar como acción popular y prestar en su caso fianza.
Así lo hicieron, subsanando el defecto procesal formal -sobre el cual el magistrado da la razón a la Fiscalía- y con la presentación de una querella por un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo por parte de los altos cargos de Sanidad.
En cuanto a la cuestión de fondo, el juez muestra su discrepancia con el Ministerio Público. "La cuestión esencial es descubrir si los cargos denunciados de esta comunidad autónoma no adoptaron las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la actual pandemia, como pudo ser proveyendo de equipos de protección a los profesionales sanitarios con las oportunas actuaciones directas en el ámbito de su respectiva competencia en materia de salud", expresa en el auto.
"La cuestión esencial es descubrir si los cargos denunciados de esta comunidad autónoma no adoptaron las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la actual pandemia"
Importante en este caso es, a juicio del magistrado, el dato de los sanitarios afectados por el coronavirus, que, según la querella, se cifró en 1.524 en la Comunidad Valenciana. Por tanto, razona, "en base a los hechos notorios, la capacidad y competencia de la Generalitat Valenciana en materia de salud pública, así como en la protección de los trabajadores, su seguridad laboral e higiene", el contenido del conflicto jurídico planteado "tiene visos de poder ser incluido en el ámbito penal punitivo".
Concluye, de este modo, que existen "varios y distintos indicios" de la presunta dejación o de la mera imposibilidad de abastecer de material por parte de las autoridades de la Comunidad Valenciana "en su actuar personal dentro sus labores y de sus competencias para prevenir, asegurar y proveer de los medios de prevención necesarios a los trabajadores sanitarios, los cuales al estar en primera fila de la lucha contra la pandemia se vieron expuestos a los altos riesgos de contagio de la covid".
Las declaraciones como imputados de Carmen López y Miguel Ángel García se mantienen para el próximo 3 de diciembre.
