Mazón (centro) y otros dirigentes populares contemplan el llenado del embalse, este viernes. Fotos: RAFA MOLINAALICANTE. Tras la crisis, la foto de las sonrisas y las palabras conciliadoras. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, prácticamente recién llegado de Portugal, reapareció en la Comunitat en el acto simbólico para celebrar la llegada de los primeros metros cúbicos de agua del Júcar al embalse de Aspe, en el marco del trasvase coyuntural de 18,8 hectómetros que se ha aprobado para este verano (en realidad, el agua irá llegando a demanda hasta finales de 2022). Y el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV (y rival electoral de Puig en un año), Carlos Mazón, hizo lo propio para que los socialistas no patrimonializaran el momento.
Mazón, que estaba en el Consell (en la Dirección General de Consumo) y en la ejecutiva del PP de Alicante (en Organización) cuando entre 2004 y 2005 Cristina Narbona derogó el trasvase del Ebro, comenzó a socavar el Tajo-Segura y cambió el trazado del Júcar-Vinalopó, con consecuencias que se extienden en el tiempo hasta el acto de este viernes, tiene claro que el agua debe ser una bandera electoral de su formación, especialmente en la provincia de Alicante. Y, por fortuna para esa estrategia, al PP no se le pueden reprochar incongruencias en el Júcar-Vinalopó (sí en el Tajo-Segura), como sucede con los socialistas.
El presidente del PP de Alicante tiene un discurso hídrico mucho más técnico que el de Puig, que se mueve en los terrenos del posicionamiento político con la conciliación como lema. Y conoce perfectamente las inquietudes de los regantes del Vinalopó, que cultivan más de 30.000 hectáreas con una rentabilidad de 400 millones de euros anuales, amenazada por la intención de la CHJ de cerrar los acuíferos del Alto Vinalopó sin haber resuelto el corpus del trasvase. De ahí que este viernes, tras celebrar la llegada del agua a Aspe, Mazón volviese a sacar a la palestra la amenaza sobre las aguas subterráneas o le pusiese el cascabel al gato de los hectómetros (se prometieron 80, no llegan más de 20), mientras Puig pedía "estabilidad" a la transferencia y huir de la confrontación.
La presión sobre el presidente de la Generalitat, así, va en aumento para que se posicione claramente con los regantes alicantinos, que no piden más que lo que se pactó en 1998: que se vincule la reducción de derechos hídricos en los acuíferos del Vinalopó con una concesión de derechos equivalente en el trasvase. Pero no de cualquier manera: eximiéndoles de los gastos de amortización de la transferencia (se prometió cobrarles cero euros, se les pretende cobrar todo) y repartiendo los costes de explotación con el abastecimiento, de forma que el precio final del metro cúbico no condene a los usuarios a dejar de regar. Estas son las cuestiones fundamentales que quedan por resolver, y por las que el Júcar-Vinalopó lleva una década terminado y sin uso más allá de las compras puntuales de agua en verano.
Llegada del agua del Júcar-Vinalopó 2022 al embalse del Rollo en Aspe (Fotos: RAFA MOLINA)
El primer paso pareció darse el viernes: Puig no solo se hizo la foto con alcaldes como los de Elda, Rubén Alfaro, o Elche, Carlos González (ambos beneficiarios de esta transferencia), además de la síndica del PSPV en Les Corts, Ana Barceló (de Sax), sino que tras el acto mantuvo una reunión con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, que reúne a los más de 500 usuarios oficiales del trasvase, comunidades de riego, ayuntamientos y empresas, para conocer sus inquietudes. Un contacto que hasta ahora el presidente siempre había delegado en la consellera del ramo, Mireia Mollà, de Compromís.
A un año de las elecciones, Puig tiene seis meses por delante, mientras dure el agua que comenzó a llegar este viernes, para intentar apuntarse el tanto del agua en Alicante: que el Júcar-Vinalopó se vincule al cierre de los acuíferos.
