ELCHE. El asunto del Palacio de Congresos ilicitano, y en este caso de su suelo, sigue trayendo cola. Después de que la Diputación pidiera un estudio de mercado al considerar "insuficiente" la segunda tasación realizada por el Consistorio que pidió la entidad provincial, esta ha convocado la comisión mixta con los funcionarios de Urbanismo para aclarar el asunto. A la misma está convocada la concejal del área, Ana Arabid, aunque desde la entidad conminan también al alcalde Carlos González a que acuda, tras las declaraciones en las que tachó de "intolerable" que pidieran el mencionado estudio.
Así pues, este miércoles a las 10 de la mañana, en la Diputación se reunirá la comisión mixta de la infraestructura. El diputado provincial Juan de Dios Navarro incide en que se hace con la vocación de aclarar la situación y que "no hay interés en retrasar y de no pagar", y continúa añadiendo que "en el expediente hay una serie de requisitos que saben que tienen que estar". Y por ello incide en que Arabid y González acudan para que quede todo claro y diáfano. El diputado ilicitano, encargado de Contratación, remarca que de acuerdo a la legislación y los informes de tasación "faltan una serie de requisitos que no están".
Este viernes por la mañana, un día después del nuevo capítulo polémico, los técnicos de Arquitectura de la Diputación se han puesto en contacto con los del Ayuntamiento, para explicar el motivo de esa insuficiencia en la documentación que apuntaba la entidad provincial. Navarro, como hace unos días el diputado de Arquitectura González de Zárate, inciden en que la Diputación "está deseando" liberar los 4,4 millones de euros para cubrir el coste de la expropiación del suelo del proyecto, y que para la entidad es una iniciativa prioritaria.
Por último, advierten una vez más que es Intervención quien fija estos criterios, que son técnicos, y que no se ha podido adelantar el anteproyecto y licitación del mismo, como ha venido exigiendo el Ayuntamiento, porque es un tercero (la Diputación), quien tiene que pagar los terrenos del suelo, que ya es municipal. Lo que requeriría una justificación por parte de la figura fiscalizadora para poder activar dicha licitación.
