Protesta de Margalló Ecologistes en Acció Elx ante la oficina de Aperturas / APELCHE. El colectivo ecologista vuelve a la carga con el pliego de condiciones del nuevo servicio de limpieza de Elche, que superará los 360 millones de euros en diez años. Ahora a otros niveles: llevarán al Ayuntamiento a un contencioso-administrativo por el pliego al presentar un recurso frente a la resolución de octubre del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) por el cual desbloqueaba la tramitación del proyecto para que siguiera adelante. Un recurso que ha sido interpuesto junto a la compañía Gespla Consultores, que fue de las que impugnó el proceso también junto a otras y a Margalló Ecologistes en Acció en el TACRC.
Los motivos que llevan a ambas organizaciones a interponer el recurso son los mismos motivos que les llevaron a recurrir la contrata. Es decir, las supuestas infracciones en las que a su juicio incurre el pliego como la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) como normativas ambientales en vigor en materia de gestión de residuos. Algo que ya denunciaron ya que el plan de gestión de residuos será un paso posterior tras la adjudicación y a cargo de la empresa y no previamente por parte de unas líneas que establezca el Consistorio, como pedían los ecologistas. Por otro lado, vuelven a solicitar la paralización cautelar del procedimiento de licitación, alegando para ello que se eviten las consecuencias negativas de la continuación del procedimiento ante la perspectiva de la posible estimación del recurso.
Asimismo, en un comunicado, Margalló señala que es consciente de la repercusión económica que supone presentar este recurso: hacer frente a los honorarios de letrados y procuradores. También cabe la posibilidad de que, "en el peor de los casos y de no estimarse el recurso, se exijan indemnizaciones que puedan comprometer el futuro de este colectivo", apuntan. No obstante, recuerdan que esta situación ya ocurrió hace años cuando se condenó a Ecologistas en Acción y a Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (Ahsa) al pago de las costas en el juicio por la contaminación del río Segura, tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por ambos colectivos.
Con todo, ven necesario agotar todas las posibilidades de frenar la contrata, porque la califican de un"auténtico disparate". En palabras de los ecologistas, "por mucho que desde el equipo de gobierno se afanen en disfrazarla de modernidad y en ensalzar los supuestos beneficios ambientales que conllevará su puesta en marcha, la contrata va a suponer un desembolso de más de 300 millones de euros que no garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de residuos", algo en lo que ya han incidido en numerosas ocasiones desde que empezó la tramitación del pliego y antes. Para finalizar, aseveran que "es un fraude que acabaremos pagando todos los ilicitanos e ilicitanas”.
