Los parches de dudosa eficacia que Puig plantea para su eterno problema en Alicante

VALÈNCIA/ALICANTE. Los Presupuestos Generales del Estado 2023 presentados días atrás por el Gobierno de España han supuesto un duro golpe (y van varios años) para la provincia de Alicante. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) advertía a las pocas horas de hacerse públicas las cuentas de que esta demarcación recibiría 85,4 euros por habitantes en inversiones cuando la media nacional se sitúa en 283 euros.

Llueve sobre mojado. En el anterior ejercicio, la misma entidad subrayaba que la provincia iba a recibir 176 euros menos que la media, lo que la situaba en el puesto 50 del ranking nacional siendo la quinta más poblada. De hecho, Ineca recalcaba entonces que la mejor posición desde 2008 en esta particular clasificación para Alicante fue la número 36 con la llegada del AVE a la provincia.

Unas cifras que han ido cocinando el enfado de los distintos actores de la sociedad civil en los últimos años. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) viene mostrando su malestar en los distintos ejercicios y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha tratado de aplacar la indignación por diversas vías cuya eficacia en algunos casos todavía está por demostrar. De hecho, una de las grandes noticias para la Generalitat el pasado año fue el anuncio de 300 millones de euros para que la Comunitat Valenciana destinar a infraestructuras. Una cantidad que, precisamente, Puig aseguró que iría en gran medida para obras públicas en Alicante y, de esta manera, compensar la baja inversión del Gobierno de España.

Sin embargo, tal y como ha venido informando Valencia Plaza, la llegada de ese montante se atascó desde el inicio y, a día de hoy, todavía se encuentran ultimándose los proyectos a conveniar con el Ministerio de Fomento. No obstante, Puig insistió públicamente días atrás en que esos fondos -de las cuentas del pasado año- se destinarían mayoritariamente a la provincia de Alicante: es decir, volvió a 'vender' lo que ya vendió el año pasado sin que se haya concretado todavía en inversiones sobre el terreno.

Ahora, según informaba este viernes el diario Levante-EMV, el presidente Puig ha dado la orden a la Conselleria de Hacienda de que traslade a las distintas áreas que tengan una especial sensibilidad hacia esta provincia en los Presupuestos de la Generalitat que se encuentran en elaboración. Una orden que tendrá como destinataria principal la Conselleria de Obras Públicas que lidera su compañera socialista, Rebeca Torró, y quizá alguna otra como la de Innovación con sede precisamente en Alicante.

Pese a estos movimientos, y los que se puedan producir en materia de enmiendas -siempre costosas en partidos con sede central en Madrid-, está por ver la efectividad de los parches accionados por Puig, dado que sin ir más lejos no tuvieron excesivo impacto el pasado año. Es más, estas circunstancias han contribuido a mantener -e incluso alimentar- los problemas orgánicos de los socialistas en Alicante. De hecho, el actual secretario general del PSPV en la provincia, Alejandro Soler, se impuso al candidato oficialista apoyado por Puig en la lucha por la liderazgo con un discurso en el que uno de los ejes principales era la protesta ante el maltrato a la provincia.

Un problema que se ha alargado con otras situaciones de contestación interna en esta demarcación. Ejemplo de ello ha sido el paso adelante dado por María José Adsuar para disputar la candidatura a la Alcaldía de Alicante a la exconsellera Ana Barceló, la apuesta personal de Puig. Es más, esta misma semana, Adsuar ha culpado la propio presidente de la Generalitat del "agravio" sufrido en los PGE, un claro indicativo de que el PSPV en la citada demarcación no es una balsa de aceite.

En este sentido, pocos pueden decir que Puig no ha tratado de pisar la provincia -más de 50 actos en 2021- para, como él mismo ha reiterado en numerosas ocasiones, "coser" la Comunitat Valenciana. De hecho, en algunos municipios como Orihuela -un enclave electoral decisivo incluso para las autonómicas- el presidente se ha volcado en sus visitas -cinco sólo el pasado año- o con el Plan Vega Renhace, mediante el cual se invirtieron 60 millones de euros en 2021 en esta comarca. Es más, Puig anunció el pasado mes de septiembre que el Consejo de Ministros aprobará 11 actuaciones por valor de 343 millones de euros entre 2022-27 con el objetivo de prevenir riesgos de inundaciones. La sensibilidad hídrica siempre ha estado en el mensaje de Puig, pese a algunas decisiones de Madrid, aunque huyendo de la confrontación entre territorios. 

Pese a todos los obstáculos surgidos, bien en forma de catástrofe, bien en forma de decisión adoptada en Madrid, Puig -y por extensión, el Botànic- siempre se han vanagloriado de que los presupuestos de la Generalitat sí que han recogido el peso poblacional de la provincia de Alicante en el reparto de fondos -otro debate, siempre, es la ejecución- y además, ha hecho gala de la apuesta por el polo innovador de Alicante. Primero con Distrito Digital; después con a ubicación de la sede de la Conselleria de Innovación, y finalmente, la apuesta porque sea Alicante la que opte por acoger la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial. Al final, Puig se ha tenido que sumar, a su vez, a la puesta de Elche en la pugna por la candidatura por albergar la Agencia Espacial con la empresa PLD Space como estandarte, cuando quizás los planes del Consell iban a ser otros.

Ahora bien, las cuentas ofrecidas por el Gobierno de España han devuelto a Puig a una posición defensiva en la provincia. Una situación especialmente delicada cuando el líder de la oposición, Carlos Mazón, es el presidente de la Diputación de Alicante, lo que le permite conseguir un escenario de confrontación directa con el presidente de la Generalitat en este tipo debate. Justo lo que menos desean en el Palau, donde llevan evitando darle espacio ni el diálogo ni para la confrontación al dirigente del PPCV aprovechando que todavía no es suficientemente conocido en el ámbito autonómico.