Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA. PP, PSPV, Compromís y Vox cerraron este martes un acuerdo que permitirá a los diputados autonómicos cobrar una prestación el día que dejen de ocupar un escaño. Un pacto alcanzado en la Comisión de Gobierno Interior -aquella que se celebra a puerta cerrada y sin orden del día- para el que hubo unanimidad. No cobrarán, eso sí, aquellos que tengan asegurados ingresos una vez se disuelvan Les Corts Valencianes, bien porque sean funcionarios de carrera, porque vuelvan a su empresa privada tras haber disfrutado de una excedencia o estén en edad de jubilación al tener más de 67 años.
Los portavoces de los grupos parlamentarios se esforzaron este miércoles en defender que no se trata de un "privilegio" porque con esto buscan asegurar que los parlamentarios que dejen de serlo puedan tener acceso a una suerte de prestación por desempleo a la que actualmente no tienen derecho. Por lo que con esta paga se trata de resolver lo que consideran una "injusticia" y "garantizar que las personas que se dedican a la política que han paralizado su actividad profesional" puedan cobrar temporalmente una paga como si estuvieran en el paro como cualquier otro trabajador por cuenta ajena.
Sin embargo, a pesar de que buscan esta comparativa, lo cierto es que existen diferencias significativas respecto a cualquier empleado de la empresa privada. Como ejemplo, los diputados que decidan abandonar el escaño por voluntad propia también cobrarán la prestación. Es decir, que no solo la percibirán aquellos que cumplan los requisitos fijados en el acuerdo -haber sido parlamentario más de año y medio y no tener ingresos asegurados- y cesen en el cargo porque se acabe la legislatura y la Cámara se disuelva ante una convocatoria electoral. También la percibirán si deciden dejar el escaño, si bien es cierto que existen pocos casos en los que un diputado que no tenga asegurado ingresos tras su salida, decida voluntariamente dejar Les Corts, donde cobra una retribución de en torno a 2.500 euros al mes.
El hecho de que cobrarán la prestación aunque se vayan de forma voluntaria, sin embargo, no ocurre con un trabajador por cuenta ajena. Si un empleado decide abandonar su puesto de trabajo, este no cobrará el paro, dado que la prestación por desempleo se activa siempre y cuando este trabajador haya sido despedido por la empresa en la que prestaba sus servicios.
Fumata blanca: los diputados de Les Corts cobrarán una prestación cuando dejen el escaño
También existen diferencias respecto a la tributación. Sus señorías cobran su nómina cada mes sin cotizar a la Seguridad Social. Mientras que cualquier trabajador -tanto público como privado- cuenta con retenciones en su salario, por lo que todos los meses ingresa en su cuenta bancaria su nómina tras aplicarse, además de la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la de la Seguridad Social.
Los diputados no cotizan a la Seguridad Social y para que lo hicieran sería necesario modificar el convenio especial de los Parlamentos autonómicos con la Administración, una potestad que recae en el Congreso de los Diputados. Este fue modificado en su día para garantizar que los concejales cobrasen el paro una vez cesaran en el cargo, pero no ocurrió lo mismo con los diputados autonómicos.
Así, conviene apuntar que cualquier trabajador que se quedara en situación de desempleo cobraría el paro durante un máximo de dos años (tras cotizar) y la cuantía máxima mensual que percibiría es de 1.225 euros. Los diputados cobrarán una prestación mayor, 2.400 euros mensuales (sin haber cotizado): será como mínimo de 14.400 euros e irá aumentando en 2.400 euros por cada trimestre como parlamentarios con un máximo a cobrar de 24 mensualidades tras 69 meses en el escaño.
El acuerdo fija que los diputados cobrarán lo equivalente a la asignación reglamentaria excluyendo, eso sí, los complementos derivados de los gastos de kilometraje, asistencia a plenos, portavocía en alguna comisión o cualquier otro tipo de dietas que tienen reconocidas sus señorías en el ejercicio del cargo. Es decir, que la cuantía se calculará sobre el salario base. Actualmente, los salarios de los diputados de la Cámara valenciana, excluyendo todo tipo de complementos, rondan los 50.000 euros brutos anuales aproximadamente.
La letra pequeña del pacto fija que para cobrarla será obligatorio que los diputados lo hayan sido durante más de 18 meses y que la prestación tendrá un máximo de dos años. Será progresiva, la abonará el Parlamento, cuyo presupuesto para 2025 también fue aprobado este martes, para lo que echará mano de sus remanentes de tesorería. Esto significa que la cuantía irá vinculada al tiempo que se ha ocupado el escaño: para cobrar 24 mensualidades, será necesario que el diputado o diputada haya estado en el escaño por un periodo de 69 meses.
Ahora bien, un matiz relevante que afecta a la aplicación del acuerdo es que este no tendrá efectos retroactivos. Es decir, que no se pondrá en marcha con fecha de junio de 2023, cuando se constituyeron Les Corts y tomaron posesión los diputados actuales. Sino que comenzará a aplicarse desde el momento en el que el acuerdo pase por la Mesa del Parlamento para aprobarse definitivamente y se publique en el Boletín Oficial de Les Corts Valencianes (BOCV). Por lo que, ahora mismo ninguno de los diputados podría cobrar la prestación porque el contador está a cero y ninguno habría cumplido el requisito de los 18 meses.
