VALÈNCIA (EP). El número de lanzamientos o desahucios practicados por los juzgados de la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre del año aumentó un 15,8 % hasta los 1.317 procesos, frente a los 1.137 del mismo periodo de 2020, pero descendió un 8,5 % respecto a 2019.
Los desahucios derivados del impago de hipotecas registraron un incremento del 44 % y los relacionados con el alquiler un 2,3 % más, según recoge el informe "Efecto de la Crisis en los Órganos Judiciales" hecho público este jueves por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De acuerdo con las cifras, de los 1.317 lanzamientos ejecutados en la Comunitat en el pasado trimestre, más de la mitad, 756, se debieron a impagos de alquiler, en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 2,3 % más que los 739 del tercer trimestre de 2020 pero un 14,18 % menos que los 881 que se produjeron entre julio y septiembre de 2019.
Los lanzamientos practicados por el impago de cuotas hipotecarias fueron 531, lo que implica un incremento interanual del 43,9 % en relación a 2020 y del 8,4 % respecto a 2019. En este apartado, la valenciana es la segunda comunidad autónoma con un mayor número de lanzamientos, 10,5 por cada 100.000 habitantes, únicamente superada por Murcia, con una tasa de 12,5.
En la provincia de Valencia se practicaron 493 lanzamientos (107 derivados de ejecuciones hipotecarias y 366 por el impago de arrendamientos), en Alicante se contabilizaron 702 (378 y 316, respectivamente) y 122 en Castellón (46 y 74, por ese orden).
En el tercer trimestre del año destaca el importante incremento registrado en los procedimientos de ejecución hipotecaria en la Comunitat Valenciana, de un 32,4 %, al alcanzar los 1.182 (608 en Alicante, 122 en Castellón y 442 en Valencia), frente a los 893 de un año antes.
Ese incremento es de un 57 % si se compara con los 513 procedimientos contabilizados entre julio y septiembre de 2019.
El informe también refleja datos sobre los concursos de acreedores, que bajaron un 0,6 % en el tercer trimestre, con 522 procedimientos frente a los 525 de un año antes.
Por provincias, en Alicante se registraron 147 concursos, 81 en Castellón y 294 en Valencia.
Los presentados en los Juzgados de lo Mercantil fueron 245, un 6,8 % menos que los 263 de 2020, pero un 18,7 % más que en el mismo periodo de 2019, cuando se computaron 199.
Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción registraron 277 concursos de personas físicas no empresarios, frente a los 262 del tercer trimestre del pasado año, lo que implica un crecimiento interanual del 5,7 % y un 32,8 % respecto a los 186 de 2019. Tanto en un caso como en otro, la valenciana ocupa la tercera posición del país en cuanto a concursos presentados, por detrás de Cataluña y Madrid.
En cuanto a conflictividad laboral, entre julio y septiembre de este año se redujeron significativamente los procedimientos relativos a conflictos laborales, que tramitan los Juzgados de lo Social y las demandas por despidos, 3.039, fueron un 31,5 % inferior en número a las 4.438 de un año antes. El descenso es del 16,7 % si se compara la cifra con las 3.549 demandas del tercer trimestre de 2019.
También bajó el número de demandas de reclamación de cantidad en estos órganos, al contabilizarse 2.154, un 21,5 % menos, que las 2.745 de 2020, pero solo un 1 % menos que las 2.177 registradas en el tercer trimestre de 2019.
En la provincia de Valencia se presentaron 1.667 demandas por despidos y 1.181 por reclamación de cantidad, en Alicante las cifras fueron 1.095 y 716 y en Castellón 277 y 257, respectivamente.
Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción valencianos asumieron 18.831 procedimientos monitorios, lo que representa un descenso del 12,5 % en relación a los 21.529 de un año antes y un ligero aumento en relación a los 18.341 registrados entre julio y septiembre de 2019.
Esta clase de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Por juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, en el tercer trimestre de 2021 ingresaron en los juzgados valencianos 105 demandas de esta clase, una cifra similar a la del mismo trimestre de 2020, cuando se presentaron 108.
Los juzgados de cláusulas suelo asumieron en el periodo analizado de 2021 un total de 1.275 nuevas demandas y resolvieron 2.757, un 10,2 % menos y un 6,1 % más, respectivamente, que un año antes.
