VALÈNCIA (EP). El número total de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil de la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre de 2024 ascendió a 1.698, lo que implica un aumento del 44,5 por ciento respecto a los 1.175 registrados el mismo periodo del año anterior. De esta forma, se mantiene de esta manera la tendencia al alza apreciada desde 2020.
Estos y otros datos aparecen recogidos en el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, publicado este lunes, y del que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
Ese incremento interanual está propiciado fundamentalmente por el de los concursos presentados por personas naturales no empresarios, 1.456 en el periodo analizado, un 50,4% más que los 968 de un año antes.
El resto de modalidades de concursos también aumentó, aunque en menor medida. Así, los de personas jurídicas lo hicieron un 20,8%, desde los 149 de 2023 a los 180 de este último trimestre, y los de personas naturales empresarios subieron un 6,9%, al pasar de 58 a 62.
Del total de 12.675 concursos presentados en toda España, el mayor número de ellos (3.174, el 25 % del total nacional) se registró en los órganos judiciales de Cataluña. Le siguieron Andalucía, con 1.963; Madrid, con 1.779 y Comunitat Valenciana, con los 1.698 citados.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, han pasado a ser competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona a la que afectan y no por el órgano que los conoce.
Por provincias, se presentaron un total de 870 concursos en la de Valencia, lo que representa un aumento interanual del 30,5%; en Alicante fueron 675 los concursos presentados, con un incremento del 122,7%, mientras que en la provincia de Castellón ascendieron a 153, lo que significa una subida del 18%.
Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), durante el tercer trimestre del año se presentaron en los Juzgados de lo Mercantil valencianos 10 expedientes, los mismos que un año antes.
El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2024 en la Comunitat Valenciana fue de 710, lo que supone un descenso del 6,5% en relación a los 759 del periodo julio-septiembre de 2023. De ellos, casi el 70%, 493 en total, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es un 14% menos que el mismo periodo del año anterior.
Otros 167 responden a ejecuciones hipotecarias, un 7,7% menos que los registrados en el tercer trimestre de 2023. Los 50 restantes obedecieron a otras causas, con un 61,3% de incremento interanual en esta modalidad.
Cataluña -con 1.341, el 25,3 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre analizado. Le siguieron Andalucía, con 857; la Comunitat Valenciana, con 710 y Madrid, con 550.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.032, el 25,9% del total; seguida por Andalucía, con 572; Comunitat Valenciana, con 493 y Madrid, con 469.
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la lista la encabeza Andalucía, con 219, seguida por Cataluña, con 203 y por la Comunitat Valenciana, con 167.
Por provincias, Alicante registró 290 lanzamientos sumadas todas las modalidades, lo que significa una reducción interanual del 21,2%. En la provincia de Valencia fueron 324 lanzamientos, un 2,4% menos, mientras que en la de Castellón se registraron 96, esto es, un 62,7% más que un año antes.
En el tercer trimestre de 2024 se presentaron 5.308 demandas por despido en los Juzgados de lo Social de la Comunitat Valenciana, un 24,4% más que en las 4.268 registradas entre julio y septiembre del año anterior. El territorio valenciano fue el cuarto del país en cuanto a la presentación de este tipo de demandas, solo por detrás de, Cataluña, con 7.203, Andalucía, con 6.584, y Madrid, con 6.566.
En la provincia de Valencia se presentaron 3.388 demandas por despido, un 37,2% más que el tercer trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 1.517 las presentadas, con un incremento del 9,3%, mientras que en la provincia de Castellón bajaron un 1,9% con un total de 403 demandas por despido.
En cuanto al número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en esta jurisdicción en el periodo analizado, en total 2.646, fue un 3,4% inferior a las 2.739 presentadas en el tercer trimestre de 2023 en la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, los procedimientos de ejecución hipotecaria presentados entre julio y septiembre de este año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del territorio valenciano ascendieron a 939, un 161,6% más que los 359 de un año antes.
Por su parte, los procedimientos monitorios llegaron a 28.175, con un incremento interanual del 2,5% en relación a los 27.489 registrados en el tercer trimestre de 2023.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
En este tercer trimestre ingresaron en los juzgados especializados de la Comunitat Valenciana en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (conocidos como juzgados de cláusulas suelo) 2.015 demandas, un 25,1% más que un año antes.
En el periodo analizado estos órganos judiciales dictaron 1.236 sentencias, de las que el 97,8% fueron estimatorias respecto a las pretensiones de los demandantes.
Según el TSJCV, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.
Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el tercer trimestre de 2024 en la Comunitat Valenciana se registraron 105, un 56,7% más que el año anterior, cuando se dieron 67, cifras que sitúan a nuestra autonomía como la tercera del país por el número de este tipo de procedimientos.