El presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, Rafael Nava - Foto: COLEGIO DE AUDITOREVALÈNCIA. (EP) El Informe sobre auditoría del Sector Público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), otorga una calificación de nueve sobre diez a la Comunitat Valenciana en el control externo, por su planificación, los plazos y el alcance de la auditoría.
En concreto, el estudio, dirigido por José Manuel Vela Bargues y José Luis Zafra Gómez, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Granada, destaca la inmensa actividad que desarrolla el órgano de control externo en la Comunitat, la Sindicatura de Comptes, lo que permite que la autonomía se encuentre entre las tres primeras con mayor control solo por detrás de Baleares y Navarra e igualada a Catalunya.
De hecho, el 99,9% del gasto autonómico está auditado tanto a nivel de cumplimiento de la legalidad, como de imagen fiel o auditoría financiera, ha explicado el ICJE en un comunicado.
En el caso de los entes locales, el Informe se basa en una encuesta realizada a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Los datos recogidos reflejan que para el 92% del gasto de los ayuntamientos de España no se lleva a cabo ninguna actividad de auditoría o control interno, o no se ha facilitado información alguna. En esta encuesta sí ha participado el Ayuntamiento de València, quien tiene auditado entre el 51 y el 75% del gasto.
El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Ferrán Rodríguez, considera que "de cara a las elecciones municipales y autonómicas, creemos que sería bueno que todos los partidos políticos manifestasen su apoyo a invertir más medios en el control de las cuentas de autonomías y ayuntamientos, dotando de más recursos a los tribunales de cuentas y a los interventores, y a promover la colaboración público-privada en este ámbito.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana, Rafael Nava, que considera que se deberían realizar un énfasis particular en la administración local como forma de mejorar la imagen que el conjunto de la ciudadanía tiene con respecto a estas entidades.
Por ello, entre otras medidas, pide que se auditen obligatoriamente todos los años los municipios de más de 100.000 habitantes para ir ampliando esta obligación de forma progresiva al resto de grandes municipios. En el caso de la autonomía esta medida inicial afectaría a València, Alicante, Castellón y Elche.
