Los Zaragoza y Santa Pola

Los gobiernos que duran muchos años o no cambian de líder suelen arrastrar vicios, nepotismo, redes clientelares o empresas privilegiadas. Ha pasado y siguen pasando con el PP y PSPV, allí donde han gobernado muchos mandatos consecutivamente, e incluso puntualmente con Esquerra Unida o Compromís cuando han tenido algún ayuntamiento como verdadero feudo.

Estos días, la operación policial de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal en el Ayuntamiento de Santa Pola, centrada en las supuestos chanchullitos que existían en el seno de la Policía Local nos está permitiendo ver hasta qué punto el jefe del cuerpo, José Miguel Zaragoza, primero, pero en su momento, en los 12 años de mandato de su hermano, el popular Miguel Zaragoza, hoy diputado de Servicios Sociales de la Diputación de Alicante, se forjó una hipotética red de privilegios y favores. La posible connivencia de la cúpula de la Policía Local y la empresa que suministraba los uniformes a los agentes es sólo la punta del iceberg de un régimen monolítico que se hizo con el control del consistorio santapolero sin que nadie tuviera la osadía de rechistar o toser a la cabeza visible del clan familiar y, por ende, de la administración local. Y si lo hacía, con la seguridad de caer en el ostracismo político -y quién sabe si social- durante unos cuantos años.

A los uniformes, como es sabido, se suma la investigación de las horas extras que percibían el jefe de la Policía Local -se calcula que una media de 2.000 euros al mes- y parte de los agentes detenidos, como Roque Alemañ y Pascual Linares, ambos ligados al Club de Atletismo de Santa Pola, organizador de muchos eventos deportivos (y, por tanto, un coladero de horas extraordinarias, como cualquier concejal o alcalde bien sabe). Horas extras, que como se investiga ahora, al parecer, nadie controlaba (no había sistema de fichaje ni justificación ni contabilización-; ni el jefe de la Policía Local, por su puesto (que llegó a percibir 24.000 euros en horas extras en un año), ni sus superiores, el entonces concejal de Recursos Humanos, Jorge Perelló, cuñado de Miguel Zaragoza, ni la jefa de Personal y secretaria en funciones, la cuñadísima Cristina Coves Jódar. Otros de los detenidos en la operación, el ex concejal de Seguridad en la etapa popular, Antonio Pérez Huertas, tampoco vio nada raro.

Y a ello se añade que, durante la etapa de Zaragoza, también se creó un cuerpo policial de salvamento marítimo para vigilar todo el litoral, incluida Tabarca (que pertenece al término municipal de Alicante), pese a no tener competencias el ayuntamiento, que fue otra rendija en la que se vertieron otro chorro de horas extras que nadie vigiló ni contabilizó.

Pero el control férreo de los Zaragoza no se ha quedado ahí. Hay más causas abiertas, en una de ellas, está imputado el propio ex alcalde, con ellos de protagonistas. El primero es el de la concesión de la Clínica de Gran Alacant (de un edificio municipal), que el anterior equipo de gobierno del PP dio a una empresa a cambio de pagar un canon y de que contrataran a personal de Santa Pola, una de ellas, una hermana del clan familiar de los Zaragoza. Pues según la denuncia que se instruye, a la que ahora pretende personarse el consistorio, ni la empresa paga el canon y resulta que la hermanísima estuvo allí dos años sin aparecer, pero sí cobrando el sueldo. Más nepotismo familiar: al parecer, dos hijos del ex alcalde también encontraron trabajo en otra concesión municipal o empresa pública.

Y por último, otro tema, el del Embarcadero de Lucía, un restaurante en la playa del Carabassí, al que los vecinos denunciaron por emisión de ruidos, que han ganado dos sentencias y que ahora se debe dilucidar si Zaragoza es responsable de un delito de prevaricación medioambiental.

Pues ese es el bagaje -habrá muchos más que desconocemos-, a grandes rasgos, de los Zaragoza, que hicieron del ayuntamiento su cortijo, a tenor de los hechos denunciados -en las épocas de las grandes mayorías absolutas se rumorea que no había funcionario que pudiera entrar en la planta de Alcaldía-. Pero pese a todo, siguen sin inmutarse. El día que los agentes de la Udef accedían a los despachos de la Jefatura de la Policía Local de Santa Pola y requerían documentación, Miguel Zaragoza paseaba con su seriedad perenne y sin pestañear por los pasillos de la Diputación de Alicante mientras se presentaba la edición de la Vuelta Ciclista.

La misma seriedad y talante con la que Zaragoza afrontó las negociaciones tras los resultados de elecciones de 2015, esas que dieron un buen revolcón al PP. En Santa Pola, el barón -siempre ha estado bien considerado en la cúpula del PP, ha sido diputado provincial en dos ocasiones y autonómico, en otra- perdió cuatro concejales y se quedó sin su holgada mayoría absoluta -pasó de 13 concejales (de 21) a nueve), esa que le permitía hacer y deshacer sin dar explicaciones. Zaragoza dependía de Ciudadanos, pero no quiso negociar. En declaraciones públicas, siempre defendió que él, como candidato más votado, no tenía nada que negociar con nadie. La soberbia le pudo: pues ese 13 de junio de 2015 dos -de los tres- concejales de Ciudadanos desobedecieron a su partido -pese a las presiones de Emigdio Tormo- y dieron la Alcaldía al PSOE (hoy forman gobierno con Compromís, Sí Se Puede y Esquerra Unida). Sí, firmaron su sentencia de muerte política -hoy son tránsfugas-, pero no querían ser cómplices de esa prepotencia ni del régimen instaurado por los Zaragoza en Santa Pola. Democrático, sí; pero, como apuntan las denuncias, sospechoso de ser despótico, clientelar y sin capacidad de discrepancia. ¿Les suena un tal Bernabé Cano? Pues muy parecido todo hasta que el PP nos diga que están abochornados de todo esto. Y la madeja parece que tiene más hilo.