La antigua estación de autobuses de Alicante, rehabilitado como edificio multifuncional. ALICANTE. Las asociaciones de vecinos intensifican su campaña reivindicativa frente a la acción política desplegada desde el Ayuntamiento de Alicante. O, en algunos casos, por todo lo contrario: su inacción sobre determinados temas. Colectivos de residentes de barrios como el Centro Tradicional, el Casco Antiguo y Ensanche-Autobuses, entre otros, han dejado atrás la aparente calma social que ha predominado durante los primeros cinco meses de gobierno en común de Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) para romper ese periodo de gracia y comenzar a plantear sus respectivas demandas. Todo, además, en un contexto en el que varios colectivos de comerciantes también han alzado la voz frente al bipartito por el retraso en la instalación del alumbrado ornamental de Navidad, entre otros puntos.
Sin duda, las dos reclamaciones vecinales que han adquirido mayor presencia, al coincidir con la sentencia que condena al Ayuntamiento a acordar la declaración del Centro Tradicional como Zona Acústica Saturada (ZAS), tienen que ver, precisamente, con el problema del ruido que los residentes asocian al descontrol de los locales de ocio y hostelería. Los vecinos del Centro Tradicional y del Casco Antiguo no han dudado en utilizar la resolución judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4, para instar a PP y Cs a adoptar soluciones que favorezcan el descanso de los residentes. Máxime, después de haber planteado solicitudes administrativas en ese sentido a lo largo de más de ocho años sin que los sucesivos gobiernos de todo signo político diesen respuesta alguna.
En principio, PP y Cs han resuelto aplicar medidas correctoras frente al ruido con la intención de extenderlas a ambos barrios, aunque también han confirmado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) "por recomendación de los Servicios Jurídicos municipales", pese a que inicialmente habían expresado su intención de asumir el fallo para aplicar la ZAS de manera inmediata.
Los vecinos aguardan expectantes a conocer el alcance de las medidas anunciadas por el bipartito, que aseguran seguir desconociendo ante la falta de concreción con la que transcurrió la reunión celebrada el pasado lunes. Entre tanto, insisten en mantener sus reivindicaciones para que se cumpla la normativa de protección contra la contaminación acústica: reclaman que se adelante la hora de retirada de los veladores y el cierre de los locales de ocio, además de mayor presencia policial para evitar actos incívicos.
A ese primer escenario de reclamaciones se suma la posición de los residentes del barrio de Ensanche-Autobuses, agrupados en la Plataforma Séneca (en la que se integran vecinos, comerciantes y foguerers del barrio). En su caso, consideran prioritarias dos actuaciones concretas que, a su juicio, resultarían determinantes para revitalizar el barrio. La primera tiene que ver con el edificio de la antigua terminal de autobuses, rehabilitado por el Ayuntamiento durante el pasado mandato, en una actuación con un coste de más de 3 millones solo en su primera fase.
Portavoces de la Plataforma Séneca apuntaron a este diario que tal inversión pública para poner en valor el inmueble debía haber funcionado como elemento dinamizador del barrio. Sin embargo, aseguran que el edificio "sigue desaprovechado, sin disponer de una programación estable de actividades que resulte atractiva para familias y ciudadanos en general", al margen del desarrollo de convocatorias particulares en el llamado Hall de Séneca (la planta baja de la antigua estación). En esta línea, reivindican que se dé un uso público rea al edificio para que llegue a "convertirse en el auténtico motor del barrio". "Dijeron que también iba a acoger la sede del centro de coordinación de emergencias y después tampoco se ha ejecutado, así que sigue prácticamente sin uso cuando debería contar con actividad permanente y ser un punto de encuentro para el conjunto de la ciudadanía", inciden.
Las asociaciones del Ensanche Autobuses reclaman que se dote al edificio de la antigua estación de una programación estable para que pueda actuar como 'motor' del barrio
En segundo término, también reclaman medidas de control frente a otro fenómeno que ha ido creciendo de manera progresiva en las calles del barrio. Se trata de la proliferación de tiendas de segunda mano en el entorno de la calle Italia. Según el colectivo, la creciente presencia de ese tipo de negocios "está provocando que, casi a diario, se generen largas colas en plena vía pública e, incluso, el desarrollo de un mercado negro paralelo, en el que se compra y se vende sin ningún tipo de control, con el consiguiente deterioro de la imagen urbana que eso conlleva", añaden. De ahí que reclamen medidas de control frente a ese tipo de establecimientos.
A esas dos posiciones (la de Centro Tradicional y Casco Antiguo y la de Ensanche Autobuses), se le suma una tercera reivindicación común manifestada por los representantes de una docena de colectivos vecinales. Su reclamación se centra en los canales de participación ciudadana habilitados por el ayuntamiento y en lo que consideran un bloqueo a su reforma. Hace dos semanas, las doce asociaciones presentaron un recurso frente al mecanismo de votación planteado por el Ayuntamiento en las elecciones a los representantes vecinales de las Juntas de Distrito, que se celebran este lunes, día 2.
En concreto, reclamaban que se habilite un sistema de voto ponderado, como sucedió hace cuatro años, con el propósito de "evitar las maniobras y la manipulación de algunos grupos políticos", según precisó el representante vecinal que ejerce como coordinador de las asociaciones, José María Hernández. No obstante, la respuesta a ese recurso ha sido el rechazo a su pretensión con el argumento de que "aquel sistema que se utilizó hace cuatro años no está contemplado en el Reglamento de Participación Ciudadana".
Su segundo frente de batalla es, de hecho, la modificación de ese reglamento. Las doce asociaciones también reclaman ahora que se complete el proceso que se inició en el pasado mandato con el fin de propiciar una participación real y que las Juntas de Distrito tengan un papel efectivo. Por el momento, esa petición sigue sin respuesta.
