Los socios de Echávarri meditan dar su apoyo a la investigación sobre Comercio que plantea C's

ALICANTE. La polémica por un posible fraccionamiento de contratos impulsados por la Concejalía de Comercio puede acabar desembocando en la creación de una comisión de investigación. La propuesta la lanzó este viernes el grupo municipal de Ciudadanos (C's) al anunciar una iniciativa en ese sentido en el próximo pleno con el objetivo de aclarar las irregularidades advertidas en un informe del interventor municipal en un paquete de 25 encargos directos por importes de menos de 18.000 euros (contratos menores, sin concurso, amparados por la ley), pero por un montante global de 189.000, a cargo del área que dirige directamente el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri.

A priori, la medida no pareció descabellada para el resto de grupos políticos con representación municipal. Ni para PP, ni para Guanyar y Compromís, socios del PSOE en el equipo de Gobierno, que también meditan si resulta pertinente respaldar la constitución de esa comisión.  

Los populares no llegaron a desvelar sí votarían a favor cuando la propuesta se eleve a pleno, aunque, desde que trascendió la controversia, sí han insistido en exigir que se ofrezcan todo tipo de explicaciones. Es más, según las fuentes consultadas, el grupo ya está fiscalizando todo el expediente: "Hemos creado nuestra propia comisión de investigación; si después la propuesta llega a pleno, se decidirá qué votamos", apuntaron. Por lo pronto, su portavoz, Luis Barcala, volvió a solicitar este viernes mediante un escrito dirigido al alcalde que se ponga a su disposición los 25 expedientes correspondientes a las 25 facturas cuyos contratos son objeto del expediente de anulación de contratos menores aprobado en la Junta de Gobierno del pasado martes. 

También ha solicitado la "relación completa de pagos realizados con cargo a partidas presupuestarias de Alcaldía, que están relacionadas con el área de Comercio o con servicios de promoción o publicitarios relativos a dicho departamento". Y, por último, también ha remitido otro escrito requiriendo documentación a la Concejalía de Hacienda, que dirige la edil Sofía Morales, y más concretamente al área de Intervención, para que le sea facilitada "copia de todos los informes elaborados, con carácter previo al de fecha de 27 de marzo de 2017 incorporado al expediente de anulación" de los 25 contratos menores del área de Comercio.

El planteamiento de C's podría llegar a contar con el respaldo de Guanyar. Su portavoz y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, sostuvo este viernes que "en principio, no me parece mal que se proponga esa comisión; el asunto debe aclararse por cuántas más vías mejor, siempre y cuando el objetivo de esa comisión no sea el fin político de desgastar al equipo de Gobierno". 

Con todo, sostuvo que los grupos de la oposición ya tienen a su alcance la posibilidad de revisar los expedientes sin necesidad de que se cree esa comisión pero dijo estar abierto a estudiar "en el seno del grupo" esa propuesta. "Lo que está claro es que nosotros hemos pedido que se depuren responsabilidades porque, aunque es cierto que existen informes contradictorios y que el Consell Jurídic Consultiu tendrá que pronunciarse, hay cosas que no se han hecho correctamente", añadió.

El portavoz del tripartito y líder de Compromís, Natxo Bellido, apuntó, por su parte, que ahora "lo razonable sería esperar hasta ver qué resuelve el Consell Jurídic Consultiu" con su dictamen que, como recoge la propia propuesta de acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno, resulta preceptivo. Sería a la vista de ese informe cuando Compromís se plantearía una posición sobre la propuesta de C's. "Se han dado unos pasos y hay que esperar", insistió su portavoz.

La transparencia

En cualquier caso, fuentes municipales sí precisaron este viernes que Comercio no había dado traslado de esos 25 contratos menores para que se publicasen en el portal de transparencia del Ayuntamiento en el plazo previsto. Según las mismas fuentes, todas las concejalías remiten todos sus contratos (los mayores y los menores) con una periodicidad trimestral. Primero porque se trata de un compromiso político que se acordó con la llegada del tripartito al poder. Y segundo porque es una obligación legal. 

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 9.a que todas las administraciones, también las locales, deben publicar "todos los contratos y los encargos a medios propios, con indicación del objeto, tipo, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento e identidad de la persona o entidad adjudicataria, así como las modificaciones, los desistimientos y las renuncias".

El apartado n del mismo artículo 9 también refleja la obligación de publicar "el coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año".

El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alicante no recoge esos 25 contratos en duda, encomendados a lo largo del mes de diciembre a 13 proveedores de servicios distintos, pese a que sí están incorporados otros contratos de Comercio de ese mismo mes. Según las fuentes consultadas, esos 25 contratos ya no se publicarán, y ya no existe obligación legal de hacerlo, puesto que están en trámite de anulación.

Las mismas fuentes indicaron que algunos de esos contratos directos relacionados con campañas de publicidad, con la instalación de nueva señalización para los mercados municipales o con la celebración de la gala de entrega de los Premios de Comercio, contienen la firma de cargos representativos no vinculados a la Concejalía de Comercio. Además, subrayaron que, antes de su formalización, sí pudieron existieron advertencias previas por parte de los técnicos sobre la incorrección del proceso administrativo que se pretendía seguir.