Un momento de la reunión mantenida por los representantes del equipo de Gobierno con los responsables de Alroa, el lunes.ALICANTE. La gestión del conflicto del ruido asociado al ocio y la hostelería desencadena nuevas asperezas en el seno del bipartito de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Y esta vez se trata de un episodio provisto de una carga de profundidad mayor de la que existió en las fricciones desatadas a cuenta del Teatro Principal y de la propuesta municipal para designar a su nuevo director.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que el origen de este segundo desencuentro ha sido lo que se considera un ejemplo de toma de decisiones unilaterales por parte de los representantes del Partido Popular (PP). En concreto, por lo que se refiere a un asunto de calado como la presentación de recurso frente a la sentencia que condena al Ayuntamiento a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en las calles del Centro Tradicional.
Según las mismas fuentes, la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) se comunicó tanto a los vecinos como a los hosteleros sin que los representantes de Ciudadanos (Cs) tuviesen conocimiento previo de que se había adoptado esa postura y, además, sin que nadie les informase antes sobre las conclusiones del informe elaborado por los letrados de la Asesoría Jurídica Municipal.
Esa forma de proceder ha generado un profundo malestar en las filas de Cs. Sus dirigentes consideran que debía haberse celebrado una reunión previa entre los socios que conforman el equipo de Gobierno en busca de una posición de consenso. De hecho, según las mismas fuentes, en Cs podría llegar a compartirse la decisión de presentar el recurso incluso pese a que se persiste en señalar dos salvedades esenciales. La primera, que entre sus cuadros se continúa considerando que la conveniencia de recurrir es interpretable. Sobre todo, si se considera que el equipo de Gobierno ya estaba trabajando al unísono para intensificar el control sobre la actividad hostelera. La segunda salvedad no tiene nada que ver con un juicio de valor: en Cs se sigue sosteniendo que, en el momento en el que se conoció la sentencia, se había acordado acatarla y seguir aplicando medidas tendentes a reducir el ruido, sin que nadie contemplase la posibilidad de recurrir, como se dio a conocer a través de un comunicado.
En las filas de Cs no se entiende por qué no se convocó una reunión para fijar una postura conjunta del equipo de Gobierno antes de anunciar el recurso
En esta línea, según las mismas fuentes, en Cs no se entiende por qué motivo el PP no trató de consultar y consensuar la posición del conjunto del bipartito cuando el informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal sí recogía apreciaciones que podían justificar la presentación del recurso. En concreto, siempre según las mismas fuentes, entre esas apreciaciones figuraría la conveniencia de salvaguardar los intereses municipales. O lo que es lo mismo, la necesidad de blindar al Ayuntamiento ante posibles reclamaciones patrimoniales de particulares residentes en el Centro que pudiesen solicitarse, ya que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 considera vulnerados los Derechos Fundamentales de inviolabilidad del domicilio e integridad física y moral, protegidos en los artículos 15, 18.1 y 18.2 de la Constitución Española. De hecho, el fallo recalca que "la contaminación acústica puede llegar a suponer una injerencia ilegítima en el domicilio, una violación del derecho a escoger libremente el lugar donde vivir y un atentado contra la integridad física y moral".
Sea como fuere, lo cierto es que el malestar existente entre los cuadros de Cs coincidió, además, con la dificultad con la que tuvo que lidiar la edil de Igualdad, María Conejero, a la hora de favorecer el pacto por una declaración institucional de común acuerdo entre todos los grupos políticos municipales (salvo Vox) con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Hasta este martes, persistían dos propuestas diferentes: una registrada por el PSPV-PSOE, a la que se sumó Unides Podem EU, y otra formulada por el PP, en representación del bipartito.
Esas nuevas fricciones entre PP y Cs se producen, además, en plena negociación sobre los presupuestos municipales de 2020, pendientes de que se le dé encaje a las peticiones formuladas desde todas las concejalías. Entre ellas, como informó Alicante Plaza, una de las reivindicaciones que puede resultar determinante es el refuerzo de personal, no solo que se satisfagan las necesidades de consignación económica en las partidas reivindicadas por el conjunto de los departamentos municipales.
